Sánchez rechaza reprobar a Marruecos para no hacer peligrar la cumbre de febrero

Si en tiempos de crisis con Marruecos los socialistas españoles no dudaban en alinearse con la extrema derecha de Vox, en el Parlamento Europeo, para allanar la reconciliación con el vecino del sur, qué no iban a hacer ahora, cuando los dos gobiernos viven una auténtica luna de miel, por ayudar a las autoridades marroquíes.

Hace 16 meses, en octubre de 2021, los eurodiputados socialistas votaron a la expresidenta boliviana Jeanine Áñez, la candidata propuesta por el partido de Santiago Abascal, para el premio de derechos humanos Andrei Sajarov, el más prestigioso de cuantos otorgan las instituciones europeas. La respaldaron para impedir que entre los finalistas al galardón figurase la activista saharaui Sultana Khaya, candidata del grupo parlamentario La Izquierda, en el que está integrado Podemos.

En el pleno del jueves 19, los eurodiputados del PSOE volvieron a hacer frente común con la extrema derecha, pero esta vez con los franceses de Reagrupamiento Nacional, la formación que encabezó hasta hace poco Marine Le Pen. Diecisiete parlamentarios socialistas españoles y 12 del grupo Identidad y Democracia, en su mayoría franceses, se opusieron juntos a la resolución consensuada la víspera. Esta fue, no obstante, aprobada por una abrumadora mayoría (356 votos a favor, 32 en contra y 42 abstenciones).

El objetivo de esos 17 eurodiputados españoles parece claro: no dar pretextos al Gobierno de Marruecos para que incumpla su compromiso de celebrar, el 1 y 2 de febrero en Rabat, la cumbre bilateral que ya canceló en diciembre de 2020. A más corto plazo, la diplomacia española confía en que el 25 de enero las autoridades marroquíes reabran la aduana comercial de Melilla e inauguren una en Ceuta. La de Melilla, que funcionó hasta julio de 2018, podía haberse reabierto en cuestión de horas tras la reconciliación hispano-marroquí, que quedó sellada el 7 de abril. Ese día, el presidente Pedro Sánchez cenó con Mohamed VI en Rabat. Cuando falta menos de una semana para su apertura, las condiciones en que se efectuará el tránsito de mercancías son aún confusas, mientras que los viajeros tardan a veces horas en cruzar las fronteras ceutí y melillense a causa de la latosa burocracia marroquí.

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Los eurodiputados españoles rehusaron explicar ayer su voto a los periodistas, pero Sánchez se encargó de hacerlo en Barcelona. “Nuestras relaciones bilaterales [con Marruecos] gozan de buena salud”, respondió a una pregunta sobre el voto de sus diputados en el hemiciclo de Estrasburgo. Dejó así caer que nada las iba a poner en peligro. Después, añadió: “Es una resolución, hablo como secretario general del PSOE, que no hemos compartido en algunos de sus elementos”. No precisó cuáles.

Algunos contactos entre gobiernos también ayudan a comprender lo sucedido. Entre las numerosas presiones ejercidas por las autoridades marroquíes para, en un primer momento, impedir que prosperara la resolución y, después, edulcorarla, figuran las llamadas del ministro marroquí de Asuntos Exteriores, Nasser Bourita, a su homólogo español, José Manuel Albares, según una fuente en Rabat. Preguntada por esas gestiones marroquíes, la Oficina de Información Diplomática española recordó que “no todos los contactos, ni el contenido de los mismos, que mantiene el ministro se hacen públicos, por la necesaria discreción que requiere la diplomacia”.

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Si disentían de algunos aspectos de la resolución, los socialistas españoles podrían haber presentado enmiendas, pero no lo hicieron. En la última reunión, el miércoles, para consensuar el texto, el grupo estuvo representado por un eurodiputado holandés que no llevó ningún encargo de parte de sus correligionarios españoles. La que sí marcó distancias con sus compatriotas españoles fue Iratxe García, que preside el grupo socialista europeo. Sorprendió votando sí con los 95 diputados socialistas europeos que respaldaron la resolución. “Está claro que quiere conservar la presidencia”, comentó un parlamentario.

El que sí presentó una enmienda de última hora fue Miguel Urbán, eurodiputado de La Izquierda, que contó con el respaldo de Los Verdes. En ella, la Eurocámara “manifiesta su profunda preocupación por las acusaciones de que las autoridades marroquíes han corrompido a diputados” y “pide que se apliquen [a Marruecos] las mismas medidas que en el caso de los representantes de Qatar”, protagonistas un escándalo paralelo. El acceso de los cataríes a las sedes del Parlamento Europeo les ha sido vetado y los eurodiputados no pueden viajar al emirato.

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Esta enmienda de La Izquierda y Los Verdes fue aprobada con una mayoría más holgada aún que la resolución. Contó incluso con el voto favorable de una mayoría de diputados socialistas españoles, los mismos que habían rechazado la resolución. Esta aparente contradicción solo se explica porque el grupo había probablemente adquirido el compromiso, con la secretaria general del PSOE, de oponerse a la resolución, pero carecía de instrucciones sobre las enmiendas. “Aparenta ser una minipataleta de los socialistas contra las órdenes recibidas de Madrid”, comentó un eurodiputado.

El grupo del Partido Popular Europeo, en el que están integrados los populares españoles, no participó en la votación. Desde diciembre, rechazan tramitar las llamadas “resoluciones de urgencia” por razones formales. Valentina Martínez, portavoz del PP en el Congreso para la política exterior, sí se manifestó a través de Twitter: “El PSOE acaba de votar en contra del respeto de la libertad de expresión en Marruecos con la extrema derecha”. “Incomprensible, salvo que sea a cambio de algo (...) estamos a una semana de la reunión de alto nivel” entre los dos gobiernos. Traslada la impresión de que el voto de los socialistas está justificado si logran que se celebre la cumbre.

En la resolución aprobada, la Eurocámara constata, primero, cómo “se ha deteriorado de forma constante” la libertad de prensa en Marruecos. Pide a continuación la puesta en libertad y juicios justos para los tres periodistas de peso encarcelados en el país —Omar Radi, Toufiq Bouachrine y Souleiman Raissouni—, así como para Nasser Zefzafi, el líder de la revuelta pacífica del Rif detenido en mayo de 2017. Cumple una condena a 20 años.

A continuación, “insta a las autoridades marroquíes a que pongan fin a su vigilancia de los periodistas, también a través del programa espía Pegasus de NSO” y “a los Estados miembros a que dejen de exportar tecnología de vigilancia a Marruecos”. Rabat ha negado hasta la saciedad haber utilizado ese programa malicioso israelí, pese a que la investigación del consorcio Forbidden Stories lo reveló en julio de 2021. En mayo pasado, el Gobierno español confirmó que tres de sus miembros, empezando por Sánchez, habían sido espiados en 2021, pero evitó cuidadosamente señalar a Marruecos.

Es la primera vez, desde 1996, que el Parlamento Europeo adopta una resolución crítica con los incumplimientos de Marruecos en materia de derechos humanos y libertades. Sí arremetió contra su política migratoria, sobre todo tras la invasión pacífica de Ceuta en mayo de 2021 por más de 10.000 inmigrantes irregulares. Si esta iniciativa ha sido ahora posible, es porque las investigaciones de la Justicia belga sobre las presuntas tramas de corrupción fomentadas por Qatar y por Marruecos han hecho cambiar de parecer a los principales grupos parlamentarios, excepto a los socialistas españoles.