Es noticia
Menú
El Gobierno deja en un limbo jurídico el archipiélago español de las Chafarinas
  1. España
Conflicto con Marruecos

El Gobierno deja en un limbo jurídico el archipiélago español de las Chafarinas

El Ejecutivo desconoce el estatus de esas tres islas del mar de Alborán y afirma que no son de su competencia porque pertenecen a una comunidad autónoma, según una respuesta escrita al PP en el Parlamento

Foto: Fotografía obtenida por El Confidencial de la piscifactoría instalada junto a las Chafarinas.
Fotografía obtenida por El Confidencial de la piscifactoría instalada junto a las Chafarinas.
EC EXCLUSIVO Artículo solo para suscriptores

Parece una inocentada del Gobierno, solo que se adelantó unas horas al día de los Santos Inocentes. El Ejecutivo que encabeza Pedro Sánchez había contestado hasta ahora con evasivas a las preguntas de parlamentarios del Partido Popular y de Vox sobre la instalación, instigada por las autoridades de Marruecos, de una piscifactoría en las aguas españolas de las islas Chafarinas.

A la última batería de preguntas [puede consultar el PDF aquí], el Gobierno respondió, sin embargo, el 20 de diciembre —la contestación se hizo pública el lunes 27— con un auténtico dislate que ignora el estatus jurídico de ese archipiélago español en el mar de Alborán. “Las competencias en materia de acuicultura recaen en las Comunidades Autónomas que son, por tanto, las autoridades competentes a la hora de autorizar dichas instalaciones”, como la piscifactoría, afirma el Ejecutivo [aquí la repuesta en PDF].

Las Chafarinas no pertenecen a ninguna comunidad autónoma ni a la ciudad de Melilla, distante de 45 kilómetros. “Chafarinas, como el Peñón de Vélez de la Gomera y Alhucemas, son territorios que dependen directamente de la administración central del Estado, sin ningún tipo de autonomía, como excepción al sistema descentralizado de administración pública previsto en nuestra Constitución”, escribe, por ejemplo, Vicente Verdú Baeza, en la 'Revista Electrónica de Estudios Internacionales'.

“Son tres ministerios los que han venido ejerciendo competencia sobre las islas Chafarinas: Defensa, Fomento y Medio Ambiente”, recuerda Beza, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Cádiz. “Sin duda alguna, el Ministerio de Defensa es central en su administración, figurando las islas como de su propiedad”, concluye el profesor, cuya opinión es compartida por todos los juristas que se han pronunciado sobre el tema y por la Abogacía del Estado. Para viajar a las Chafarinas, es necesario un permiso de Defensa.

La respuesta del Gobierno es tanto más sorprendente cuanto que en noviembre se quejó ante las autoridades de Marruecos. Seis meses después de que se empezase a instalar la piscifactoría, a unos 700 metros de la isla del Congreso (Chafarinas), el Ministerio de Asuntos Exteriores remitió el mes pasado lo que en el lenguaje diplomático se llama nota verbal —en realidad es escrita— de protesta por la ocupación ilegal de aguas territoriales españolas, el riesgo que supone para la seguridad de la navegación y la amenaza para el medioambiente. El Ministerio de Agricultura y Pesca marroquí ha licitado otras dos piscifactorías, esta vez en aguas de Melilla, pero Exteriores no ha formulado, por ahora, queja alguna.

El Ministerio de Transportes abrió, por su parte, en noviembre un expediente sancionador a la empresa tarraconense Morenot, filial de una multinacional noruega, que proporcionó y colocó 16 jaulas marinas por encargo de la compañía marroquí Mediterranean Aquafarm SA, concesionaria de la licencia desde marzo pasado. Las instaló sin contar con la autorización preceptiva. Las jaulas incumplen, además, la normativa de seguridad marítima y medioambiental, según el ministerio.

“No, no es una inocentada”, responde al teléfono el diputado del PP por Melilla, Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, refiriéndose a la respuesta que dio el Gobierno a las preguntas que él formuló el mes pasado junto con otros dos parlamentarios de su partido, Valentina Martínez y Pablo Hispán Iglesias. “Es más bien un despropósito” por parte del Gobierno, añade.

La contestación del Gobierno al PP traslada una vez más la sensación de que rehúye las polémicas con las autoridades de Marruecos que hace ya más de un año desencadenaron una crisis diplomática con España al cancelar unilateralmente la cumbre entre los dos Ejecutivos prevista para el 17 de diciembre de 2020.

El último episodio de la tensión bilateral se produjo el lunes de la semana pasada cuando el Ministerio de Sanidad marroquí publicó una nota criticando la falta de rigor en los controles en aeropuertos españoles del certificado de vacunación a los pasajeros que embarcaron, hasta finales de noviembre, en vuelos rumbo a Marruecos. Desde España se ponía así en riesgo, afirmó, la salud de los marroquíes. Por eso no tiene la intención de reanudar los vuelos con España y los marroquíes que deseen volver a su país solo pueden hacerlo desde Lisboa.

El jefe de la diplomacia española, José Manuel Albares, decidió, en un primer momento, convocar al encargado de Negocios de la Embajada de Marruecos en Madrid —la embajadora Karima Benyaich fue retirada en mayo pasado—, según informaron a El Confidencial fuentes de alto nivel del Ministerio de Exteriores. Quería así expresarle de viva voz su rechazo del comunicado de la Sanidad marroquí. Finalmente, se limitó a declarar de pasada, en una rueda de prensa con su homólogo de Luxemburgo, Jean Asselborn, que era “inaceptable”.

Parece una inocentada del Gobierno, solo que se adelantó unas horas al día de los Santos Inocentes. El Ejecutivo que encabeza Pedro Sánchez había contestado hasta ahora con evasivas a las preguntas de parlamentarios del Partido Popular y de Vox sobre la instalación, instigada por las autoridades de Marruecos, de una piscifactoría en las aguas españolas de las islas Chafarinas.

Partido Popular (PP) Melilla Ministerio de Asuntos Exteriores Pesca Agricultura Ministerio de Agricultura Cádiz
El redactor recomienda