Cómo España ha seguido extraditando delincuentes a Rusia tras el inicio de la guerra

España no ha dejado de cooperar judicialmente con el Kremlin desde que comenzó la guerra, ni de extraditar a Rusia a personas reclamadas. Hace poco más de un mes, la propia Fiscalía General de Rusia mostró a modo de un trofeo en su canal de Telegram las imágenes de una supuesta delincuente de su país, condenada hace nueve años por estafa, en el instante justo en que abandona el aeropuerto de Barcelona con destino a Moscú. En un vídeo grabado el 6 de julio, Feruza Tairova avanza custodiada por un agente de la Policía Nacional a través de un corredor del Prat hasta alcanzar la escalinata del avión donde le aguardan funcionarios de la oficina rusa de Interpol y el Servicio Penitenciario Federal.

El Tribunal Municipal de Ramensky declaró culpable a Tairova en junio de 2014 de cometer un fraude de 2.339.274 euros. A raíz de ello, fue condenada a 18 meses de prisión tras ser juzgada en ausencia, dado que había escapado a España tras la presunta comisión de su delito. Fue descubierta por agentes rusos de Interpol en marzo de 2016. Madrid la hubiera extraditado en aquel entonces si la prófuga no hubiera conseguido zafarse una vez más de la Policía (en este caso, la española). En junio de este año, fue finalmente arrestada y, el mes pasado, devuelta a Rusia en un “envío exprés”.

Desde el comienzo de la guerra, se han entregado al menos otros dos ciudadanos a las autoridades rusas. El episodio más notorio es el de Innesa Brandenburgo, una glamurosa directiva de un banco ruso a la que se acusó de robo. El presunto crimen por la que se la juzgó este año en Rusia se cometió el 26 de enero de 2018, que es cuando los perplejos empleados del Banco Siberiano para la Reconstrucción y el Desarrollo de Tyumen comunicaron a la policía que Brandenburgo había birlado el equivalente de algo más de ocho millones de euros de la bóveda del banco y lo había reemplazado por papeles de oficina.

TE PUEDE INTERESAR

Un ejército de enfermos: Rusia recluta inválidos para mandarlos a los campos de la muerte en Ucrania

Ferran Barber

Brandenburgo logró escapar de Rusia con al menos uno de sus dos cómplices, pero la ejecutiva fue localizada y detenida en España en septiembre de 2021 y fue entregada el 27 de julio de 2022, cinco meses después del comienzo de la guerra. En marzo de este año, y tras un largo juicio, un tribunal de Tyumen la condenó a cuatro años y 10 meses de prisión en una colonia penal.

También en julio del pasado año, la Audiencia Nacional extraditó a otro ruso arrestado en Sevilla en diciembre de 2021. La Fiscalía de la Federación lo reclamaba por tráfico de drogas. Al igual que en los dos casos precedentes, los magistrados españoles argumentaron que había quedado acreditado que la demanda de las autoridades judiciales rusas no enmascaraba una persecución política. El propio auto judicial de la Audiencia Nacional establecía que, en ausencia de un tratado bilateral, los intercambios se regulan por el Convenio Europeo de 13 de diciembre de 1957 y mediante los protocolos del 15 de octubre de 1975 y del 17 de marzo de 1978, así como por la Ley 4/1985 de Extradición Pasiva.

*Si no ves correctamente este formulario, haz clic aquí

Según argumenta el tribunal español, el convenio mencionado sigue todavía vigente pese a la expulsión de Rusia del Consejo de Europa. Y, en efecto, así es. El país dejó de formar parte de esa organización en marzo del pasado año, pero continúa adherido al Convenio Europeo de Extradición de 1957. En contra de lo que pretendían el Reino Unido y los Estados Unidos, su abandono del Consejo de Europa no ha provocado la suspensión de Rusia como miembro de Interpol, aunque ha restringido significativamente la cooperación policial con Occidente.

Mucho antes de la invasión de Ucrania, Rusia ya estaba siendo acusada reiteradamente de servirse de los recursos de esa organización para hostigar y monitorizar a sus disidentes y para ayudar a implementar sofisticadas operaciones destinadas a apropiarse de sus bienes. El 10 de marzo del pasado año, el comité ejecutivo de la Interpol dejó bien claro que Moscú no sería expulsado, pero se establecieron nuevas condiciones para que sus solicitudes de información fueran previamente monitorizadas por la propia organización antes de ser remitidas al país destinatario.

El problema de la Justicia rusa

“Yo diría que ahora mismo no se puede extraditar a nadie debido a la tergiversación total de la Justicia que se ha producido en el sistema judicial putiniano”, argumenta la vicepresidenta de la asociación española de Rusos Libres, Yulia Taran, en entrevista con El Confidencial. “Si se trata de un asesino como Andrei Lugovoi (supuesto responsable de la muerte del antiguo agente ruso Alexander Litvinenko en Reino Unido) o de una espía como María Butina o de un traficante de armas como Viktor But, serán absueltos y les darán un cargo en el Gobierno o en la Duma. Pero, si se trata de un opositor o defensor de los derechos humanos, será sentenciado a penas inhumanas. Y, si es un delincuente común, el sistema penitenciario ruso le convertirá en un criminal reincidente”, asevera.

TE PUEDE INTERESAR

"Diplomacia en los márgenes": cómo Estados Unidos canjea sus presos con Vladímir Putin

Argemino Barro

En los inicios de la guerra en Ucrania, la Audiencia Nacional dejó entrever que las extradiciones se interrumpirían en tanto durasen las sanciones debido a las dificultades logísticas que implica la ausencia de vuelos directos hacia Rusia. Cuatro días después del inicio de la invasión a gran escala, el organismo liberó asimismo a un ingeniero reclamado por Rusia con el beneplácito de la Fiscalía, al tiempo que paralizaba temporalmente otras entregas. Pero, a la postre, las extradiciones de presuntos delincuentes no se han interrumpido debido, entre otras cosas, a que los magistrados dan por buenas las garantías ofrecidas por la Fiscalía Nacional de Rusia de que los presuntos delincuentes no sufrirán torturas ni tratos degradantes, tal y como se establece en el Pacto de Derechos Políticos y Civiles.

Otorgar credibilidad a los compromisos humanitarios de la Fiscalía rusa en sus peticiones de extradición implica dar por hecho que Rusia es un estado que brinda garantías procesales y trata con dignidad a sus reclusos. Pero hay al menos dos presos españoles que pueden dar fe de lo contrario. Uno de ellos es el valenciano Mario García Calatayud, martirizado por los rusos y confinado sine die y sin juicio en un centro de detención de Simferopol, en la Crimea ocupada. Ni siquiera sabe qué cargos se le imputan.

El jubilado fue capturado en Jersón por las tropas del Kremlin al poco del inicio de la guerra y ha sobrevivido hasta la fecha a un infarto, a palizas y electrocuciones, a las humillaciones de los funcionarios y a mil intentos de destruirlo. Todas las tentativas realizadas por los funcionarios españoles, su pareja y su abogado ruso — Anatoli Fursov— para que el Kremlin le libere han resultado hasta la fecha infructuosas.

TE PUEDE INTERESAR

Miedo por Mario: medios rusos señalan como "combatiente" al valenciano apresado en Jersón

Víctor Romero. Valencia

Recientemente, Fursov —refugiado en nuestro país e igualmente perseguido— comisionó al letrado Alejandro Molojov, presidente del colegio de abogados de Moscú, para que contactara con Calatayud. En conversaciones informales, los federales insinuaron que solo entregarían a Mario en un hipotético canje con algún espía ruso.

El de García Calatayud no es el único precedente conocido de español torturado en un penal de Rusia. Antonio Valdez-García, nacido en la Unión Soviética en 1971, de madre rusa y uno de los niños de la guerra acogidos por Stalin, fue arrestado en Rusia el 8 de junio de 2005. Valdez-García había sido imputado por estafa en el famoso affaire de la compañía Yukos, una de cuyas filiales dirigía. Los investigadores rusos intentaron convencerle con éxito de que retirarían las acusaciones que pesaban contra él si regresaba a Moscú desde España para oficiar como testigo contra Jodorkovski. Pero, al llegar al aeropuerto procedente de Madrid, lo estaban ya aguardando para trasladarlo a las oficinas del fiscal general de la Federación de Rusia. Sus promesas fueron papel mojado.

Según el español, durante el tiempo que permaneció en custodia en 2006 sufrió una conmoción cerebral, fracturas en ambas piernas y lesiones en todo el cuerpo. El imputado fue arrojado también por la ventana, lo que los fiscales rusos atribuyeron a una caída accidental provocada por una borrachera y la prensa oficialista, a un intento de suicidio.

Un año después, en 2007, Valdez-García logró zafarse de los policías que lo retenían en un piso y se las ingenió para retornar a España, cuya nacionalidad había obtenido en 1997. Al final, fue condenado a ocho años de prisión por malversación de fondos en rebeldía, dado que las autoridades españolas se negaron a extraditarlo en 2009. El interés de los rusos por el directivo de la filial de Yukos era tan notable que trataron de canjearlo con Madrid por el mafioso Tariel Oniani. A pesar de las presiones, el Consejo de Ministros rechazó estos intentos.

En este caso, la extradición fue rechazada sacando a colación el principio de reciprocidad. El reclamado era español y Rusia no solo no extraditaba a sus ciudadanos, sino que, con el paso de los años, protegió abiertamente a algunos de los ladrones en la ley investigados y reclamados por España tras sonadas operaciones policiales como Avispa. Un caso emblemático fue el del mafioso Tyurik, quien escapó a Rusia algo antes de una redada en su casa de Torrevieja y obtuvo la nacionalidad rusa mediante un proceso exprés auspiciado por las autoridades rusas para impedir su entrega a España. El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ha sido acusado muchas veces de servirse de delincuentes para sus operaciones encubiertas.

En relación con el directivo de Yukos, no parecía que hubiera muchas dudas acerca de que Rusia no ofrecía condiciones para un juicio justo o acerca de que había sido brutalmente torturado mientras estuvo en manos de los federales rusos (los agentes del FSB, el KGB de Putin). Hay pruebas de sobra de que en Rusia se fabrican casos criminales para reprimir la disidencia y que se somete a los detenidos a toda clase de suplicios. Uno de los más espeluznantes es la llamada “psiquiatría punitiva”, una práctica puesta en práctica en penales como el Hospital para Tuberculosos de Saratov que consiste en administrar a los reclusos cantidades masivas de antipsicóticos y neurolépticos con el fin de doblegar su voluntad.

TE PUEDE INTERESAR

Madrid ya no es una ciudad segura para el "desertor de Bucha" amenazado por Rusia

Ferran Barber

Docenas de testimonios prueban, además, que cientos de los internos que han servido en Ucrania no se enrolaron de forma voluntaria, sino que fueron coaccionados u obligados a unirse a Wagner o a Storm-Z para ser luego utilizados como carne de cañón en los grupos de asalto y los batallones suicidas. La guerra no ha empeorado el ecosistema jurídico y penitenciario de Rusia. Solo ha hecho más visibles sus miserias y más obvias las contradicciones de la realpolitik (y la realjuridik).

"No importa la situación de derechos humanos"

Este periódico ha intentado de forma infructuosa hablar con alguno de los magistrados de la Audiencia Nacional involucrados en las entregas. Sí ha podido contactar con uno de los abogados que han lidiado en España con más peticiones de extradición, el francés Luis Chabaneix. “La situación de los derechos humanos en el país al que se extradita carece de importancia. Decir que la existencia de torturas influye en la decisión es un mito”, asegura. “Yo he llevado casos de extradición con los peores países del mundo. España tiene incluso un tratado con Mauritania, que es un estado donde aún se aplica la sharía. De modo que los jueces no tienen para nada en cuenta ese criterio ni paralizan una extradición por tal motivo”.

TE PUEDE INTERESAR

El disidente ruso al que "persiguen" hasta España los mercenarios muertos de Wagner

Ferran Barber

Al decir de Chabaneix, lo que sí es relevante es la situación específica de cada uno de los clientes, especialmente si puede acreditar que está perseguido políticamente. Y es ahí donde entra el abogado. “Es preciso ver caso por caso y demostrar de una forma individualizada si la entrega a un país implica un riesgo para la integridad física o moral del reclamado. Ningún abogado alegaría razones genéricas ni arrojaría sobre la mesa de un juez los informes de Amnistía Internacional porque, según esa organización, ni siquiera en Canadá se garantizan los derechos de los presos”. Chabaneix lleva entre manos ahora mismo varios casos de rusos y bielorrusos reclamados por sus países respectivos. Desde el comienzo de la guerra, todas las entregas de sus clientes han sido temporalmente suspendidas.

¿Han seguido también extraditando el resto de estados de Occidente? El diario ruso Kommersant aseguraba a principios del pasado mes de junio que los países europeos habían rechazado 46 solicitudes de extradición rusas entre enero y mayo de 2023. 15 de las negativas de miembros de la UE se sustentaban sobre razones políticas. A comienzos de este mes, la Oficina Federal de Justicia de Suiza se negó a extraditar a un ciudadano (no revelaron su nombre) acusado de fraude sacando a colación los incumplimientos rusos de los tratados internacionales. Según datos proporcionados por el diario Beromosty, los suizos han denegado a la Justicia rusa la asistencia en 19 solicitudes de cooperación judicial desde enero a julio de 2023.

TE PUEDE INTERESAR

Un imperio por encima de sus posibilidades: la maldición rusa que ha estallado en Ucrania

Argemino Barro. Nueva York

Durante ese mismo periodo, Letonia se ha negado a cooperar con Rusia cuatro veces, y Liechtenstein y los Estados Unidos, una. Los checos han rechazado cinco veces la extradición a Rusia de personas involucradas en asuntos penales en lo que va de año utilizando los mismos argumentos que los suizos. Entre los inculpados que se han zafado de los rusos había un varón condenado en 2009 por agresión y varios implicados en el robo de vehículos pesados.

Y la lista de peticiones rusas rechazadas durante el último semestre prosigue: Polonia (cuatro casos), Austria, Alemania, Italia y Bulgaria (tres casos) y Chipre, Rumanía y Eslovenia (un caso). Tanto polacos como austriacos justificaron su decisión aludiendo a la eventualidad de que "se produzca una posible violación de los derechos y libertades de la persona perseguida en caso de extradición a las fuerzas del orden de la Federación Rusa". Con esa formulación, Varsovia se ha negado a extraditar a acusados de narcotráfico y evasión fiscal.

En cuanto a Alemania, el Tribunal Regional Superior de Brandeburgo rechazó una de las extradiciones argumentando que “existían dudas considerables de que los estándares mínimos de derecho internacional fueran a cumplirse en la Federación”. La tendencia, según los alemanes, es no aceptar sin más la buena fe de Rusia cuando el extraditado presenta objeciones. Pero eso en ningún caso debe ser interpretado como una negativa automática a cumplir con las obligaciones de asistencia legal establecidas por el Convenio Europeo de Extradición.