Enrique López se incorporará a la Audiencia Nacional tras dejar el Gobierno de Ayuso

El todavía consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, prevé solicitar la incorporación en las próximas semanas a la plaza a la que quedó adscrito en 2019 en la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, informan fuentes jurídicas. López abandonará en los próximos días el Gobierno de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, después de iniciar en febrero una primera transición para su abandono definitivo de la política. Fue entonces cuando se dio de baja del Partido Popular, al que se había afiliado cuando asumió su puesto.

La salida de López está confirmada hace ya semanas junto a la de los consejeros Enrique Ossorio y Enrique Ruiz Escudero. Hace unas horas, trascendió que tampoco repetirá el consejero de Economía, Hacienda y Trabajo, Javier Fernández Lasquetty. Ossorio, número tres de la candidatura con la que Ayuso obtuvo la mayoría absoluta con hasta 71 diputados, dimitirá este martes como vicepresidente y consejero de Educación tras ser nombrado presidente de la Asamblea de Madrid, han avanzado fuentes regionales.

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El artículo 355 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los jueces y magistrados en servicios especiales deben solicitar su reingreso en el servicio activo en un plazo máximo de 10 días a contar desde el día siguiente del cese en el cargo e incorporarse a su destino dentro de los 20 días inmediatamente siguientes. Las fuentes consultadas precisan que, debido a la cercanía de julio —mes a partir del que opera la conocida como Sala de Vacaciones—, es probable que la reincorporación formal del juez no se haga hasta septiembre. Debe ser el CGPJ quien formalice su reingreso al servicio activo una vez cumplidos estos trámites.

La relación de López con Ayuso nunca llegó a recomponerse del todo tras la crisis interna del PP que derivó en la salida de Pablo Casado de la presidencia. Su papel como puente entre la directiva nacional y la autonómica le pasó factura. Aunque llegó a la política de la mano de Ayuso, en agosto de 2019, pocos meses después, Casado le incorporó a su equipo de mayor confianza en Génova como secretario de Justicia y Administraciones Públicas del partido, en sustitución del exministro Rafael Catalá. No logró recabar la confianza de la nueva ejecutiva del partido tras el desembarco de Feijóo.

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El papel de López en la etapa Casado fue mucho más allá del de un cargo político al uso. Lideró las conversaciones con el Ministerio de Justicia sobre la renovación del CGPJ. Participó, además, de forma directa en la línea de la formación a nivel jurídico y promovió algunas de las propuestas de oposición de Casado, como la iniciativa lanzada —sin que la otra parte cogiera el testigo— de elaborar una ley de pandemias. Fue también fundamental en el pacto alcanzado con el PSOE para la renovación de instituciones como el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas.

Ida y vuelta

Ahora, tras más de cuatro años en política, López emprende el camino de regreso. Su trayectoria profesional ha bordeado siempre los límites entre la Justicia y la política. Más de 30 años de trayectoria cuajados de idas y venidas y alguna polémica. Tras sus primeros destinos en juzgados de Primera Instancia e Instrucción, dio el salto al Consejo General del Poder Judicial, donde comenzó como jefe de Sección del Servicio de Formación Continua de la Escuela Judicial y acabó como vocal, asumiendo las funciones de portavoz con una enorme exposición mediática.

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A su salida, se incorporó a la Audiencia Nacional —adonde volverá ahora— y permaneció como juez de Sala más de 10 años. Ya en 2013, fue designado magistrado del Tribunal Constitucional, puesto del que dimitió tras un incidente en un control de alcoholemia. La Audiencia, su punto de anclaje permanente con la judicatura, volvió a servirle de refugio y allí permaneció hasta su nombramiento en el Ejecutivo regional de Ayuso.

Su retorno choca con una de las reivindicaciones de la etapa Feijóo, que reclama una regulación de las llamadas puertas giratorias. El PP reivindica límites para la reincorporación tras su paso por la política y defiende que aquellos jueces y magistrados que sean nombrados para cargos de elección política o de gobierno, con rango superior al de director general, no podrán reingresar al servicio activo hasta transcurridos dos años a partir del cese en los referidos cargos.