¿Veremos algún día a Putin en el banquillo de la Corte Penal Internacional por invadir Ucrania?

Invadir un país es un crimen de agresión. Lanzar bombas sobre edificios residenciales o cerca de hospitales y escuelas es un crimen de guerra. El desplazamiento forzoso de la población es un crimen de lesa humanidad. Y Vladímir Putin los ha cometido todos en Ucrania. Las imágenes, y sus propias órdenes, dan fe de ello. La oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) se ha puesto manos a la obra para recoger y preservar pruebas que puedan emplearse en un juicio futuro. Pero Putin ya había levantado sus defensas para evitar, por todos los medios posibles, sentarse en el banquillo. Aunque si alguien consigue detenerle fuera de Rusia, no sería el primer líder en rendir cuentas.

La realidad y la práctica hacen ver que, a corto plazo, juzgar a Putin es poco probable, pero no es un escenario imposible en unos años y más si los rusos lo quieren así. ¿Cuánto de preocupado está Putin por lo que pueda hacer la CPI en relación con sus crímenes? Al menos, un poco. Rusia firmó en 2000 el Estatuto de Roma para formar parte de este tribunal, con sede en La Haya, pero en 2016, cuando el presidente ruso le vio las orejas al lobo por la publicación de un informe de la CPI que condenaba "la ocupación" de la región del Donbás, Putin no tardó en retirar la firma de Rusia de ese estatuto para que el tribunal no tenga la competencia posible sobre los crímenes que planeaba cometer.

"La CPI tiene jurisdicción sobre los crímenes de guerra y contra la humanidad que ahora están cometiendo en Ucrania las tropas rusas. Bueno, la jurisdicción la tiene sobre los líderes rusos, no los militares de menor rango". Una abogada holandesa relacionada con el caso explica a El Confidencial los detalles de un proceso rodeado de preguntas y escepticismo. Ni Rusia ni Ucrania son miembros, ni la CPI es un tribunal de las Naciones Unidas, que es más accesible. Si bien Ucrania sí aceptó en el pasado su competencia por los eventos relacionados con Crimea desde 2013.

Esto hace que, sin ser Ucrania un miembro de pleno derecho, la CPI pueda juzgar a los responsables máximos de la comisión de esos crímenes en su país. "De hecho, en diciembre de 2020, ya concluyó que había una base razonable para proceder a investigar por qué cree que, ya en esa época, se cometieron crímenes de guerra y contra la humanidad", puntualiza. En una guerra propagandística, es difícil saber en qué imágenes confiar, pero si se confirma el lanzamiento de bombas de racimo clúster contra edificios residenciales de civiles en Ucrania, o de un arma termobárica, que succiona el oxígeno del aire cuando estalla, "estaríamos ante una fuerte violación de las normas internacionales, y en gran medida ante crímenes de guerra cometidos por Putin y su cúpula".

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Karim Khan, el fiscal de la CPI, acaba de anunciar que investigará los crímenes cometidos en la región del Donbás, en el este de Ucrania, desde 2013. En sí, esto es un cambio de estrategia total que solo está provocado por la guerra. En 2020, la predecesora de Khan, Fatou Bensouda, deploró que no iba a priorizar una investigación de esos crímenes porque su oficina no tenía ni dinero ni personal suficientes, y se le acumulaban los casos. Ahora Khan ha pedido recursos para financiar esta investigación a los 123 países firmantes del Estatuto de Roma, si quieren que algún día Putin y sus hombres puedan pagar por la invasión de Ucrania.

Un juicio en 'absentia' es imposible

Y aunque la primera opción para abrir la investigación es que lo autoricen los jueces, Khan también dejó caer un guante —que Lituania y Canadá recogieron de inmediato— y dijo que podría saltarse a los jueces si algún miembro de la CPI le refiere formalmente la situación en Ucrania. Lo hicieron 39 países, como España, Reino Unido, Francia e Italia. La tercera opción que tenía Khan es que el caso lo remitiera el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero Putin tiene ahí un derecho a veto que le mantiene totalmente blindado. Y sus aliados, como China, tampoco lo pondrían fácil.

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A partir de ahí, comienza el procedimiento habitual: se intensificará y continuará con la investigación, se recogerán todas las pruebas que le incriminan, se podrá construir un caso judicial en forma y se podrán emitir órdenes internacionales de arresto contra Putin y su cúpula. Pero mientras no consigan detenerlos a él o a algún otro líder ruso involucrado en esos crímenes, no pueden iniciar el juicio. Es decir, este tribunal internacional no puede juzgar a alguien en rebeldía, a diferencia de las justicias nacionales. Así que la investigación estará ahí, el caso estará abierto y Putin estará en busca y captura hasta que, digamos, se atreva a viajar a Ibiza y lo detenga la policía española. Una orden de arresto haría pequeño su mundo y su vida más complicada. Y, como presidente, pondría en un compromiso a los países que visite, sobre todo si son miembros de la CPI.

Ya hay un escenario similar: Putin podría ser el próximo Omar al Bashir, otro huido de la Justicia internacional. El expresidente de Sudán, a quien aún esperan en La Haya para juzgarle por genocidio, fue objeto de una orden de detención cuando aún gobernaba el país africano y Sudán ni siquiera era miembro de la CPI. Esto le obligó a mirar con lupa los países a los que viajaba y limitarse a aquellos que no se iban a atrever a extraditarlo, o a los no firmantes del estatuto. En 2015, Al Bashir tuvo que salir corriendo de Sudáfrica cuando se emitió esa orden, con él asistiendo a una cumbre regional. Dos años antes, no pudo estar en Nigeria en la reunión de la Unión Africana porque la Justicia local podría detenerlo por sus crímenes en Darfur. Putin se podría ver en las mismas y tener que viajar, por ejemplo, a China, amigo y no firmante del estatuto, pero no vería el sol del Mediterráneo.

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La Constitución rusa prohíbe extraditar a sus ciudadanos, por lo que su detención en otro país es la única vía de verlo en La Haya. Y la Corte Penal Internacional es la única opción judicial para llevar a Putin a los tribunales fuera de Rusia. Como jefe de Estado, el dirigente tiene inmunidad ante los tribunales extranjeros, como los de Ucrania, Holanda, Alemania o cualquier otro país. Pero la CPI no reconoce esa inmunidad. De hecho, Putin no sería el primero: el expresidente de Costa de Marfil Laurent Gbagbo fue absuelto en 2019 de crímenes de lesa humanidad, pero pasó casi una década en la cárcel de La Haya y compareció ante los jueces para defender su inocencia. La CPI aún intenta juzgar a Al Bashir, y trató lo propio con el fallecido dictador libio Muammar al Gadafi.

Documentar los crímenes... y esperar

La clave ahora es reunir pruebas para demostrar legalmente la implicación de Putin. Es decir, el presidente ruso no está personalmente cometiendo crímenes de guerra en Ucrania, son sus soldados, a sus órdenes. Para implicarle a él, Khan debe ser capaz de dar respuesta a tres puntos: demostrar que Putin tiene un control efectivo sobre las tropas que están bombardeando a los civiles ucranianos, que sabe que se están cometiendo esos crímenes y que quede claro que él no está haciendo nada para poner fin a la comisión de esos crímenes o para castigar a los responsables directos de ellos. No es tan difícil demostrar el primer punto, por una razón obvia: Putin es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Rusia. Las otras dos cuestiones requieren esfuerzos legales.

La guerra agresiva en sí queda totalmente excluida para la CPI. Al no ser Rusia y Ucrania firmantes del Estatuto de Roma, muere cualquier posibilidad de que este tribunal juzgue la agresión, la anexión o la invasión. Para que fuera parte de su competencia, los dos países deberían ser, al mismo tiempo y como condición 'sine qua non', miembros de la CPI. Con los crímenes de guerra, contra la humanidad y de genocidio, a la CPI le vale con que uno sea miembro. Esto, por ejemplo, se aplica a otro escenario que también implica a Putin: Siria. Como Damasco y Moscú no son miembros, la CPI no puede investigar los crímenes que los dos países estén cometiendo en Siria. Con la excepción de que, en un momento dado, Damasco acepte de alguna forma la jurisdicción del tribunal. Pero es difícil imaginar a un sátrapa como Bashar al Asad reivindicando el derecho internacional y humanitario.

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No hay que olvidar otro detalle: la CPI es un tribunal de último recurso. Los tribunales ucranianos y rusos todavía podrían juzgar la invasión algún día. En el caso de Ucrania, tendría que ser capaz de detener a la cúpula de Putin. En el caso de Rusia, los jueces podrían juzgar al propio presidente cuando deje de serlo. Obviamente, él no tiene intención de dejar el poder y perder su inmunidad, y si nadie le para los pies, quizá muera siendo el zar ruso que un día perdió la cabeza. Pero el mundo tiene las mismas posibilidades de llevarle al banquillo que los tribunales rusos.

Y volviendo a la Corte Penal Internacional: con su amenaza de procesamiento, puede que quienes teman también por su futuro en el banquillo sean los altos oficiales de las Fuerzas Armadas rusas, aquellos que reciben y dan las órdenes dictadas en primer lugar por Putin y que son corresponsables de los crímenes de guerra y contra la humanidad que se están retransmitiendo cada día en las redes sociales. No siendo tan intocables como Putin, corren el riesgo de acabar en La Haya con más facilidad. Y su miedo a acabar entre rejas podría ser el principio del fin de la era del zar Putin.