Colau rescata la promesa de la municipalización del agua pese a que el Supremo ya lo tumbó

Ada Colau anuncia ya un nuevo frente para la próxima legislatura. Si la líder de los comunes gana las elecciones del próximo 28 de mayo, promete resucitar una vieja aspiración para Barcelona, que pasa por asumir el servicio del agua a través de una entidad de capital público. Su programa electoral prevé crear “una empresa pública metropolitana de agua con participación de los municipios que gestione servicios de abastecimiento que actualmente no proporciona la empresa Abemcia (Agbar)” y "estudiar la posibilidad de que los servicios bajo gestión pasen de manera gradual a la empresa pública metropolitana".

Esta obsesión de Colau no es nueva. Su intención era montar una entidad municipal, arrebatando a la empresa Agbar ese servicio, para el que tiene concesión hasta el año 2047, pero tuvo un revés inesperado. El Tribunal Supremo emitió una sentencia a favor de la compañía tras una denuncia de la Sociedad Española de Abastecimiento, del grupo Aguas de Valencia, a la que se sumaron Acciona y Aqualia y que fue aplaudida por los comunes, que veían en ese pleito una brecha para comenzar un proceso de municipalización. No fue así y los sueños de Colau se desvanecieron a finales de 2019. Desde entonces, no obstante, no ha dejado de batallar para desgastar la imagen pública de Agbar y proceder a otro asalto.

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Colau anuncia “estudiar las posibilidades legales de liquidar la concesión actual en 23 municipios metropolitanos”, con lo que extendería su particular batalla con Agbar a los municipios aledaños a Barcelona. De hecho, los comunes han acusado a la multinacional de haber financiado varias campañas en contra del ayuntamiento de la ciudad y en particular de Ada Colau. Incluso de estar detrás de las denuncias por corrupción interpuestas por dos asociaciones, que acusan al consistorio de beneficiar con millones de euros en subvenciones a entidades y organizaciones amigas, entre ellas, a dos directamente relacionadas con la alcaldesa y en las que había trabajado hasta dos meses antes de su llegada a la política: el Observatorio DESC y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

En la tercera legislatura, preparan la hora de la venganza. Los comunes parten de la base de que “la gestión pública del agua es la garantía de una gestión democrática, transparente y económica de los servicios de abastecimiento y saneamiento de agua. Por este motivo, es necesario superar el actual modelo de gestión concesional privada y establecer un modelo público más capacitado para adaptarse a las incertidumbres de la emergencia climática”, según recogen en el programa electoral con el que Colau se presenta a estas elecciones. Todo se reduce, pues, a un tema de lucha contra el cambio climático.

Lo que esconde Colau

Además, explican que “la actual gestión privada de la empresa multinacional Agbar se ha mostrado muy agresiva a la hora de impedir que los gobiernos democráticos decidiesen libremente sobre sus servicios públicos: por tanto, es preciso construir amplias mayorías en Barcelona y en el área metropolitana que permitan desligarnos de los intereses privados económicos y garantizar un servicio de agua de calidad a toda la población”.

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Pero, en realidad, la sentencia aludida anteriormente reseña que Agbar es la titular de las infraestructuras e instalaciones para desarrollar el servicio, construidas y financiadas por la propia compañía, y reconoce la legalidad de la concesión de la gestión. Y lo que Colau no cuenta en su programa es que el Área Metropolitana de Barcelona tendrá que desembolsar unos 500 millones de euros si se decide a municipalizar la gestión del agua. Ese es el valor de los activos de Agbar aportados a la empresa que actualmente gestiona el servicio.

Agbar no es la única propietaria de la compañía mixta que gestiona el abastecimiento del agua: controla el 70%, mientras que el 15% está en manos de La Caixa y otro 15%, del Área Metropolitana de Barcelona. Según fuentes cercanas a los comunes, sus beneficios anuales son de decenas de millones de euros, y durante los últimos dos mandatos ejecutó 75.000 cortes de suministro.

Ayudas a su empresa eléctrica

No es el único servicio ambicionado por la alcaldesa. La pasada legislatura, creó la empresa pública Barcelona Energía para “impulsar un nuevo modelo energético más sostenible, basado en la eficiencia, la generación de energías renovables y la participación ciudadana”. Para los responsables municipales, “el cambio de modelo energético es una estrategia de gran alcance que implica recuperar la soberanía energética, promoviendo la producción pública y ciudadana de energía, la democratización de su acceso y su gestión como servicio público”.

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Según los números presentados en la última asamblea de socios, de 2022, el ejercicio anterior Barcelona Energía tuvo 867.481 euros de pérdidas, aunque presumía de tener “unos 800.000 euros de beneficios acumulados”, porque en 2019 y 2020 había tenido 1,6 millones y 400.000 euros de beneficios. Según el ayuntamiento barcelonés, en 2022 se habían iniciado trámites con 17 ayuntamientos del área metropolitana “para entrar a formar parte de la comunidad de usuarios públicos de Barcelona Energía”. Según los números oficiales, la entidad tiene 10.305 CUP (puntos de suministro), lo que quiere decir 10.305 clientes, de los que 5.387 son privados (o sea, ciudadanos que han preferido contratar a esta compañía antes que al resto) y 4.918 son públicos (corresponden a los edificios públicos de Barcelona y poblaciones colindantes).

Ajena a los desalentadores datos de su propia compañía, Colau quiere poner en marcha “programas de compra energética colectiva a través de Barcelona Energía, así como topes a la tarifa eléctrica de los comercios de proximidad”. En su programa, está el encargo a esta compañía pública de los proyectos de instalación de placas solares en la cobertura que se hagan del tramo de Gran Vía en su entrada desde el Maresme. Para un tramo de ese recorrido, prevé “pérgolas fotovoltaicas” de unos 36.000 metros cuadrados “para distribuir su energía en proyectos de soberanía energética de los barrios colindantes”. Otra de las acciones para fortalecer su compañía (cuyo fracaso es un secreto a voces) es llevar adelante un plan para que todos los mercados municipales compren “energía renovable” a Barcelona Energía.

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Curiosamente, esta compañía pública está gestionada por Tersa, la empresa encargada de la incineración de residuos que ha sido denunciada por lanzar emisiones tóxicas en la planta que tiene en la linde de Barcelona con Sant Adrià del Besòs. La empresa fue registrada la pasada semana por la Guardia Civil después de descubrirse que los últimos años había estado enviando datos erróneos sobre emisiones de partículas. Tanto su presidente, el concejal Eloi Badia, como su jefe de explotación de fábrica están imputados por delito ecológico (emitir partículas cancerígenas sin control) después de que la Fiscalía presentase una querella en 2022. La energía verde y ecológica de la compañía creada por Colau contrasta con la desastrosa gestión y la emisión de partículas cancerígenas de la empresa, pública también, que la gestiona.

Por otro lado, Colau promete también “crear un programa de Economía Social y Solidaria (ESS) para la transición ecológica que apoye las iniciativas empresariales de ESS en sectores como la energía, la movilidad, la alimentación, el textil o los residuos”.

El cooperativismo es una de las propuestas estrella de Colau: propone para el próximo mandato “inaugurar la incubadora de cooperativas más grande de Europa en Can Batlló, el Bloc4BCN, como centro de referencia internacional de impulso de la economía social y solidaria”. Además, quiere "llenar el ayuntamiento y otras Administraciones de economía social y solidaria" con la “creación de land-trusts público-cooperativos, incremento del número de solares y edificios al convenio de cesión y creación de un fondo de garantías para proyectos en suelo privado”. En este terreno, propone “consolidar dos acontecimientos de impacto para la ciudad con liderazgo municipal: Feria de ESS y consumo responsable de Navidad, dirigida a un público familiar, y la Febrerada, para un público joven”. Paralelamente, quiere crear “una red de ciudad de establecimientos comerciales lilas en cada barrio en coordinación con los ejes y asociaciones comerciales”.