Ni limitar los litros ni cortar el agua: cambiar las tuberías públicas es lo que más ahorra

La escasez de agua ha sido uno de los temas del verano. Desde Galicia hasta Málaga, pasando por Andalucía o Cataluña, entre otras regiones, muchos municipios incluso han aplicado restricciones de consumo o han cerrado las duchas de la playa para ahorrar. Pero, mientras que desde las instituciones se pide a la población que haga un consumo responsable, las redes públicas de suministro están dejando escapar agua sin control.

Ya se habla de este líquido tan cotidiano como el oro del futuro. Es un recurso cada vez más limitado y esa idea ha terminado de calar con la sequía, que ya no es exlusiva de los países del sur, sino que está llegando a gran parte del territorio europeo, donde el bajo nivel de los embalses, sumado al aumento de las temperaturas, ha despertado las alarmas. Para reducir el déficit hídrico, se han ido implantando medidas que lo hagan frente, y evitar que las infraestructuras pierdan agua es una de las estrategias destacadas en la agenda europea.

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Texto y diseño: Irene Gamella Desarrollo: Fernando Anido

En España, según la estadística sobre el suministro y saneamiento del agua del Instituto Nacional de Estadística (INE), más del 25% del agua urbana que distribuyeron las empresas de suministro a las redes de abastecimiento en 2020 no llegó a los usuarios. Esa cantidad que se pierde de media puede ser mayor según el caso. Baste citar el ejemplo de Jaén, desde donde el concejal de Contratación, Control Servicios Públicos y Proyectos Municipales, Francisco Lechuga, aseguraba el mes pasado al diario 'Ideal' que la reparación de tres fugas subterráneas en el Estadio de Victoria les permitirá reducir a la mitad el consumo de agua del establecimiento.

Una parte de esa cantidad malgastada es aparente, causada por la imprecisión de los contadores, consumos autorizados pero no medidos o, en última instancia, fraudes. Con todo, más de la mitad del total de pérdidas que se cuantifican, un 60%, representa un volumen real de agua. La razón de que no llegue al final del trayecto está en las fugas, averías y roturas de las redes públicas que transportan el agua.

Así, en España se perdieron más de 650 millones de m3 de agua en 2020: 1,7 millones de m3 al día. Esa cantidad sería suficiente para llenar anualmente el embalse Andevalo, en Huelva, o mil veces el estanque del Retiro de Madrid. Con ese volumen de desperdicio, el buen mantenimiento de redes de abastecimiento juega un papel fundamental a la hora de ahorrar en consumo, incluso por encima de los hogares. “Realmente, las pérdidas que se dan en casa son muy inferiores a las que se dan en redes”, asegura Gonzalo Delacámara, experto internacional en gestión económica de los recursos naturales.

Dentro de España, hay algunas comunidades con redes que echan a perder más cantidad real de agua. Las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, son los territorios donde más se desperdició en el año de la pandemia, con una media del 25% de agua perdida. Las siguen Canarias y Extremadura, que desprecian un quinto de lo que se suministró a las redes públicas. El caso madrileño es la excepción española, siendo la región que menos agua malgastada tiene con diferencia, un 4% en 2020, mientras que el resto supera el umbral del 10%. Pero tener la red con menos pérdidas no garantiza que no sucedan episodios como el de esta semana, cuando la rotura de una tubería de abastecimiento del Canal Isabel II ha causado una inundación en la M-30 a la altura de Marqués de Vadillo por la que se estiman pérdidas de seis millones de litros.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya alertó en 2020 de este problema que afronta España en su sistema de abastecimiento. Algunas localidades ya han reducido su nivel de pérdidas durante los últimos años. Es el caso del municipio valenciano de Benetúser, que cambió en 2017 su red de abastecimiento, entre otras cosas, para arreglar las averías causadas por la antigüedad de las infraestructuras. Gracias a la iniciativa de municipios como Benetúser, en 10 años, la Comunidad Valenciana ha reducido más de un 30% la cantidad desaprovechada desde 2010.

Un caso más reciente es el de Málaga. Este mes, la Administración ha obligado a los pueblos a invertir en las estructuras de abastecimiento para reparar las fugas. Esta medida la ha tomado la institución malagueña tras observar que algunas localidades “prácticamente tiran la mitad de lo que conducen”, afirmaba el presidente de la institución a este periódico hace varias semanas.

España es uno de los países europeos con mayor porcentaje de agua total malgastada (real y aparente). La media de los países que son miembros de la Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Servicios de Agua (EurEau) fue del 23% entre 2012 y 2015. España, que se ha mantenido rondando el 25% de pérdidas anuales toda la pasada década, se coloca entre los primeros y queda por encima de países como Italia, Irlanda, Rumanía o Noruega.

Una cuestión económica

Para solucionar este problema, hay que mirar a las estructuras, y la inversión es clave. Aunque Países Bajos tuviera menos proporción de cantidad perdida que España, la aportación económica que han hecho las instituciones al ámbito del agua ha crecido entre 2007 y 2017. Todo lo contrario que en España, donde la cantidad del PIB destinado al agua ha bajado, según el estudio de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) de 2020.

Los expertos matizan que la reparación de las redes compete a las administraciones locales, ya que los sistemas de abastecimiento operan a nivel municipal. Algunas instituciones, como la de Málaga o Benetúser, ya se han puesto manos a la obra, pero su esfuerzo lo eclipsan aquellas donde la ausencia de actividad perpetúa el desperdicio y la aparición de más fugas. “Tenemos una red en la que hay que hacer inversiones, y no se están haciendo”, apunta Delacámara, experto en gestión económica de recursos naturales.

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Esta falta de inversión impide el buen ritmo de la mejora de las instalaciones. Las redes de abastecimiento tienen un porcentaje de renovación del 0,43% al año, un punto y medio por debajo de lo que AEAS y la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua a Poblaciones (AGA) consideran idóneo. A ese paso, tardaremos 200 años en cambiar todas las redes, cuando las asociaciones expertas recomiendan que no pasen más de 50.

Pero el escaso margen de beneficio retrasa la renovación de los canales de abastecimiento. ¿Sale rentable renovar las redes para evitar las pérdidas? En el mundo del suministro de agua, existe el concepto de nivel económico de fuga, que compara el coste de reparación con el ahorro que se consigue, para estimar si sale a cuenta o no.

El suministro de agua se realiza por municipio y al final el margen dependerá del coste de la red municipal y de la cantidad de pérdidas que tenga cada una. En Madrid, por ejemplo, Delacámara señala que “a un coste razonable, sería difícil ir más lejos”, ya que la cantidad de agua desperdiciada que reporta la comunidad es aceptable. Además, incluso con todas las reparaciones, apunta el experto, es muy difícil conseguir una red que no genere ninguna pérdida. Pero, a su juicio, el beneficio no debería ser una excusa para dejar de hacer las debidas reparaciones, ya que a la larga no hacerlo genera más problemas y los arreglos y renovaciones llevan tiempo.

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La gestión del agua desaprovechada también depende de cada Administración municipal, afirma Morcillo. La ausencia de una entidad estatal al mando genera una falta de coordinación que impide hallar una solución a nivel nacional. Pero pronto dejará de ser así, o al menos esa es la intención. Europa ha planteado en la Directiva 2020/2184 del Parlamento y Consejo Europeos un plan que obliga a todos los países a realizar un seguimiento de las fugas de su territorio. Este plan para controlar las pérdidas tras la creciente preocupación por la escasez hídrica verá sus primeros resultados en 2026, cuando España tendrá que reportar, al igual que el resto de países, una evaluación del estado de todas las fugas. En caso de sobrepasar el umbral que marcará la Comisión Europea, deberá presentar un plan de acción con medidas para reducir el índice de escapes de agua.

Además, la implementación de nuevas tecnologías podría cambiar el curso en la renovación de las redes. Estos últimos años, el Gobierno ha propuesto un plan de digitalización del ciclo del agua, donde se incluyen las redes de abastecimiento urbanas. Estos planes prevén instalar sensores en la red para detectar los puntos exactos de fugas y averías. Es un sistema que ya se utiliza en algunos territorios, como Málaga. Pero, según el presidente de AEAS, Fernando Morcillo, el proyecto del Gobierno se queda a medio camino de ser una solución definitiva. “Es el diagnóstico de las redes, pero no hay un dispositivo de reparación. El problema de salud no se lo voy a quitar con ese diagnóstico”, señala.

Saldar cuentas con el pasado

El envejecimiento no es la única causa que estropea las tuberías: hay algunas que con 30 años presentan más averías que otras mucho más antiguas. Además de la edad, hay otras variables que pueden producir el deterioro de las infraestructuras de abastecimiento, como pueden ser el tipo de suelo, el peso que soportan, la presión del agua o el material.

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En la cuestión de los materiales, las decisiones tomadas en el pasado son las que pesan y atrasan la renovación. Entre los años sesenta, setenta y parte de los ochenta, con el crecimiento de las urbes, hubo un periodo de desarrollo en el sistema de abastecimiento que llevó a utilizar materiales que “no son los más idóneos”, comenta Morcillo. Entre ellos, estaba el fibrocemento. Este material se dejó de usar porque se descubrió que causaba enfermedades pulmonares en los empleados que trabajaban con él. La presencia de este material fue precisamente el motivo que llevó a renovar las tuberías de Benetúser para sustituirlo por el polietileno. Esto ocurre porque uno de los componentes del fibrocemento es el amianto, un mineral conocido por causar este tipo de enfermedades después de mucho tiempo expuesto a él, como sucede en el caso de los trabajadores del metro de Madrid, que ya registran varios fallecidos por exposición al material.

Que el fibrocemento forme parte del sistema de abastecimiento no quiere decir que el agua esté contaminada. Desde su instalación, hace más de 40 años, “no se ha detectado ninguna transmisión del amianto hacia el agua”, asegura el presidente de AEAS, y añade que ningún estudio sobre el tema ha arrojado nada concluyente que indique esa posibilidad. Las infraestructuras, además, están pensadas para evitar que eso ocurra. “Las tuberías se autoprotegen con una capa para que no haya intrusión”. Además, a diferencia de los estudios con el agua, se ha demostrado que la contaminación con el químico ocurre por inhalación.

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Donde sí existe peligro es en la reparación y eliminación de estas tuberías. Más si se tiene en cuenta que hay que cortarlo una vez extraído para llevarlo a un vertedero especial. “Al cortar, se produce un polvo que sí es peligroso”, apunta Morcillo. El 4% de las bajas de quienes trabajan con el agua es por contacto con agentes químicos. En vistas del riesgo, las intervenciones en tuberías de fibrocemento están controladas desde hace más de dos décadas para evitar que alguien se contamine.

Más allá de la seguridad, el fibrocemento es un material que se degrada rápido. Tiene entre 20 y 50 años de vida útil como mucho, cuenta Delacámara. Pasado ese tiempo, suele ser necesario cambiarlo. Sin embargo, en España, aunque ya ha llegado su fecha de caducidad, ese cambio no llega. Según un Informe de AEAS, el 26% de las tuberías de abastecimiento supera los 40 años.

Actualmente, los materiales que se utilizan son el mencionado polietileno y el hierro dúctil, que son más resistentes y elásticos. Esas características hacen que aguanten hasta 100 años, el doble que las de fibrocemento. Su mayor vida útil y aguante hace que las tuberías hechas con estos materiales tarden más tiempo en necesitar un cambio, al menos por razones que tengan que ver con el material.