Agbar ve peligrar la base de su imperio: la concesión del área de Barcelona

Una cosa es el monopolio natural y otra el derecho natural. La distribución de agua siempre ha sidoconsiderada un monopolio natural. Pero desde 1879 la Sociedad General de Aguas de Barcelona, la actual Agbar, ha explotado el servicio de concesión de la capital catalana y otros 22 municipios de su área metropolitana sin que mediase concurso público alguno. Casi por la gracia de Dios. Hasta que la pasada semana el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha emitido una sentencia pidiendo una licitación abierta para el servicio. Un golpe en la línea de flotación de Agbar.

Agbar va recurrir al Tribunal Supremo, pero eso sólo le da dos años. Y convierte una cuestión política en un tema muy político. Agbar siempre ha sabido proyectarse al mundo desde su concesión en Barcelona y alrededores. Se puso en manos de La Caixa, captó capital francés y se internacionalizó. En este momento, el grueso del ebitda de Suez Enviroment proviene de Agbar. Pero todo el invento podría tener los pies de barro.

Según la sentencia, motivada por recursos contencioso-administrativo que interpusieron Acciona, FCC y Aguas de Valencia, pone en la picota la creación de la sociedad que explota el servicio del agua de la gran Barcelona, Aguas de Barcelona Mixta, participada en un 70% por Agbar, en un 15% por Criteria (La Caixa) y en otro 15% por el Área Metropolitana de Barcelona, que en este momento preside la alcaldesa Ada Colau.

La sentencia es tajante sobre la creación de esta sociedad en 2012, en el sentido de que “el problema que plantea no es tanto que se seleccionara esta opción, sino que no se manejaran otras alternativas que no fueran la de concertar la SEM con un socio privado determinado sin publicidad”.

“La opción de gestión integrada e indirecta del servicio público mediante constitución de economía mixta, con aportación de la empresa metropolitana EMSSA, resulta justificada a lo largo del expediente y en las resoluciones recurridas, si bien no hay motivación suficiente sobre la falta de licitación y sobre el plazo de duración de la concesión como se ha expuesto”. Y la duración no era pequeña: otros 35 años.

Anulación práctica

En la práctica la sentencia supone una anulación. Desde Agbar prefieren ver el vaso de agua medio lleno. Para empezar porque reconocen que la “situación jurídica, lógicamente, concede unos derechos económicos a Agbar derivados de su titularidad de la red de abastecimiento y de la existencia de un título concesional para la distribución de un caudal determinado de agua, pero en ningún caso le otorga derecho a ser concesionario exclusivo sobre el servicio público de abastecimiento de agua”.

Es decir, a Agbar por primera vez se le reconocen los derechos económicos sobre los activos de infraestructuras. Si el Supremo le fuese contrario tendría que renunciar a la depuración, y mantendría la distribución de agua hasta el 2053, a menos que el Área Metropolitana de Barceona leexpropiase, una operación que costaría unos 500 millones ahora que se reconocen unos derechos que hasta ahora detentaban sólo de manera natural.

Estos derechos provienen de que “la doctrina científica defiende la naturaleza contractual de las denominadas concesiones de hecho o tácitas, así como su validez y eficacia, en base al tiempo de prestación del servicio, unido a la tolerancia de la Administración y su participación activa, para los casos en que, como el presente, apruebe tarifas o ejercite la potestad sancionadora” si bien se reconoce que Abgar ha explotado la concesión durante más de 100 años “sin un título que le habilite para la prestación de dicho servicio público metropolitano”.

Puerta abierta

A juicio del TSJC, “al ser una prestación precaria cabe su extinción en cualquier momento”. Malas noticias para Agbar y buenas para Ada Colau. Desde el Ayuntamiento de Barcelona se apresuraron a señalar que el Área Metropolitana no recurrirá ante el Tribunal Supremo y que la intención esque el servicio vuelva a ser público. El precedente esParís, que ha vuelto a municipalizar el servicio en detrimento de Suez, precisamente el accionista del 100% de Agbar.

En la práctica Colau no hará nada, si bien dicen que está“estudiando la sentencia”. La pasividad y la sobreactuación es la especialidad de la alcaldesa y de su formación BCN en Comú. Pero las relaciones entre Colau y el presidente de Agbar, Ángel Simón, son la peores que la compañía ha tenido nunca con el Ayuntamiento de Barcelona.

Agbar es tan francesa ahora como cuando ha estado dando el servicio de aguas sin cobertura legal. El verdadero factor diferencial es Ada Colau

La sentencia reabre el debate dentro del PSC, que se dividió por la cuestión del agua. En Barcelona los socialistas no lo veían claro. Pero Angel Simón contaba con sus excelentes contactos con el socialismo del Baix Llobregat: José Montilla, el alcalde de Cornellà, Antonio Balmón, etc. Y Aguas de Barcelona Mixta se creó en 2012, en una alianza contra natura del PSC de los capitanes con el alcalde convergente Xavier Trias.

Cuando FCC era una potencia en Cataluña, hace veinte años, la constructora de las Koplowitz siempre estuvo reclamando un concurso de agua en Barcelona. Pero fue clamar en el desierto. Agbar siempre contó con el apoyo de La Caixa y con la connivencia política municipal.

Agbar siempre ha sido francesa. Y si se controlaba la empresa a través de un holding conjunto con La Caixa, Hisusa, siempre fue para evitar lanza una OPA en un momento en que Agbar cotizaba, no para ocultar el carácter francés del capital. En el Supremo, en todo caso, se jugará otra partida a partir de cero. El voto particular del presidente de la Sala, Alberto Andrés Pereira, más favorable a Agbar, lo deja todo abierto.