Agbar denuncia a España ante la Comisión Europea por el caso ATLL

El grupo Agbar ha denunciado ante la secretaria general de la Comisión Europea al Reino de España por “vulneración de derecho comunitario” en el conflicto de Aigües del Ter Llobregat (ATLL), que la empresa mantiene abierto con la Generalitat de Cataluña y con la empresa Acciona (ver cotización) y los socios que explotan la sociedad pública.

Agbar ha denunciado en Bruselas “el incumplimiento sistemático de la Generalitat de las resoluciones judiciales que le obligan a excluir a Acciona de ATLL”. Estas resoluciones afectan a las cautelares del caso, pero han obligado a la administración catalana a convocar la Mesa de Contratación para revisar la causa, si bien la misma se está tomando el proceso con calma para evitar que contamine la campaña electoral en Cataluña.

El conflicto se remonta a hace dos años, cuando un organismo independiente de la Generalitat, el OARCC, dictaminó que la adjudicación de ATLL quedaba invalidada y debía adjudicarse a Agbar, aunque Acciona y sus socios acababan de desembolsar 296 millones de euros como primer pago de la operación.

El escrito, presentado por el letrado Santiago Muñoz Machado en nombre de la compañía de Aguas de Barcelona, concluye que “después de dos años en que la Generalitat sigue incumpliendo de modo manifiesto y grave las Directivas de recursos contractuales, SGAB ha decidido acudir a la Comisión Europea para que inicie el procedimiento previsto en el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la UE”.

Dicho artículo faculta a la Comisión para emitir un dictamen motivado en caso de que un Estado miembro incumpla alguna de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados. La denuncia se presenta contra el Reino de España, que es lo que busca Agbar. Hay que recordar que Agbar es filial al 100% de la multinacional francesa Suez Environnement, lo que aumenta la dimensión europea del conflicto.

​Vulneración de la ley

La denuncia de Agbar alude a “la vulneración, por un poder adjudicador (la Administración de la Comunidad Autónoma de Cataluña), del derecho a un recurso eficaz en materia de contratos públicos, además de los principios básicos de la contratación pública (igualdad, transparencia y libre competencia)”.

La denuncia ha sido presentada esta mañana en Bruselas. En esencia, se reclama que se reconozca el carácter ejecutivo, y por tanto de obligado cumplimiento, de la resolución de la OARCC, y que ha sido contemplado en un total de seis autos y tres sentencias, todos en relación con las cautelares.

 

Mantener la presión

Con este golpe en Europa, Agbar mantiene la presión sobre la Generalitat sin denunciar por prevaricación al conseller de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, algo que quería evitarse a toda costa para mantener unos mínimos puentes con la administración catalana.

Por eso se denuncia que “no es que se haya paralizado el procedimiento de contratación durante todo este tiempo, sino que el poder adjudicador ha formalizado el contrato con el licitador cuya oferta debió excluirse, pese a la nulidad del acuerdo de adjudicación declarada por el órgano competente en materia de recursos”.

En opinión de Agbar, la Generalitat está quebrantando así la garantía y el imperativo de la eficacia que se debe reconocer al recurso especial en materia de contratación que impone la Directiva 2007/66/CE cuya finalidad justamente es la de evitar los hechos consumados y el mantenimiento de situaciones ilegales o de hecho en la contratación pública de los poderes adjudicadores europeos.