Acciona pide a la Generalitat seguir gestionando ATLL de forma interina

Acciona (ver cotización), el banco brasileño BTG Pactual y sus socios catalanes han pedido a la Generalitat seguir gestionando de forma interina la empresa pública Aigües del Ter-Llobregat (ATLL) hasta que los tribunales se pronuncien sobre el fondo de la cuestión: en este caso, hasta que falle el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Así se desprende de las alegaciones que Acciona ha presentado este mismo lunes ante la Mesa de Contratación de la Generalitat, convocada para revisar la adjudicación del concurso, por el que Acciona y sus socios pagaron  298 millones y la Administración catalana se contabilizó 995 millones, avanzándose al final de la concesión.

Sin embargo, Agbar inició un proceso de pleitos apoyándose en el dictamen de un organismo independiente de la Generalitat que tutela las adjudicaciones públicas, el OARCC, y consiguió que finalmente la Generalitat convocase la Mesa de Contratación para revisar la adjuración.

Acciona alega que la decisión de la OARCC de invalidar su oferta, pero no la de Agbar, que competía con ellos, adolece de errores de apreciación que hacen que resulte injusta, contraria a derecho, y por tanto inválida. En sus alegaciones incluso denuncia que “el OARCC no hizo nada para evitar la firma del contrato si tenía alguna duda sobre la corrección jurídica de la adjudicación” y añade que además “retrasó deliberadamente la resolución”

Este retraso sirvió para permitir que la Generalitat “pudiera cubrir sus necesidades presupuestarias mediante la firma del contrato (y el correspondiente pago), y solo cuando se hubo cumplido este objetivo, que hubiese resultado imposible de otro modo ‒pues cualquier otra alternativa no hubiese permitido a la Generalitat contabilizar antes del 31 de diciembre de 2012, las cantidades procedentes del contrato‒  hizo pública su resolución”, según consta en las alegaciones, con la versión de los hechos de Acciona. Por tanto, una de las salida que Acciona ofrece a la Mesa de Contratación de Generalitat es revisar la decisión de la OARCC.

Morir matando

Acciona plantea también la cuestión como un morir matando. En otra parte de las alegaciones la constructora se centra en cargar contra Agbar porque, a juicio de Acciona, “Agbar no solo incurriría hipotéticamente en los mismo vicios de los que teóricamente adolece la oferta de Acciona y BTG Pactual, sino que presenta otros defectos sustanciales adicionales que justificarían por si mismos la exclusión del procedimiento de dicha oferta”. Por tanto, otro de los argumento de fuerza de las alegaciones es solicitar que en caso de que se inhabilite la oferta de Acciona ocurra lo mismo con la de la compañía de aguas con sede en Barcelona.

En este sentido, las alegaciones estarían alineadas con la postura del conseller de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, responsable último de la Mesa de Contratación, quien defendió la pasada semana la conveniencia de repetir el concurso y no adjudicarlo a Agbar por defecto, tal y como demanda la filial del grupo Suez.

Bien público

Acciona también defiende que el bien público y las delicadas finanzas de la Generalitat desaconsejan deshacer la operación, al menos hasta que el TSJC no se pronuncie sobre el fondo del asunto, ya que hasta ahora Agbar sólo ha ganado la cautelares.

En sus argumentaciones, por tanto, Acciona concluye que la eventual extinción y liquidación del contrato existente y la imposibilidad objetiva de adjudicar el contrato a Agbar determina que cualquier actuación sobre la ejecución de la resolución del OARCC debe quedar sujeta a lo que resulte de los procesos judiciales en curso.

Acciona pide a la Generalitat que “ante la posibilidad de que cualquier decisión, interina y provisional que se adopte, pueda perjudicar gravemente al servicio, mantenga los efectos del contrato, suspendiendo su liquidación, hasta que adquieran firmeza las resoluciones judiciales que resuelvan los procedimientos actualmente en vigor”. O lo que es lo mismo, pide seguir gestionando ATLL hasta que haya un fallo en firme sobre la polémica privatización.