Acciona bloquea en los tribunales la ejecución de la sentencia sobre ATLL

Acciona ha conseguido congelar en los juzgados la ejecución de la sentencia para anular las medidas cautelares que pesaba sobre la polémica concesión Aigües del Ter-Llobregat (ATLL), que había ganado la constructora de los Entrecanales.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha dictado una interlocutoria en la que tumba la pretensión de Agbar de que se anulasen las medidas cautelares y que en la práctica suponía excluir la oferta de Acciona del concurso, tal y como había propuesto el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC).

La resolución, a la que ha accedido El Confidencial, dicta textualmente “desestimar el incidente planteado por la representación de la parte demandada: SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, con respecto a la ejecución del auto dictado en esta pieza separa de tamaños cautelares”.

También condena a Agbar en costas y añade que la misma es recurrible, por lo que se puede presumir que la batalla alrededor de la privatización de ATLL no ha terminado.

En los fundamentos jurídicos, el Alto Tribunal autonómico razona que “no estamos ante la ejecución de una sentencia sino de un auto que desestima una medida cautelar. Cabe remarcar en ese sentido la naturaleza provisional y interdictal que tienen las medidas cautelares”.

También más allá del razonamiento jurídico estricto se recoge la argumentación de Acciona por la cual “la ejecución de la resolución del Órgano administrativo de recursos contractuales corresponde a la propia Administración , siendo así que dispone en este sentido de un cierto margen de discrecionalidad para decidir sobre el momento y las circunstancias de la ejecución”.

Dicho de otra manera, que la Administración catalana cuenta con un cierto margen para ejecutar las medidas cuando crea conveniente, y más teniendo en cuenta que el OARCC es parte de la propia Administración.

Aire para la Generalitat

La decisión del TSJC no sólo supone que Acciona se apunte un tanto. También da oxígeno a la Generalitat, que evita pagar 300 millones o más a Acciona y a sus socios para compensar la pérdida de esta concesión, por la que la constructora de los Entrecanales, el banco brasileño BTG Pactual y sus socios catalanes, que pagarán 995 millones de euros por el total de la concesión durante los 50 años de vida de la misma.

Esta es la privatización más importante que llevó a cabo la Generalitat. Pero cuando fue invalida por el OARCC en su calidad de organismo independiente, todo fue puesto en cuestión.

Desde que se tomó esta decisión, Agbar inició una batalla legal para intentar revertir la concesión, en un caso legal sin equivalente jurídico en España.

ATLL factura 135 millones anuales, debía 800 millones que la Generalitat pensaba amortizar con la privatización y tenían previstoinvertir 20 millones este añoen una mejora general de las infraestructuras. En principio, estos planes continúan, según la versión de Acciona.

Fuentes jurídicas cercanas a la compañía de aguas valoran que el TSJC indicara a Agbar que este tribunal no es la vía jurídica para pedir la ejecución de la resolución de la OARCC. En este sentido estaría apuntando que la petición se debe cursar a la Administración y en concreto al Departamento de Territorio y Sostenibilidad, en la medida que es la parte que debe proceder a ello. En caso de que la Administración persistiese en su postura, Agbar podría actuar por administrativa a través de este mismo tribunal o bien por vía penal ante la existencia de eventual delito de prevaricación.