La Generalitat aparca por el momento su plan de privatización de las depuradoras

La Generalitat ha aparcado la privatización de las depuradoras de Cataluña que era el eje principal de sus previsión de ingresos extraordinarios en los Presupuestos del 2014. La operación era muy importante pero ha topado con diversos problemas jurídicos, según han señalado fuentes conocedoras de la operación.

Los ingresos previstos por la privatización oscilaban entre los 900 millones y los 1.300 millones, según las previsiones. Y era una gran operación sólo comparable a la de ATLL. En la práctica, suponía la mitad de los 2.300 millones previstos como ingresos extraordinarios en los Presupuestos de 2014 que impulsó el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell.

Portavoces de la conselleria mantienen que el departamento todavía no ha abandonado la privatización de las 440 depuradoras catalanas sacando a concurso la concesión de su gestión. Sin embargo reconocen que se han encontrado problemas y que la operación es compleja.

En cambio otras fuentes del sector concesional que estudiaron la operación en una fase embrionaria aseguran que el proyecto ha topado con dos grandes problemas: no todas las depuradoras son propiedad de la Generalitat, sino que muchas están controladas total o parcialmente por ayuntamientos y por consejos comarcales. Además, algunas de estas entidades ya habían concesionado algunas de estas depuradoras, por lo que la administración catalana debería primero que rescatarlas antes de volver a licitarlas. En pocas palabras: un laberinto jurídico ingobernable.

Cuando el equipo de Mas-Colell asegura que la privatización de depuradoras todavía se contempla, no mienten, pero ya no se tratar de una gran operación en bloque. En todo caso, se estudia aplicarla a algunas depuradoras en concreto, las más grandes y cuya titularidad sea indiscutiblemente de la administración catalana. Pero eso estará muy lejos de los objetivos financieros que se había marcado el Presupuesto de 2014.

Alternativas a tener en cuenta

Ante la paralización de la concesión de las depuradoras, la Generalitat se plantea como substituir estos ingresos atípicos. La solución pasa por muchas pequeñas concesiones, atomizadas pero factibles en las que se sacarían a concurso cualquier tipos de servicios.

Este proceso ya ha comenzado. Esta semana el Consell Executiu aprobó encargar a la empresa pública Ifercat la tramitación de un nuevo sistema de distribución eléctrica que mejore la eficiencia energética en el Metro de Barcelona, mediante la extensión de la red eléctrica de la L9 en el resto de la red que gestiona TMB.

Esta actuación permitirá optimizar el mantenimiento y explotación de esta red de transporte público, reducir el gasto eléctrico más de 10 millones de euros al año y mejorar rendimiento de la infraestructura de la L9 . Se trata de un estudio y todavía no se ha tomado una decisión al respecto.

El proyecto consiste en la reconfiguración de dos subestaciones receptoras de la L9 (con red de distribución propia), ubicadas en Sagrera y Zona Franca, y la implementación de una nueva red de distribución para que alimenten también la resto de la red de Metro . Esta concesión tendría un presupuesto de cerca de 60 millones.

El chocolate del loro

Desde la oposición se critica que esta estrategia es el chocolate del loro, y que no podrá servir para cubrir los ingresos atípicos que precisa la Generalitat para este año. Mas-Colell replica en estos casos que lo que la Generalitat necesita es “un ejército de loros”, describiendo la miríada de pequeñas concesiones con las que quiere compensar la operación de las depuradoras. También porque se considera que al trocear la concesión de activos.

En la venta de edificios, la Generalitat ya está troceando los paquetes que inicialmente iban a salir al a venta en bloque para maximizar el valor. Así lo hizo con dos inmuebles vendidos a grupos catalanes a mediados del mes de abril. El problema de esta estrategia de segregación es que el paquete principal pierde valor, al segregar las joyas.

Dudas sobres estos ingresos

Por tanto es dudoso que la Generalitat pueda conseguir los 2.300 millones previstos. También lo es la bondad de estas prácticas si se han prolongado en exceso en el tiempo. Y 2014 es el tercer año en que se utiliza la venta de patrimonio para cubrir el gasto corriente, lo que a lago no beneficiará a la administración catalana. Y serán cuatro años si en 2015, como se teme por la compleja situación política catalana, finalmente se prorrogan de nuevo los Presupuestos.

En la práctica la Generalitat sólo puede contar con 400 millones por la venta de edificios. Ciertamente, puede que no se necesiten tanto por la mejora de la economía catalana.

La Generalitat presupuestó que el PIB crecería un 0,9% pero ahora oficiosamente la previsión se ha elevado a 1,3%. Esta diferencia de 0,4 puntos supondrá unos mayores ingresos fiscales que no estaban previstos. Si además se cuenta con otros 400 millones procedentes de la venta de inmuebles, quedan más de 1.500 millones para cubrir con las pequeñas concesiones de servicios directos. Mucho dinero para operaciones tan reducidas.