Montoro tendrá que bendecir la marcha atrás de la Generalitat en el caso ATLL

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tendrá que bendecir la marcha atrás que la Generalitat quiere hacer en la privatización de la empresa pública Aigües del Ter Llobregat (ATLL), a causa de los problemas de contabilidad pública que se derivan de la revisión administrativa de esta concesión.

Según fuentes cercanas a la administración catalana, la Generalitat ya descuenta que tendrá que elevar una consulta a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que depende del Ministerio de Hacienda, para solventar los problemas de contabilizar retrotraer la privatización que en 2012 ganaron Acciona y el banco brasileño BTG.

El IGAE es el órgano de control interno de la gestión económico-financiera del sector público. Pero el IGAE también fiscaliza la contratación administrativa. Así, todos los contratos de más de 50.000 euros en los que alguna administración sea parte deben ser inspeccionados por un interventor.

La razón de recurrir al IGAE es técnica, pero de fuerte calado económico. Cuando se privatizó ATLL en diciembre de 2012, se ingresaron 298 millones pero se contabilizaron ese ejercicio un total de 995 millones, los ingresos totales previstos para Generalitat durante toda la vida de la concesión, algo que permitía entonces la normativa contable en vigor, la SEC 1995.

Pero a partir del pasado 1 de septiembre entró en vigor un nuevo sistema, la SEC 2010, que en caso de rectificación del proceso, supondría que la Generalitat podría desconsolidar los 995 millones en 2012, pero no volver a apuntárselos posteriormente, ya que con la nueva normativa sólo se contabilizarían los 298 millones de ingresos.

La consulta de la Generalitat al IGAE iría en este sentido: cómo evitar que la subsanación de la privatización le provocase a la administración catalana un agujero añadido de 697 millones en sus ya maltrechos números. No se descarta, tampoco, pedir una excepción a Bruselas.

Revisión en marcha

Este impedimento contable reforzaría la pretensión de Acciona de seguir gestionando ATLL pese a los reveses judiciales. Pero la pasada semana se constituyó la Mesa de Contratación para poner en revisión la concesión, que se hará sobre todo dando prioridad a garantizar el servicio a los usuarios.

En todo caso, el agujero contable que le generará retrotraer la privatización es sólo uno de los problemas que ha de afrontar la Generalitat en el tema de ATLL, que se ha convertido en un verdadero campo de minas para el Govern.

Reclamaciones

Entre otros problemas, la Generalitat tiene que solventar que Agbar, cuya ofensiva judicial ha llevado a esta situación, aporte los 295 millones que permitirían una cierta neutralidad financiera en la salida de Acciona.

Pero los Entrecanales tienen otros planes: pedir daños y perjuicios y exigir también el lucro cesante para los socios del consorcio que ahora se cuestiona, lo que supondría ingresar los 995 millones. Con lo que una batalla legal llevará a otra. En cualquier caso, una catástrofe económica para la Generalitat.