Nuevo varapalo del Tribunal Supremo a la Generalitat en la privatización de ATLL

Nuevo varapalo del Tribunal Supremo a la Generalitat a cuenta de la batalla legal por la empresa pública Aigües del Ter Llobregat (ATLL), cuya privatización ha terminado en una correosa batalla jurídica de todos contra todos.

Como ya se preveía, el Supremo ha rechazado el recurso de casación con el que la Generalitat había intentado que no se cumplieran las medidas cautelares que se otorgaron a Agbar en el caso ATLL. Era previsible porque el alto tribunal ya había fallado en el mismo sentido contra el intento en idéntica dirección del banco brasileño BTG Pactual.

BTG Pactual y el grupo Acciona, junto a socios minoritarios catalanes, ganaron la privatización de ATLL a finales del 2012, pagando 300 millones por la primera parte de la operación. Pero esta venta fue invalidada por un organismo independiente de la Generalitat, el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC). A partir de aquí, Agbar, que había perdido el concurso, inició una batalla legal contra la Generalitat y contra Acciona para que se anulase el concurso y se acatase la decisión de la OARCC que tutela todos los concursos públicos de las administraciones catalanas, y que la ley contempla como vinculante.

Este último fallo no aporta nada nuevo, básicamente porque la Generalitat sigue alegando que no retrotraerá la adjudicación hasta que, como mínimo, haya una sentencia sobre el fondo de la cuestión. Y recuerda, tal y como hacen también Acciona y sus socios, que si bien hasta ahora los tribunales les han sido contrarios, lo han hecho en fallos que versan sobre las medidas cautelares y no sobre el meollo del asunto.

El pleito sobre dicho fondo de la cuestión se dirime en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y su decisión todavía puede tardar meses. En todo caso sería una decisión recurrible con lo que, según la actitud que tomen las partes, la judicialización de este caso puede tardar años.

La nueva sentencia, en todo caso, refuerza la posición de Agbar que se ha negado a pagar los servicios que le otorga ATLL. Por ahora le adeuda más de 9 millones de euros, lo que tensiona más la caja de ATLL y que se depositan en una cuenta bajo control notarial, ya que se considera que Acciona está dando su servicio en condiciones de alegalidad.

La Generalitat, cuestionada

La Generalitat, que en caso de que se confirme la actual evolución en los tribunales debería pagar a Acciona y sus socios más de 300 millones, queda muy cuestionada en la nueva sentencia del TS. Entre otras cosas, se denuncia que “todo el perjuicio económico que en este punto nos ocupa deriva de una actitud de la Administración difícilmente explicable, y no explicada en términos convincentes en el recurso, al formalizar el contrato en un momento en que era inminente la decisión del recurso especial ante el OARCC”. De este modo, acusa a la Generalitat de precipitarse en la privatización de su gestora de agua.

En el fallo también se pone de manifiesto que “en esta situación no sirve de excusa el retraso del OARCC”. Y añade que “tal actitud tiene toda la apariencia de una especie de carrera con el OARCC en un intento de anticipar a la decisión de dicho órgano un hecho consumado”.

Pese a las repetidas sentencias que han criticado la manera en que se llevó a cabo la privatización, nadie en la Generalitat ha asumido la responsabilidad por este fiasco. El Supremo todavía no se ha pronunciado sobre el recurso interpuesto por Acciona, que sigue pendiente, pero es previsible que lo haga en el mismo sentido que las dos veces anteriores.