Acciona prepara su batería legal para exigir 1.000 millones a la Generalitat por ATLL

Acciona prepara su batería legal para reclamarle a la Generalitat 1.000 millones de euros por el fiasco de Aigües del Ter-Llobregat (ATLL), según han señalado fuentes financieras y legales cercanas a la constructora. Tras dos años de pleitos que han acabado en que la Administración catalana revise la adjudicación, ahora el precio del divorcio se dirimirá, también, en los tribunales.

Si los Entrecanales son famosos por algo en el mundillo financiero es por sus muy rentables retiradas. La más conocida fue su salida del capital de Endesa en 2009, cuando consiguieron unas plusvalías de 1.700 millones tras permanecer sólo 16 meses en el capital de la eléctrica.

Este fin de semana la Generalitat anunció que convocaba la Mesa de Contratación para revisar la controvertida adjudicación de ATLL a Acciona y al banco brasileño BTG Pactual. Esto se producía después de diversas sentencias que daban la razón al Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC) y a Agbar, que había estado pleiteando contra la decisión.

Acciona y BTG llevan en ATLL desde finales del 2012. Han pagado 300 millones de euros, que la Generalitat está dispuesta a devolver a los inversores. Pero Acciona quiere más: para empezar, los costes financieros asumidos hasta ahora. Y para terminar, el lucro cesante de la operación. Todo sumaría más de 1.000 millones de euros.

La Generalitat, por segunda vez, no ha provisionado en los Presupuestos del 2015 –que actualmente se negocian en el Parlament– partida alguna para pagar por una posible indemnización por la privatización. De hecho, cuenta con que Agbar y otros posibles socios sean los que aporten los 300 millones para asumir la gestión de esta empresa pública.

Sin embargo, la empresa que preside José Manuel Entrecanales quiere mucho más. En un comunicado este fin de semana Acciona señalaba que “se reserva a todos los efectos las acciones legales que a su derecho convengan en defensa de sus legítimos intereses, las cuales ejercerá y continuará ejerciendo en todas las instancias hasta que sus derechos reconocidos sean definitivamente ratificados o resarcidos, con la exigencia de las responsabilidades que en cada caso procedan".

La Generalitat gana tiempo

Con la convocatoria de la Mesa de Contratación, en esencia, la Generalitat gana tiempo. Fuentes cercanas a la Administración señalan que la decisión no será rápida y que se dará prioridad a garantizar los derechos de los usuarios. En medios del PSC se considera que la Mesa en cuestión ni siquiera es el órgano pertinente para revertir la concesión.

En todo caso, el cambio no afectará a otras situaciones vinculadas como la emisión de bonos por valor de 850 millones de la empresa Aguas de Barcelona Mixta, que formaba parte del proyecto de privatizaciones de la Generalitat. Esa operación sigue bloqueada.

La batalla del lucro cesante

Mientras, el grueso de la batalla legal entre Acciona y la Generalitat se dará por los 700 millones de euros del lucro cesante. Pero tras los reveses en Tribunal Supremo, la Generalitat podría estar obligada a excluir a Acciona para dar cumplimiento a la resolución del OARCC, según algunas lecturas jurídicas.

La Mesa estudiará el abanico de posibilidades y se decantará por la más barata para la Generalitat. Por ejemplo, si el contrato es nulo dado que el OARCC observó la irregularidad. Jurídicamente, una opción es adjudicar a Agbar, pues no cabría una reevaluación de las ofertas. Si los miembros de la Mesa de Contratación modificaran las valoraciones que en su día hicieron de la oferta de Agbar, estarían actuando en contra de sus propios actos. Sin embargo, también podría celebrarse otro concurso.