Mas avisa por carta a los ganadores que la privatización de ATLL puede anularse

La Generalitat ha remitido una carta a los socios de los actuales gestores de Aigües del Ter Llobregat (ATLL) en donde plantea la posibilidad de anular la privatización y de devolverles a los actuales ganadores, Acciona y el banco brasileño BTG Pactual, los 298 millones que abonaron por el primer tramo de la operación, en caso de que el Tribunal Supremo sea contrario a la venta.

La carta está fechada el 5 de julio de este año y en ella se pone de manifiesto que el consorcio ganador en caso de retirada de la concesión "deberá ser indemnizado por daños y perjuicios, de acuerdo con el contrato de concesión", según ha informado el banco brasileño BTG Pactual en su presentación de resultados del primer semestre del ejercicio en curso.

A pesar de que el informe de resultado semestral ha sido entregado a las autoridades bursátiles brasileñas y al resto de inversores, fuentes de la conselleria de Economía de la Generalitat han asegurado que "no les consta" la existencia de esta carta y, por tanto, nada de su contenido.

Consultados diversos consellers, los mismos han asegurado a El Confidencialque el Consell Executiu tampoco ha sido informado de la existencia de esta misiva, si bien se presentó un dictamen con los diferentes escenarios jurídicos que se contemplaban, entre ellos que el Tribunal Supremo no admitiese a trámite el recurso de la Generalitat por su tradición en no entrar en temas autonómicos.

La privatización de la ATLL por 995 millones de euros fue la más importante que se llevó a cabo en toda España el año pasado. Pero cuando la propia Generalitat la anuló y Agbar, que lideraba el consorcio perdedor, recurrió en los tribunales, todo el proceso se empantanó.

La crisis es tal que hoy mismo se reúne la Mesa del Parlament para decidir si los consellers de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, y el de Economía, Andreu Mas-Colell, comparecen ante la cámara catalana para dar explicaciones después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya anulado la venta de la compañía de agua.

En la carta a los socios, siempre según el informe de resultados de BTG Pactual, se declara que "el Consorcio ganador tiene derechos legales y contractuales de obtener una indemnización por la pérdidas sufridas". Además de esta indemnización, se señala que también estaría garantizado "obtener el reembolso de la cantidad abonada por la concesión".

Los Entrecanales ganan o ganan

Traducción: se recuperarían los 298 millones a los que habría que añadir, además, los daños y prejuicios. De manera que si ganan el juicio, Acciona y BTG Pactual ganan; pero si las sentencias les son contrarias, también ganan porque la Generalitat pierde… y paga. BTG utiliza la carta de la administración catalana, entre otras cosas, para justificar que no es necesario hacer ninguna provisión por las incertidumbres judiciales del caso.

La misiva remitida por la Generalitat también señala que el actual consorcio ganador sólo devolvería la concesión de ATLL una vez percibida la cantidad invertida y la parte no amortizada del canon de concesión. La mera existencia de la carta refleja que la Generalitat ve el tema de ATLL muy cuesta arriba. De hecho, la conselleria de Economía ya ha reservado 300 millones de su caja para tener que hacer frente al pago, un extremo que el departamento de Economía también se empecina en no confirmar alegando que "nunca hacemos comentarios sobre la gestión de tesorería".

Panorama judicial

BTG Pactual y Acciona tienen cada uno el 39% de ATLL. El resto está en manos de socios minoritarios catalanes. El banco brasileño asegura en su informe financiero que la posibilidad de una derrota en los tribunales es "un escenario remoto". Pero la manera en que lo detalla y las referencias a la carta dan a entender otra cosa. Igual que la cuestión de si los fallos del TSJC son de obligado cumplimiento o se puede esperar a que el Supremo se decida. como alega la Generalitat. En sus resultados semestrales Acciona entiende que no, pero también apunta a que sería una opinión discutible y en medios jurídicos se da por hecho que la obligatoriedad de ejecución de la anulación es el nuevo caballo de batalla legal de Agbar.

La judicialización de este caso resulta un mal precedente cuando la Generalitat estudia llevar a cabo nuevas privatizaciones a las que quiere atraer a inversores internacionales. Por ahora todas las sentencias del TSJC han sido contrarias a Acciona y BTG y a la propia Generalitat, que se ha personado, recurriéndose a sí misma, en una pirueta legal que introduce el caso en un escenario más cercano al surrealismo que al de los litigios legales.

Escándalo político

Habrá que ver si Andreu Mas-Colell aclara algo más cuando comparezca en el Parlament. Santi Vila, poco podrá añadir ya que el conseller de Obras Públicas que bendijo la operación y avaló la alternativa de Acciona no fue él sino Lluís Recoder. Pero Recoder dejó el gobierno cuando Mas rehizo el ejecutivo tras las elecciones y Leonard Cargolé, director de la Agencia Catalana del Agua (ACA) y redactor del pliego del concurso hizo lo propio meses después. Total, la mayor privatización de la Historia de la Generalitat naufraga y la culpa no es de nadie.