La Generalitat revisará la adjudicación de Aigües del Ter Llobregat (ATLL)

La Generalitat dará los primeros pasos para revisar la adjudicación de Aigües del Ter Llobregat (ATLL), según fuentes de la administración catalana. En la práctica, esto supone abrir la puerta para revisar la privatización de ATLL que fue otorgada a Acciona, el banco brasileño BTG Pactual y algunos socios minoritarios catalanes hace más de dos años.

Este primer paso será la convocatoria de la Mesa de Contratación que adjudicó la ATLL, un proceso que está empantanado en los tribunales desde hace dos años y en el que la Generalitat ha recibido diversos reveses judiciales, sobre todo en las cautelares en donde Agbar se ha apuntado diversas victorias. El conseller de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, ha confirmado que se convocará la mesa este mismo lunes para dar cumplimiento a la resolución del Organismo Administrativo de Recursos de Contractuales de Catalunya que vetó la concesión.

ATLL se adjudicó a Acciona y sus socios a finales del 2012. Pero días después de que la Generalitat ingresase 300 millones de euros por esta privatización, el organismo independiente de la administración catalana que tutela la contratación pública -el Organismo Administrativo de Recursos de Contractuales de Catalunya (OARCC)- cuestionó el concurso e invalidó la oferta de Acciona. Esto le permitió a Agbar, que había perdido en la puja, iniciar una batalla legal que ha sumido la principal privatización de la Generalitat en una gran incertidumbre.

La Mesa de Contratación es el órgano competente para la valoración de las ofertas públicas. Hay que constituirla siempre en los procedimientos abiertos, en restringidos y en negociados con publicidad, pero también en caso de revisión de una adjudicación. Este organismo es potestativo en los procedimientos negociados en que no sea necesario publicar anuncios de licitación.

Fuentes de la Generalitat han declinado hacer declaraciones al respecto. Pero el propio conseller de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, abrió la puerta esta semana a estudiar una revisión de la concesión después de los últimos reveses judiciales. Vila explicó que este proceso supondría un nuevo concurso para una nueva adjudicación. La Mesa se convocará antes de final de año pero la decisión final tardará más.

Garantía para los usuarios

La Mesa de Contratación no convocará un nuevo concurso de manera inmediata, según han señalado fuentes conocedoras de los procesos interdepartamentales de la Generalitat. Uno de los principios será garantizar el mantenimiento del servicio para los usuarios, lo que implica que no se revoque el concurso de forma precipitada.

Por el contrario, se establecerán garantías de continuidad y se buscará la manera para llegar a un acuerdo satisfactorio con Acciona, BTG y el resto de los socios, de manera que la salida de los actuales administradores sea lo menos traumática posible.

La convocatoria de la Mesa supondrá el final de las diferencias de criterio entre el conseller Santi Vila, partidario de revisar el contrato, y del de Economía, Andreu Mas-Colell, que hasta ahora siempre había defendido que había que esperar a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que todavía puede tardar meses. Tanto la conselleria de Economía como la de Territori forman parte de la Mesa de Contratación.

Tensión financiera

Mientras esto ocurre, la tensión financiera entre ATLL y sus gestores (Acciona) con Agbar es grande. Agbar ha consignado más de 9 millones que debía pagar a ATLL por sus servicios en una cuenta bajo tutela notarial, aduciendo que con las sentencias de la cautelares ya no está obligada a abonar estas cantidades.

Acciona y BTG Pactual han presentado un recurso de apremio ante la Generalitat para cobrar estos fondos. Precisamente la revisión del proceso implicará llegar a un acuerdo con Acciona. La constructora de los Entrecanales tendrá derecho a, como mínimo, recuperar los 300 millones que desembolsó por la privatización. Pero si exige el lucro cesante –los futuros ingresos perdidos– la cantidad podría ser muy superior, hasta casi los 1.000 millones.

Sin lucro cesante

Una de las claves de este proceso será la capacidad de la Generalitat de moverse entre bastidores y poder pactar una salida airosa para todas las partes. La Generalitat cuenta con reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo para no abonar este lucro cesante. En una reciente sentencia, por un conflicto entre Isolux y el Ayuntamiento de Os Praceres (Pontevedra) por la gestión de una depuradora, el altor tribunal se decantó a favor del municipio para que no pagase 2 millones de euros en concepto de lucro cesante.

Si la nulidad de un contrato de servicios públicos conllevase la exigencia de indemnizar por el lucro cesante, “se llegaría a la situación paradójica de que desde el punto de vista de las obligaciones nacidas del contrato, la anulación de éste y su validez generarían iguales efectos, pues si la anulación del contrato y, en consecuencia, la de las obligaciones derivadas del mismo, produce en cuanto a estos el efecto de establecer como indemnización por su incumplimiento el deber de abono del lucro cesante que se hubiese obtenido del cumplimiento de la obligación, a la postre la parte perjudicada por la anulación del contrato percibiría de la contraria el mismo beneficio que si el contrato hubiese sido válido”, afirmó el Tribunal Supremo en este fallo, en el sentido de que anular un contrato no puede tener las mismas consecuencias que si sigue adelante.