Los socios de Entrecanales reclaman un pacto para desactivar la 'bomba' del ATLL
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lA GENERALITAT SIGUE DANDO LARGAS A LA CRISIS

Los socios de Entrecanales reclaman un pacto para desactivar la 'bomba' del ATLL

La fallida privatización de Aigües del Ter Llobregat (ATLL) es una bomba de relojería y algunos quieren desactivarla. Es lo que plantea BTG Pactual a Acciona.

placeholder Foto: El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales. (Reuters)
El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales. (Reuters)

La fallida privatización de Aigües del Ter-Llobregat (ATLL) es una bomba de relojería, y algunos quieren desactivarla. Es lo que ha propuesto el banco brasileño BTG Pactual a Acciona: llegar a un acuerdo con la Generalitat y con Agbar para buscar una salida al conflicto. Pero Acciona se ha negado, en parte porque la estrategia de la Generalitat de ganar tiempo sin tomar decisión alguna juega a su favor.

Fuentes cercanas a los dos grupos han explicado que el presidente de BTG Pactual, Andrés Santos Esteves, mantuvo una reunión con el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, aprovechando que ambos coincidieron en la cumbre de Davos el pasado mes de enero. En esta reunión en Suiza se propuso buscar una fórmula para alcanzar un pacto y zanjar la crisis de ATLL, alternativa que fue rechazada de plano por Entrecanales.

Fuentes de BTG Pactual han declinado comentar la reunión de Davos. Se han limitado a señalar que “nos gusta mucho tanto la compañía como la concesión. Nuestra intención es permanecer en ATLL". Fuentes de Acciona no han hecho declaraciones al respecto.

La gestión de ATLL fue privatizada por la Generalitat a finales del 2012 por 995 millones. Acciona mantiene un 39% del consorcio gestor ganador, lo mismo que BTG Pactual. El restante 22% se reparte entre las familias catalanas Godia y Rodés. La concesión se malogró desde que un organismo regulador interno de la Generalitat la puso en cuestión y Agbar, que había perdido el concurso público, inició una batalla legal que ha desembocado en la actual crisis.

La postura de Entrecanales está apoyada por la propia estrategia dilatoria de la Generalitat. Aunque el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, anunció que se convocaría la Mesa de Contratación para revisar la privatización de ATLL, lo cierto es que dos meses después de esta declaración la Mesa no se ha reunido ni una sola vez. Fuentes de la Conselleria de Territorio han alegado que hace falta estudiar la documentación antes de que las reuniones se hagan efectivas.

Otras fuentes legales conocedoras del conflicto apuntan a que la intención de la Generalitat es no tomar ninguna decisión hasta después de las elecciones autonómicas, anunciadas por Artur Mas para el próximo 27 de septiembre. Revocar la concesión y pagarles a Acciona y el resto de socios los más de 300 millones que ya han abonado no sería lo más popular para ganar unas elecciones que ya pintan muy mal para CiU.

Derecho al pataleo

En este panorama, en Agbar ya se han desatado todas las alarmas. Por eso, Agbar ha solicitado ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) el amparo para que se aparte a Acciona de la gestión de ATLL.

Cada día que pasa, Acciona puede solicitar más dinero de lucro cesante, algo que los Entrecanales ya están preparando. Y sobre todo, siguen facturando del negocio del agua en alta en Cataluña. La pretensión de Agbar es que se les adjudique la gestión de ATLL por haber quedado segundos en el concurso público. La de Acciona, seguir gestionando la empresa pública hasta que el TSJC entre sobre el fondo de la cuestión.

La situación, en esencia, está estancada. La opción del pacto de BTG podría desbloquearla, pero el calendario político en Cataluña no ayuda. Incluso economistas muy cercanos a Artur Mas, como Germà Bel, están abogando para que el actual impasse en ATLL se aproveche para retrotraer la privatización y mantener la titularidad pública, algo que ha defendido en un artículo en La Vanguardia. Esta opción daría votos antes de las elecciones autonómicas, pero iría en contra tanto de los intereses de Agbar como de los de Acciona. Pero no queda claro cómo se abonarían los costes de la marcha atrás: como mínimo 300 millones, que deberían salir de unas arcas de la Generalitat que siguen bajo mínimos. Y eso que Acciona y sus socios planean exigir mucho más en caso de que todo se tuerza.

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