Abertis, Agbar y Saba, los satélites de La Caixa, advierten contra el órdago secesionista
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Abertis, Agbar y Saba, los satélites de La Caixa, advierten contra el órdago secesionista

A través de la Cámara de Concesionarios CCIES, varias de las principales empresas del grupo Caixa advierten sobre las nefastas consecuencias económicas que se pueden derivar del manifiesto del 9-N

Foto: Sede de Caixabank
Sede de Caixabank

La Cámara de Concesionarios y Empresas vinculadas al Sector Público en el ámbito de las Infraestructuras, los Equipamientos y Servicios Públicos (CCIES) acaba de tomar postura contra el órdago secesionista lanzado por el Gobierno catalán y, en un escrito oficial, advierte al Ejecutivo de Artur Mas acerca del negro futuro que se avecinaría sobre la región si cumple lo recogido en el punto nueve de la declaración de independencia realizada este 9-N, en el que se sostiene que “el futuro Gobierno impulsará la renegociación de todas las financiaciones estructuradas”.

El comunicado de CCIES cobra especial importancia porque entre sus asociados figuran los principales satélites empresariales de La Caixa, como Abertis, Agbar o Saba, además de gigantes como Alsa, Grupo Mémora, Ribera Salud o Vitalia. Aunque todos ellos han cuidado las formas a la hora de subrayar que su escrito se refiere "única y exclusivamente" a lo relativo al punto nueve, también dejan clara su "preocupación ante la aprobación, en el día de ayer, del anexo a la declaración del proceso de creación de un Estado catalán independiente".

La Cámara advierte de que este punto se interpreta como "una revisión de la deuda que afecta a aquellas financiaciones que van asociadas a la prestación de servicios públicos, algunos de ellos básicos", un hecho inédito en la historia de la Europa comunitaria, ya que "ni siquiera en los peores momentos de la crisis de Grecia, en que se llegó a plantear una salida del euro del país", se puede encontrar una iniciativa semejante.

El alcance de la amenaza que se cierne sobre Cataluña afecta no solo a los "contratos y concesiones de las grandes infraestructuras que prestan servicios públicos de movilidad o comunicación, sino también a los principales equipamientos socio-sanitarios, deportivos, de seguridad, servicios municipales, culturales, educativos, entre otros", señala el escrito.

Suma y sigue, porque esta medida podría suponer al futuro Gobierno de la Generalitat "una judicialización de las consecuencias del mandato encomendado, asi como un cierre del acceso a financiación internacional y un desprestigio de magnitud y duración inimaginable".

Dentro del tono conciliador que a lo largo de todo este proceso ha intentado mantener el mundo empresarial catalán, CCIES "invita a la mesa del Parlament" a contrastar la idoneidad de esta medida con los organismos pertinentes y con personas independientes, y "apela a la reflexión, la conciencia y la responsabilidad pública, con el objetivo de evitar causar daños irreparables a Cataluña, a su seguridad jurídica y prestigio internacional, así como a los servicios públicos que presta a sus ciudadanos".

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