La maraña de intereses y dinero público que esconde la 'guerra del agua' de Ada Colau

Más de 589.000 euros es lo que se ha embolsado la plataforma Enginyeria Sense Fronteres (ESF) solo de fondos públicos del Ayuntamiento de Barcelona desde el año 2015. Ese dinero corresponde a una decena de adjudicaciones, la mayoría de las cuales van dirigidas a minar la imagen pública de las compañías de servicios de Barcelona para justificar una remunicipalización de los mismos.

En esta guerra, sin embargo, existe un trasfondo con inquietantes claroscuros: ESF está estrechamente vinculada al concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Eloi Badia, ya que este fue durante ocho años (hasta que entró de concejal) uno de sus máximos responsables. Y ahora es utilizada como punta de lanza para minar a los potenciales ‘enemigos’ de la alcaldesa. Se trata de una historia que se resume en una estrategia: una empresa de la confianza de los cargos políticos (en este caso, incluso con vinculaciones directas) recibe cuantiosos fondos para realizar informes que luego son utilizados por el ayuntamiento para quebrantar la imagen de sus enemigos y que también son presentados en jornadas y mesas redondas, así como en foros internacionales. De ese modo, la guerra personal de la alcaldesa troca en campaña oficial de todo el ayuntamiento, que utiliza los informes de las ‘empresas amigas’ para arremeter contra sus competidores.

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A. Fernández. Barcelona

Desde que llegó al Ayuntamiento, Badia, con el auspicio de Ada Colau, intentó crear empresas públicas tanto de energía como de gestión de agua, lo mismo que planeó una funeraria pública (aunque en la gestión de un derrumbe de nichos en Montjuïc, el ayuntamiento demostró su escasa preparación en este terreno). Pero el principal caballo de batalla es el del agua, que era la especialidad del concejal. Lo malo es que el Tribunal Supremo falló hace escasas semanas a favor de Agbar, dando por buena la gestión de la compañía mixta con la que se abastecen del líquido elemento la capital catalana y su conurbación. Fue uno de los principales reveses de la alcaldesa desde el inicio de su mandato, que se limitó a poner en cuestión a los jueces y luego fue reprendida con dureza por las asociaciones profesionales..

Pero ello no es óbice para no cejar en el empeño (de la misma manera que no ha dejado de encargar informes para justificar la construcción de un tranvía que atraviese Barcelona por la Diagonal). ESF ya se embolsó más de 589.000 euros del consistorio barcelonés con proyectos como ‘El derecho universal en los servicios básicos de agua y energía garantizando un modelo de gobernanza equitativo en la ciudad de Barcelona’ (72.000 euros), ‘La relocalización energética en Barcelona. Hacia un modelo de ciudad más justa con el sur global’ (111.407 euros) o ‘Contribuyendo a un cambio en el modelo municipal para el acceso universal a los servicios básicos’ (28.530 euros).

Más de un millón de euros públicos

Al margen, ESF también recibió en ese periodo más de 258.000 euros de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD), así como 50.000 euros de la Diputación de Barcelona, 30.000 euros del Ayuntamiento de Tarragona o 26.000 euros más del Ayuntamiento de Girona. En total, la plataforma se benefició con más de 1.054.000 euros de una treintena de contratos públicos en solo cuatro años. Pero esto es lo que hace referencia a una sola organización. Otras entidades y asociaciones similares han venido recibiendo también cuantiosos fondos públicos en esta descarnada guerra de Colau contra Agbar, Endesa y Gas Natural, lo que suma millones de euros de fondos públicos para la práctica de un adoctrinamiento que tiene por objetivo remunicipalizar los servicios (que luego pueden ser oportunamente externalizados).

En los últimos tiempos, la compañía Agbar ha estado en la diana de varios de los trabajos realizados para el ayuntamiento que dirige Colau. De hecho, ESF recibió hace poco una beca de 20.000 euros para desacreditar a la compañía del agua. Los fondos provenían de una plataforma subvencionada por el Ayuntamiento de Barcelona y en las bases del concurso se especificaba quién era el enemigo a batir.

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EFE

En diciembre de 2017, se inició ya un proyecto para desacreditar directamente a Agbar. Se destinaron 33.125 euros al mismo. Además de crear una web para publicitar el trabajo, la intención era realizar jornadas “relacionadas con los servicios básicos”, en las que presuntamente se habrían de formar 80 barceloneses en “alternativas de modelos de gestión”.

En la justificación del proyecto, el ayuntamiento barcelonés incidía en que “las empresas Endesa, Unión Fenosa-Gas Natural, Iberdrola o Agbar son responsables del impacto negativo de las poblaciones vulnerables (tanto en el norte como el sur global), generando anticooperación”. Y acusaba directamente a Agbar de “generar un aumento abusivo de los precios del agua, de deteriorar los acuíferos por sobreexplotación y de utilizar prácticas poco éticas para mantener el monopolio del agua en el país”, respecto a un proyecto en México.

Por si fuera poco, acusaba a la compañía de que “en Barcelona, la falta de acceso a suministros básicos afecta a toda la ciudad, no únicamente a los barrios marginales, provocando que las familias reduzcan el acceso a los servicios básicos para no incurrir en facturas elevadas”.

Una enmarañada red de intereses políticos

También preveía “la participación y promoción de plataformas” en favor de las tesis municipales, “fortalecer la incidencia política y la movilización ciudadana” y la realización de “campañas de denuncia respecto de la impunidad de las transnacionales y tratados de libre comercio”. En cartera había un mínimo de 10 reuniones de incidencia política con instituciones de distinto nivel (local, autonómico y estatal) y dos reuniones internacionales para hacer de altavoz de esas denuncias.

Otro de los objetivos era implicar en esta lucha a otros ayuntamientos cercanos a Barcelona y a Enginyeria Sense Fronteres (ESF) y la plataforma Aigua és Vida como agentes dinamizadores. Ambas organizaciones están estrechamente vinculadas entre sí y uno de sus máximos responsables durante siete años fue el actual concejal del ramo, Eloi Badia, lo que arroja una sombra de duda sobre la limpieza ética de las adjudicaciones de dinero público.

El objetivo de esta 'guerra' es “participar e incidir en la promoción y construcción de un nuevo modelo de gobernanza democrática y apostar por un modelo de gestión de bienes públicos, como la energía, el agua y el saneamiento, para que sean gestionados de manera democrática y garantizando la participación ciudadana”.

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EC

En otro proyecto de 37.500 euros adjudicado en 2018, iniciado justamente al terminar el anterior, se da a ESF el poder para continuar con la investigación. En la memoria justificativa del proyecto, el Ayuntamiento de Barcelona destacaba que el TSJC había fallado en contra de la empresa mixta que abastece de agua a Barcelona (el Supremo acaba de fallar en sentido contrario, dando la razón a Agbar frente al ayuntamiento) y aseguraba que se había constituido ya “una plataforma ciudadana para remunicipalizar el agua en la ciudad”. Afirmaba, asimismo, que “existe una vulneración de derechos en servicios básicos que son causados por las empresas transnacionales, donde el problema esencial está en las políticas, el modelo de toma de decisiones y una ausencia en la legislación de los derechos humanos. Y apuntaba directamente a Agbar, Endesa y Gas Natural como transnacionales creadoras de 'lobbies' que vulneran derechos ciudadanos.

Los objetivos de esta nueva campaña eran poner en el centro de la agenda política el modelo de gestión de agua y energía y sensibilizar a la ciudadanía con una fuerte campaña de comunicación. Los actores dinamizadores, además de ESF, que es quien se adjudicó el premio, eran Aigua és Vida, la Xarxa per la Sobirania Energètica, la Alianza contra la Pobreza Energética, Som Energia, AMAP y Energy Cities. Las tres primeras de esta lista también han estado vinculadas al concejal Badia. A nivel internacional, contaba con el apoyo de Energy Democracy, Dismantle Corporate Power, GWOPA y Campanya pel Tractat Vinculant.

Espías en plataformas ciudadanas

En 2019, otra campaña otorgó de nuevo 55.000 euros a ESF para investigar, sensibilizar, formar e incidir en la ciudadanía barcelonesa sobre los impactos de las empresas transnacionales de agua y energía. Y ponía el foco exclusivamente en Agbar. El colmo de la estulticia es que en la memoria justificativa, recoge un reportaje publicado en 'La Directa' (medio digital vinculado a la CUP) y premiado por el propio ayuntamiento que denunciaba, basándose en datos de Aigua és Vida, la “presencia de espías” entre la militancia de organizaciones contrarias a las multinacionales.

En concreto, la memoria municipal explica que “espías del sector privado se infiltran en el movimiento ciudadano por la remunicipalización del servicio de agua. La entidad Aigua és Vida denuncia esta clase de prácticas, y la compañía Agbar, por su parte, ni confirma ni desmiente las informaciones”. También justifica la nueva adjudicación por el hecho de la “manipulación de líderes sociales de Barcelona”, ya que “decenas de vecinos consideran que la compañía de agua ha instrumentalizado su imagen, sumándose sin ser conscientes a una campaña corporativa”.

Considera también que es preciso realizar una campaña comunicativa y acciones “para contrarrestar los gastos en publicidad” de la compañía del agua. Y detalla como objetivo realizar un Foro internacional de Enjuiciados contra las Transnacionales para realizar una campaña de difusión en contra de las grandes empresas de servicios y con una “ofensiva de redes sociales, webs y 'mailings'. Su vista está puesta en que este instrumento pueda participar en el Foro Mundial del Agua de 2021. A la vez, se irán publicando noticias relacionadas con los casos de judicialización por parte de empresas transnacionales, especialmente de Agbar-Suez, para ir calentando motores y para complementar la ofensiva de redes sociales”.