La guerra del agua de Colau: becas de 20.000 euros para intentar hundir Agbar

Una organización no gubernamental vinculada a altos cargos del Ayuntamiento de Barcelona, Enginyeria Sense Fronteres (ESF), ha recibido una beca para investigar a Agbar, la empresa que gestiona el agua en Barcelona. Agbar es la empresa a la que la alcaldesa, Ada Colau, ha puesto la proa de la Administración local, con la que mantiene un largo contencioso y a la que ha llevado a los tribunales (y el Supremo ha dado la razón hace pocos días a la empresa) intentando arrebatarle la gestión del agua

Pese a los reveses judiciales, el empeño de Colau se mantiene. El equipo municipal de los comunes ha emprendido una lucha por el control empresarial del agua en la conurbación de Barcelona que costará centenares de miles de euros (o millones). Lo que está en juego son miles de millones, los que cuesta llevar hasta los millones de ciudadanos del territorio un agua con un mínimo de calidad.

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La guerra es cruda. Y la mediática, más. Y el hecho de conceder una beca para apuntar directamente contra una empresa no es una acción aislada: la misma plataforma y otras similares que se nutren de fondos municipales han desplegado intensas campañas para defender los intereses de los comunes y provocar un clima político favorable a la remunicipalización del agua, en la que determinados colectivos ciudadanos controlados por los comunes o por círculos amigos tengan poder de control y de decisión. Se trata, pues, del control de un negocio y los ciudadanos son los convidados de piedra.

En esta ocasión, el equipo de Colau ha tejido una complicada ingeniería financiera y social con un objetivo común: intentar hacer tambalear los cimientos de la poderosa multinacional Aguas de Barcelona (Agbar). Una ONG con sede en Barcelona, íntimamente ligada al movimiento independentista y a amplios círculos de los comunes, concede una beca a otra ONG (vinculada a ella y con intereses comunes) para que sea esta quien 'dispare' contra Agbar. Evidentemente, las ONG implicadas en esta operación se nutren de cuantiosos fondos públicos tanto del ayuntamiento barcelonés como de la Generalitat de Cataluña y de la Comisión Europea.

El concejal mal asesorado

El contencioso entre Agbar y la alcaldesa de Barcelona viene desde que la líder de Barcelona en Comú llegó a la alcaldía. Pero ahora adquiere un nuevo matiz. Los tribunales han dado la razón a Agbar en la gestión del agua de Barcelona y su conurbación. El concejal Eloi Badia (que contrató como asesora en su área a su novia por algo más de 50.000 euros) lleva años intentando cambiar la gestión del agua y sacar a Agbar de la capital catalana. Hasta ahora, los comunes ha perdido todas las batallas.

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Pero el equipo municipal ha abierto otro frente con una beca de 20.000 euros a la plataforma Enginyeria Sense Fronteres para un proyecto que lleva el sugerente título de ‘El negocio del agua: la gestión de un derecho humano’, y que ha de estar finiquitado en abril del año que viene. El objetivo: dejar en evidencia a Agbar, la gran enemiga de Colau. Es más: el proyecto pretende “influir en la región del área metropolitana de Barcelona y sus gobiernos teniendo en cuenta que 100 municipios finalizarán sus concesiones en la gestión del agua entre el periodo de 2019 y 2025”. Un negocio más que multimillonario y apetitoso.

Hay otro motivo para abordar esta operación: la publicación de determinadas informaciones sobre el proceder de la multinacional la debilitaría ante las administraciones locales y en la particular guerra que libra con el equipo de Ada Colau. Un informe sobre este trabajo señala que el proyecto abordaría, por un lado, “las diversas acciones ciudadanas a favor de la remunicipalización que se han impulsado en los últimos años en Cataluña y, por otro, explicarán las posibles vulneraciones de derechos humanos que cometería Agbar en México, así como otras prácticas potencialmente irregulares de la empresa en el país latinoamericano”. Se trata, en otras palabras, de poner en evidencia “la privatización del agua y el papel que tiene Agbar tanto en México como en Cataluña, la denuncia del ‘saqueo’ de los recursos naturales y del derecho humano del agua”.

Objetivo: Agbar

La explicación del proyecto que aparece en la convocatoria del mismo no deja lugar a dudas: “Este proyecto aborda la violación de los derechos ejecutados por las empresas transnacionales en todo el mundo a través de un caso particular: Aguas de Barcelona (Agbar) en México (…) Queremos mostrar las violaciones de la soberanía local y del derecho humano al agua y al saneamiento reconocidas por las Naciones Unidas”. La investigación será publicada luego en determinados medios de comunicación que ya han sido contactados para ese cometido.

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Pero la intrahistoria de esta beca es, cuanto menos, curiosa. El dinero procede de LaFede, una plataforma que integra un centenar de ONG (la mayor parte, vinculadas al independentismo). La financiación de LaFede es variopinta. Desde 2015 a 2018, el Ayuntamiento de Barcelona destinó 630.000 euros a esta entidad, que ya rondaba los 200.000 euros anuales del erario municipal en los años inmediatamente anteriores. En el año 2016, debido a tensiones económicas, estuvo a punto de desaparecer la beca Devreporter. ¿Y quien asumió su coste económico? Pues el Ayuntamiento de Barcelona. No deja de ser sospechoso que ahora sea esa misma beca la que financie los intereses de la alcaldesa.

La Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) es otra de las instituciones que mantienen con sus fondos esta plataforma. Solo entre 2015 y 2017, destinó a LaFede 300.000 euros en subvenciones diversas. También recibe fondos europeos. La CE destina a su programa Frame Voice Report (para mejorar el desarrollo sostenible), de diciembre de 2017 a noviembre de 2020, unos siete millones de euros, de los que 747.376 euros son gestionados por la ONG barcelonesa.

Una agencia que presidió el concejal

La cuantía de la beca fue destinada a Enginyeria Sense Fronteres (ESF), una entidad que también forma parte de la propia LaFede y que ha sido impulsada por Eloi Badia, el concejal de Colau. De hecho, Badia fue uno de los responsables de ESF entre 2007 y 2015. ¿Es casualidad que ESF sea quien ajuste cuentas con la empresa enemiga pública número uno de Colau? Las connotaciones son evidentes: según su propia información económica, el 84% de los fondos anuales que maneja ESF son de origen público (772.000 euros de ayuntamientos; 281.000 euros del Gobierno español, y 102.000 euros de la Generalitat), mientras que el 10% son privados y el 4,1% son de las cuotas de los socios (56.600 euros). El resto de ingresos son por actividades realizadas o por intereses e ingresos extraordinarios. Pero hay un dato alarmante: entre 2015 y 2018, ESF recibió del Ayuntamiento de Barcelona casi 1.150.000 euros de ayudas públicas.

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No son las únicas subvenciones públicas que ha recibido: en 2015, recibió de la ACCD 95.000 euros para un proyecto en Latinoamérica y otros 35.000 euros para el “apoderamiento de las mujeres en la defensa del derecho a la vivienda y el acceso a los suministros básicos”. En 2016, obtuvo 69.000 euros para el ‘fortalecimiento del derecho a la seguridad de las mujeres defensoras del derecho humano al agua en la Cordillera del Bálsamo, Departamento de La Libertad, El Salvador’, y otros 28.000 euros por el proyecto ‘Garantizando el acceso universal a los servicios básicos para contribuir a erradicar las desigualdades de género’.

En 2017, la Consejería de Trabajo le concedió una ayuda de 7.000 euros para el “apoyo de proyectos de fortalecimiento del asociacionismo” y en 2018 obtuvo otros 44.000 euros para incentivar “la contratación en prácticas de jóvenes”.

La utilización de ESF en el ataque contra Agbar, pues, no es tan inocente como parece. De hecho, no es la primera vez que ESF se moja con las tesis de Colau. En febrero pasado, editó el informe 'Remunicipalización, participación y democracia', que en su portada llevaba una gráfica pancarta con el lema ‘El negocio de Agbar = la pobreza de Cataluña’. Son pequeñas teselas en un mosaico ideológico barcelonés que cada día admite menos improvisaciones y menos disidencias.