Colau intenta endosar al Área Metropolitana la patata caliente de las motos compartidas

Ada Colau está intentando que el Área Metropolitana de Barcelona le resuelva la papeleta del fracaso del Ayuntamiento de Barcelona con las motos eléctricas compartidas. Así consta en el acuerdo del plenario del Consejo Municipal de 29 de enero de 2021 por el que se aprobó el convenio entre el Área Metropolitana de Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona de colaboración y delegación de competencias municipales para la promoción de la movilidad compartida. Un acuerdo que uno de los operadores, Tucycle Bike Sharing SL, está intentando anular a través de la interposición de un recurso de reposición.

Tucycle ya había conseguido medidas cautelarísimas contra el intento del consistorio. Con este acuerdo que ahora sale a la luz, Colau intenta a través de la colaboración entre las partes la delegación de competencias del Ayuntamiento de Barcelona en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), en la promoción de la movilidad compartida. Así, el Área Metropolitana de Barcelona le arreglaría el fiasco de las licencias sin control, el afloramiento de licencias alegales y los conflictos jurídicos abiertos con el operador que se ha sentido perjudicado por la actuación de Movilidad.

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El Área Metropolitana está integrada por 36 municipios. Pero solo el Ayuntamiento de Barcelona está intentando un acuerdo de este tipo, que busca en esencia dar cobertura legal a una delegación de competencias en la que el Ayuntamiento de Barcelona cede al Área Metropolitana de Barcelona la potestad para que esta última pueda adjudicar licencias para la utilización del dominio público local en la capital catalana por parte de las motos eléctricas compartidas. Así, de un plumazo, el consistorio barcelonés se retira del primer plano.

Como alega Tucycle en su recurso de reposición, al que ha accedido El Confidencial: “Así mismo, es también evidente que esa delegación de competencias únicamente tendría sentido si sus titulares pudieran situar sus vehículos en otros municipios ['abast metropolità'], dado que no tendría sentido que se delegara la competencia para que las motos licenciadas únicamente pudieran operar en Barcelona. En otras palabras, si es únicamente el municipio de Barcelona quien delega sus competencias, estas no podrán tener alcance metropolitano y, por lo tanto, la delegación carecería de sentido”.

Licencias problemáticas

El Ayuntamiento de Barcelona afloró 3.042 licencias de motos eléctricas compartidas a repartir entre operadores como Acciona, Ecooltra, Yego y Movo. Era una manera de regularizar la parte de flota de estos operadores que carecía de licencia y estaba operando de forma alegal.

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Con la nueva maniobra, y ahora que la cuestión está judicializada, la pretensión es que la cuestión la resuelva el Área Metropolitana. Se da la circunstancia de que la presidenta del área es la propia Ada Colau.

Nulidad del traspaso

Para argumentar la nulidad de este intento de traspaso competencial, en el recurso de reposición se recuerda: “El artículo 13.1 de la Ley 31/2010 del Área Metropolitana de Barcelona establece que el Área Metropolitana de Barcelona puede ejercer las competencias que le deleguen los municipios, previa aprobación”.

Pero en el caso del proyecto de convenio de colaboración aprobado por el ayuntamiento, no consta que las confusas delegaciones y los términos en que se pretende que sean aplicadas hayan sido aprobados por parte del Área Metropolitana, por lo que el mismo carece de toda eficacia mientras dicha aprobación no se produzca y, a juicio del operador recurrente, “no debería haber sido aprobado por el Consejo Pleno del Ayuntamiento de Barcelona”.

El ayuntamiento espera que el Área Metropolitana asuma lo que él no ha sabido hacer

Hay otros problemas técnicos, como que se pretende que el Área Metropolitana asuma como propia la plataforma tecnológica de la empresa de servicios municipales BSM para el seguimiento y control de las motos eléctricas compartidas. Pero hay diversos problemas para ello. BSM no es del Área Metropolitana. Debería mediar un concurso público. Que no se ha llevado a cabo.

Además, el Ayuntamiento de Barcelona le pide al Área Metropolitana que haga lo que el consistorio capitalino no ha podido hacer. De aceptar esta cesión, el área debería asumir las competencias de control del despliegue de la flota de los adjudicatarios de motos eléctrica compartidas en las diferentes zonas establecidas en cada momento, la supervisión y control de la geolocalización permanente de la flota, y la supervisión, inspección y control de los vehículos de los titulares de las licencias en relación con el cumplimiento de las licencias. Pero como ha puesto de manifiesto el pleito en marcha, el ayuntamiento no ha sido capaz estos años de hacer nada de esto. Tampoco con los patinetes, que siguen esperando un concurso que no llega, instalados en la alegalidad.