La Generalitat multó dos veces a la empresa pública investigada por contaminar Barcelona

El Govern de Cataluña levantó varias actas a Tersa, la empresa pública investigada por envenenar el aire de Barcelona, y le impuso tres sanciones. Dos fueron por desconectar la central de datos de la Generalitat y por irregularidades en el medidor de mercurio, mientras que la tercera tuvo que ver con las modificaciones de la temperatura a la que queman los residuos en su planta entre Barcelona y Sant Adrià del Besòs. Esta fue sobreseída tras el recurso de la compañía. Los diferentes episodios de contaminación están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción número 5 de Badalona, que ha imputado al teniente de alcaldía de la capital catalana, Eloi Badia, que es a su vez presidente de la compañía.

En una resolución fechada el 24 de abril de 2018, la Generalitat concluye que no se cumplieron las normas legales básicas en el funcionamiento y propone “informar al instructor de expedientes sancionadores de esta dirección general a los efectos oportunos”. El informe destaca incluso que en la noche del 16 al 17 de julio de 2017 la compañía perdió el control de la planta y durante más de cuatro horas se estuvieron lanzando al aire partículas contaminantes y cancerígenas. Los técnicos tomaron la decisión de paralizar la cremación de forma preventiva, pero no se dio parte a la Administración. El documento, al que ha tenido acceso El Confidencial, destaca que “los caracteres de los SAM [sistemas automáticos de monitoreo] no corresponden a la situación real de la planta”.

TE PUEDE INTERESAR

Un nuevo estudio confirma la amenaza para la salud y el medio ambiente de las incineradoras

Jose Luis Gallego

En su resolución posterior, la Generalitat aseveró que el medidor de hidrógeno “no superó el ensayo funcional realizado en el mes de septiembre de 2017” y que los datos del monitoreo “se han de considerar no válidos desde aquel momento. Por tanto, se ha de considerar que este SAM ha superado el número máximo de días de indisponibilidad. Este hecho se considera un incumplimiento de sus condiciones de autorización”. El informe del Govern destaca que la misma noche del 17 de julio se produjo un incidente muy grave y que la incineradora de Tersa dejó de enviar los datos automáticos, algo obligatorio.

En una comunicación a la empresa, fechada el 27 de marzo del mismo año, la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat pidió a Tersa que justificara diversos aspectos de su funcionamiento, como quemar los residuos por encima de los 850 grados centígrados, como debe hacerse. A esa temperatura, se eliminan la mayoría de dioxinas y las partículas lanzadas a la atmósfera disminuyen, por lo que se aminora el riesgo para la salud. La instancia pedía también que se justificaran diferentes parámetros técnicos y advertía de que la compañía tenía que poner en marcha los quemadores auxiliares cuando la temperatura de la cámara de combustión fuera inferior a los 850 grados para minimizar el daño al entorno.

La entidad ha lanzado a la atmósfera del litoral barcelonés grandes cantidades de dioxinas y furanos durante casi una década, hasta el punto de que, según varios informes científicos, ha multiplicado el riesgo de cáncer entre los habitantes de la zona donde se asienta la planta incineradora.

TE PUEDE INTERESAR

Quemar contenedores es (además) un grave atentado ecológico

Jose Luis Gallego

Silvina Frucella, presidenta de la asociación Airenet (que agrupa a 19 asociaciones de vecinos de Barcelona y está personada en la causa), denuncia a El Confidencial la opacidad que ha tenido, desde hace años, el ayuntamiento con esta cuestión. “En abril de 2019 se aprobó realizar una auditoría. Esa auditoría fue realizada por cinco técnicos elegidos en el Colegio Oficial de Ingenieros, pero pagados por Tersa, y dos que eran neutrales, pagados por el Ayuntamiento de Barcelona. A los expertos pagados por Tersa les dieron todas las facilidades, pudieron recorrer sin restricciones la planta incineradora de la compañía y se pudieron entrevistar con quien quisieron. A los independientes no les permitieron nada de eso. En consecuencia, se realizaron dos informes con conclusiones opuestas, pero solo se publicó el informe de los técnicos pagados por Tersa. Y hasta hoy”, denuncia Frucella, que ha presentado una campaña de ‘crowdfunding’ para sufragar los gastos del pleito.

Reacción del ayuntamiento

El Ayuntamiento de Barcelona acaba de anunciar la puesta en marcha de un Observatorio Ambiental Ciudadano que intentará lavar la imagen de la Administración. El anuncio corrió a cargo de Eloi Badia, algo muy criticado desde los movimientos ciudadanos. “Badia sale a confundir. Nosotros presentamos, ya en 2018, un bosquejo por escrito a la alcaldesa, Ada Coau, que jamás nos quiso recibir. Pedíamos un observatorio independiente que recogiese los datos de Tersa sin manipular. Pero nunca se hizo ese observatorio. Ahora, el ayuntamiento dice que lo crea inmediatamente, pero solo servirá si existe un acceso transparente a la información. Si se trata solo de recopilar los datos ambientales, no nos servirá, puesto que no tiene nada que ver con nuestra lucha”, tercia Frucella.

Francesc Jufresa, el letrado que representa a Airenet, calificó la gestión de Tersa de “mafiosa". "Los propios trabajadores han de denunciar anónimamente las prácticas ilegales por miedo a represalias”, declara. Tanto el abogado como la presidenta de Airenet afirmaron que algunos de los documentos que han entregado a la Justicia provenían de fuentes internas de la compañía, filtrados por trabajadores descontentos con las prácticas de la dirección de Tersa.