Un juez investiga a una empresa pública de Barcelona por emisiones cancerígenas sin control

Durante casi una década, la empresa pública Tractament i Selecció de Residus SA (Tersa), con planta de incineración entre las localidades de Barcelona y Sant Adrià del Besòs, ha contaminado el aire de las poblaciones adyacentes. El Juzgado de Instrucción número 5 de Badalona ha abierto diligencias tras una querella de la Fiscalía, que recoge las conclusiones de varios informes que alertan sobre la concentración de sustancias cancerígenas en el ambiente, hasta el punto de que los residentes de la zona son entre tres y cuatro veces más propensos a desarrollar cáncer a lo largo de su vida. Los vecinos llevan denunciando esta problemática desde 2015, pero no ha sido hasta ahora cuando ha tenido alcance y se ha judicializado. El juez admitió este martes la personación como acusación particular de Airenet, una asociación que engloba a 19 colectivos ciudadanos y que prepara una campaña de 'crowdfunding' para sufragar el proceso.

Un estudio realizado por cuatro doctores de la Universitat Rovira i Virgili ya alertaba en 2015 sobre el riesgo para la salud de las personas. Luego le siguieron otros trabajos similares. Determinaron “las concentraciones de dibenzo-p-dioxinas y dibenzofuranos policlorados, bifenilos policlorados y diversos metales en muestras de aire y suelo recogidas en una zona urbana de Sant Adrià del Besòs”, cercana a la instalación de Tersa. La alarma saltó porque los doctores dictaminaron que “el resultado más preocupante fue el elevado riesgo de cáncer estimado para el área". "Dada la relevancia del tema, en marzo de 2017 llevamos a cabo un nuevo estudio a fin de verificar si las autoridades habían tomado medidas necesarias y urgentes para reducir las concentraciones de PCDD/Fs [dioxinas y furanos], así como los consiguientes riesgos para la salud humana, hasta niveles considerados aceptados”, dice uno de los informes técnicos de la universidad.

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El capital de Tersa pertenece en un 58,64% a la empresa municipal Bimsa, de Barcelona, y el 41,36% restante está en manos del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), otro organismo público. En su querella, la Fiscalía pide responsabilidades al presidente de la compañía, el teniente de alcaldía de Barcelona, Eloi Badia, y al jefe de explotación de Tersa.

Mayor riesgo de cáncer

El informe resalta que los valores obtenidos “no se pueden considerar como un riesgo insignificante de cáncer". "Hemos comparado estos riesgos con los estimados en otras áreas de Cataluña, también bajo la influencia potencial de PCDD/Fs emitidas por incineradoras. Los residentes en la zona de influencia de la incineradora de Sant Adrià serían entre tres y cuatro veces más propensos a desarrollar cáncer a lo largo de su vida (debido a la exposición a PCDD/Fs) que los residentes de ciudades como Girona, Mataró o Tarragona, donde también hay incineradoras operando desde hace varios años”.

Según la fiscal, los responsables municipales "habrían realizado y/o tolerado una serie de prácticas contrarias a la normativa ambiental"

Aunque los baremos habían descendido un poco desde el año 2014, aún eran más altos que en otras incineradoras. No dejaba de ser preocupante que los niveles de dioxinas y furanos en el aire “resultaron ser incluso más elevados que los detectados en 2014, siendo también el nivel más alto detectado en otras zonas de Cataluña. El riesgo de cáncer debido a la exposición de PCDD/Fs para los residentes en la vecindad es un hecho preocupante, ya que continúa excediendo el umbral de 10-6”, aseguran los doctores. De hecho, los niveles de contaminación en los alrededores de la planta incineradora de Tersa son entre tres y cinco veces más altos que los encontrados “cerca de otras incineradoras de Cataluña”. Y, además, las partículas contaminantes en el aire se habían multiplicado de 2014 a 2017.

El análisis destaca que los riesgos carcinógenos por la exposición de partículas en el noreste de Barcelona y Sant Adrià son considerables. “Ello debe suponer una seria advertencia para aquellas autoridades con responsabilidades sobre el medio ambiente y la protección de la salud pública. Desafortunadamente, la situación del área no ha mejorado durante los últimos tres años (…) si bien ha habido una disminución notable en las concentraciones de PCDD/Fs en suelos, ello ha sido contrarrestado por el importante aumento observado en las concentraciones medias de PCDD/Fs en el aire”.

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La compañía da servicio a toda el área metropolitana de Barcelona con la incineración de los residuos municipales. “Dispone de tres líneas de incineración y emite por su chimenea principal numerosas partículas y gases contaminantes durante el proceso de combustión”, dice la fiscal en su querella. Así, durante años, los responsables municipales “habrían estado realizando y/o tolerando conscientemente una serie de prácticas contrarias a la normativa ambiental aplicable que podrían estar suponiendo un riesgo grave para la salud de las personas que viven en el entorno de la PVE [planta de valorización energética], así como para el medioambiente en general”.

Mala praxis

Los vecinos confirmaron la contaminación ininterrumpida después de varios años. La asociación Airenet ha tenido tiempo de estudiar el caso y encargó diversos estudios, esencialmente a la Universidad Rovira Virgili. Para entender la contaminación ambiental y su influencia sobre la salud de los vecinos, ha sido preciso tener en cuenta el tratamiento que se da a los residuos en la incineradora. Para empezar, la quema de residuos menores se realizaba por debajo de la temperatura mínima legal de 850 grados centígrados. Además, se ejecutaban descargas no herméticas, por lo que había esparcimiento de cenizas volátiles con metales pesados, dioxinas y furanos durante la descarga.

El 16 y 17 de julio de 2017 hubo un incidente con el lanzamiento durante más de 4 horas de un índice de contaminantes superior al que permite la ley

La temperatura de incineración es importante porque por encima de los 850 grados se reducen las dioxinas y, por tanto, se eliminan riesgos para la salud. Las auditorías realizadas por la Generalitat, según Airenet, confirman que las temperaturas no eran tan altas y que en el año 2017, por ejemplo, se superaron en mucho los límites contaminantes. En marzo de 2018, los técnicos de la Generalitat efectuaron una inspección y requirieron a los responsables que pusieran en marcha inmediatamente los quemadores auxiliares cuando la temperatura de combustión bajara de esa cifra y bloquearan la alimentación si no se alcanzaba. Ese detalle es recogido por la fiscal.

Otro informe de Airenet recoge también que los días 16 y 17 de julio de 2017 hubo un incidente, denunciado por los vecinos, con el lanzamiento a la atmósfera durante más de cuatro horas de un índice de contaminantes superior al que permite la ley. En su auditoría de 2018, la Generalitat recoge que Tersa no avisó y la Administración se enteró tras una denuncia que señalaba que los quemadores auxiliares no estuvieron en modo automático y se siguieron ingresando residuos cuando la temperatura caía por debajo de los 850 grados. También que no funcionaba la traba de residuos y que Tersa dejó de enviar los datos de control al Govern. Además, no funcionó correctamente el sistema automático de medición de mercurio, por lo que los datos recogidos durante el incidente no fueron declarados válidos.

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Desde el interior de Tersa, según denuncia la plataforma, se intentó ocultar la situación durante estos años. Así, por ejemplo, antes de una revisión o inspección, se incrementaban los filtros para que los controles de dioxinas fuesen normales. “La Generalitat reconoce que esto puede afectar la representatividad de los controles efectuados”, subrayan en Airenet. También las cantidades de carbón activo de los filtros son menores a las recomendadas por el estándar europeo. Durante una inspección, se detectó que el sistema automático de medición de dióxido de azufre no funcionaba y no sancionó a la empresa.

Para la asociación que defiende los intereses de los vecinos del área metropolitana de Barcelona, la empresa incurrió en “malas prácticas” porque realizó esa “manipulación de las condiciones de funcionamiento en los días previos a los controles”. La asociación ha conseguido correos internos que avalarían algunas de esas malas prácticas.