Vertidos ilegales en el Manzanares: más de 25 años de contaminación y ningún responsable

El río Manzanares recibe desde hace más de 25 años vertidos ilegales a su paso por Getafe. Pasado este tiempo, y con una investigación judicial de por medio, no se ha identificado a ningún responsable de esta problemática. Ni a nivel político ni particular. El magistrado que instruía la causa ha dado carpetazo a las diligencias abiertas en septiembre de 2018 por la contaminación en el Parque Regional del Sureste, una zona protegida medioambientalmente y considerada como Reserva Natural en la Comunidad de Madrid, eximiendo a la actual alcaldesa del municipio, Sara Hernández (PSOE), y a otros cuatro concejales imputados. Ni ellos ni sus predecesores en el Ayuntamiento de la localidad tienen nada que ver y todo parece fruto de la mala suerte. Los propios investigadores reconocen que es imposible localizar a los culpables.

Los vertidos en el tramo de Getafe son un problema crónico. Los diferentes informes aportados por la unidad del Seprona de la Guardia Civil a la causa concluyen que se han arrojado aguas fecales sin tratar de forma ininterrumpida, al menos desde 1996. Proceden de un desagüe del núcleo urbano de Perales del Río, un barrio a las afueras de la localidad, cuya estación de bombeo lleva años en mal estado y semiabandonada. El estado del cauce y su entorno es preocupante.

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EFE

Según el análisis del Instituto Armado, los residuos pueden afectar a la salud de las personas y al medio natural, con una presencia significativa de bacterias como la 'E. coli', que provoca vómitos, cólicos, diarreas o fiebres en quienes la padecen, y otras sustancias contaminantes. Los agentes señalaron en diferentes escritos un daño "continuado a la calidad de las aguas y la realización de una actividad prohibida por las normas reguladoras, susceptibles de alterar el equilibrio de los ecosistemas". En mayo de 2020, incluso, se hallaron elevados niveles de covid-19 en las aguas del Parque Regional del Sureste, muy frecuentado por corredores y ciclistas. "Los resultados demuestran que se está poniendo en riesgo la salud de los vecinos de cada uno de los ayuntamientos que desempeñan sus actividades en las cercanías del río y de aquellos que vivan o trabajen aguas abajo, al no adoptar las medidas de gestión adecuadas de las aguas residuales del municipio", subrayó.

La presunta inacción del Consistorio motivó una querella del partido local Impulsa Getafe contra Hernández y su edil de Urbanismo, Jorge Juan Rodríguez, acusados de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. La denuncia se centró en el actual equipo de Gobierno, elegido hace siete años, pero las responsabilidades eran perfectamente extensibles a los equipos anteriores. La mayoría fueron bajo las siglas del PSOE, con la excepción del periodo entre 2011 y 2015, cuando gobernó el PP.

Indicios sobre el Ayuntamiento

Había indicios claros de que la responsabilidad sobre estos vertidos era municipal. Por ejemplo, los expedientes que la Confederación Hidrográfica del Tajo impuso al Ayuntamiento desde 2005, con multas que varían entre los 3.000 y los 50.000 euros, según la información aportada por la propia corporación al juzgado. También la conclusión de la Comunidad de Madrid, que determinó que Getafe era el encargado de estas aguas fecales sin tratar, ya que el control de vertidos a la red de alcantarillado es cosa de los ayuntamientos. Todo, con el añadido de que está prohibido el vertido de residuos líquidos en espacios protegidos.

La Confederación Hidrográfica del Tajo abrió varios expedientes al Ayuntamiento de Getafe, con multas de hasta 50.000 euros

La investigación se centró entonces en Hernández y los concejales María Teresa Mellado Suela, Ángel Muñoz González y Raquel Alcázar Ballesteros, responsables del área de Mantenimiento en diferentes periodos. La fiscal encargada del caso llegó a pedir documentación al Ayuntamiento de Getafe para conocer qué medidas se habían tomado desde 2005 para acabar con la contaminación, ampliando las pesquisas a Juan Soler (PP) y Pedro Castro (PSOE). Si el Ministerio Público limitó sus indagaciones a ese año es porque no podía remontarse a 1996 en ningún caso, ya que los delitos habrían prescrito. Tres años y ocho meses después, no hay nada sobre ellos.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Getafe dictó el archivo de la causa. El magistrado señaló que no se puede culpabilizar al actual Ayuntamiento de algo que se arrastra desde hace más de 25 años, negando que los vertidos remitan a la omisión o despreocupación de Hernández, que además puso en marcha un proyecto para reparar la estación de bombeo (todavía en fase de desarrollo). "No son originados por la actividad del Ayuntamiento, sino por la vandalización de las instalaciones que la corporación municipal presidida por la investigada Sra. Hernández Barroso intentó desde un principio de su gestión sustituir por otras nuevas, solicitando la colaboración de las entidades que entendió competentes y en todo caso presentando los proyectos y actuaciones requeridas ante la Confederación Hidrográfica del Tajo", señaló el juez en un auto firmado el 23 de mayo.

A la misma conclusión llegó la fiscal, que el 11 de mayo dio por finalizadas las investigaciones. La representante del Ministerio Público señala que las estaciones de bombeo sufren un "deterioro progresivo" que ha originado los vertidos durante décadas, pero rechaza cualquier implicación política. Tanto para el actual Ayuntamiento como para sus antecesores. "De este deterioro serían responsables diversas personas que no están identificadas y que habrían cometido sustracciones de material y vandalizaciones", señala. Es decir, que a pesar de las competencias municipales en la materia, no cabe ninguna responsabilidad penal para los dirigentes municipales y únicamente serían imputables los presuntos ladrones y gamberros que alteraron la estación de bombeo a lo largo de 25 años.