La eléctrica pública de Ada Colau: después de tres años ni verde ni barata ni rentable

La alcaldesa de Barcelona Ada Colau creó una compañía eléctrica en 2017. Fusionó la comercializadora Barcelona Energía con la térmica Tersa y la placa solar del Fórum para darle una pátina verde y la convirtió en proveedor del Ayuntamiento, bajo el impulso del regidor Eloi Badia. La experiencia no ha sido un éxito. No ha podido dar energía más barata, solo tramita un bono social igual que el resto de las eléctricas a familias desfavorecidas pero a través de las grandes compañías, no por ella misma. Tampoco es más barata, ya que ha replicado las subidas que ha provocado el cambio legal del Gobierno de Pedro Sánchez. Además no es verde porque su principal fuente de generación es la térmica, que emite CO₂ contaminando el aire de la capital catalana. Y, por último, está en números rojos: perdió 307.000 euros en 2020 a pesar de facturar más de 68,6 millones.

Colau no privatizó nada. Solo sumó activos dispersos y decidió dejar al margen al Ayuntamiento de la competencia entre las grandes energéticas del Ibex-35, que de repente ya no podían dar servicio a la administración de la capital catalana. Pero ni así ha ganado dinero. Tampoco ha podido cambiar los precios porque un ayuntamiento no puede cambiar las reglas del sistema eléctrico. Así que la energía que generan Barcelona Energía se vende al pool y luego la empresa la comercializa a precios de pool. Lo comido por lo servido.

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EFE

Además, los precios no dependen de que las compañías sean públicas o privadas. La italiana Enel es pública. Es además la principal accionista de Endesa, privada. Los precios en 2020 en Italia fueron más caros que en España.

El Gobierno español decidió vincular los precios del 'pool', que ya venían de un sistema de fijación de precios marginalista y por tanto de falsa competencia con una fuerte vinculación al mercado de derechos de emisión de CO₂. Esto ha disparado la tarifa de la luz, pero Colau no ha podido mantener a su eléctrica al margen de esta dinámica. Ni podrá hacerlo en el futuro.

Barcelona Energía comercializa electricidad a más de 4.600 puntos de suministro públicos y 1.800 personas usuarias de toda el área metropolitana de Barcelona, según los datos de 2020. Es decir, su peso en el mercado es marginal. No es que no pueda competir con Endesa, es que no puede competir con comercializadoras privadas como HolaLuz, Factor Energía o CatLlum, por poner algunos ejemplos de compañías que sí que están compitiendo con los grandes del oligopolio eléctrico. El objetivo cuando se creó era dar luz a 20.000 familias necesitadas de Barcelona. Eso no ha ocurrido.

Ayuntamiento cautivo

Lo que ha provocado la aparición de este nuevo jugador es que el Ayuntamiento de Barcelona se ha quedado cautivo de un solo proveedor, la propia compañía pública del consistorio. Eloi Badia que a la vez de regidor municipal es el presidente de Barcelona Energía, utilizó una treta para dejar fuera a Endesa y Naturgy y que no pudieran presentar oferta alegando que no luchaban contra la pobreza energética.

Eso sirvió para que la compañía entrase en beneficios en 2019, cuando ganó más de cinco millones, según consta en las cuentas depositadas en el Registro Mercantil. Pero no pudo aguantar el ritmo al año siguiente con la caída de un 10% de los ingresos provocados por la pandemia y la empresa entró en números rojos, cuando lanzó una tarifa rebajada para empresas, precisamente para competir con las comercializadoras antes mencionadas.

La eléctrica municipal de Barcelona tampoco ha logrado introducir más competencia

Colau ha creado la mayor empresa pública de electricidad de España, pero no ha podido ni mejorar la situación de sus clientes, desde el principio sus tarifas no fueron más baratas, ni alterar el funcionamiento de un sector que precisa medidas estructurales —cambio del sistema del 'pool', vinculación de la retribución a la amortización de los activos, competencia abierta entre los activos de generación— y no postureos de cara a la galería.

En la práctica, en Barcelona ha pasado lo mismo que en el resto de España. Se ha subido la tarifa de manera drástica para luchar contra el calentamiento del planeta y lo ha hecho un gobierno de izquierdas en el que, por cierto, Colau tiene un ministro, Manuel Castells. Eso perjudica sobre todo a las clases bajas, la demanda inelástica hace que el cambio por franjas horarias sea inexistente y solo las familias acomodadas pueden comprarse caros coches eléctricos para no contaminar. Se aplican políticas verdes que empobrecen al tradicional votante de izquierdas, al que, además, se riñe por no actuar para salvar el planeta.