España pierde su primer pleito internacional por los recortes a las hidroeléctricas

El Reino de España ha vuelto a ser condenado a pagar una indemnización a inversores en renovables que vieron rebajados sus ingresos con las sucesivas reformas del sector eléctrico primero en 2010 por el PSOE y posteriormente en 2013 por el PP.

Esta es la octava derrota que cosecha el Estado por esta cuestión, aunque en este caso es la primera vez que se trata de una indemnización por bajar la retribución de activos hidroeléctricos.

Hasta ahora todas las reclamaciones versaban sobre activos de eólica y fotovoltaica.

El tribunal del CIADI, la corte arbitral del Banco Mundial, ha reconocido una indemnización de más de 33 millones de euros a los fondos franceses Demeter y Cube. Además España, defendida por la Abogacía del Estado, deberá pagar tres millones en costas.

La peculiaridad de este caso, es que las indemnizaciones de la parte fotovoltaica es de menos de tres millones de euros. La reclamación ascendía a más de 74 millones de euros con lo que el tribunal arbitral ha reducido en más de la mitad las expectativas de los inversores. Ests gran rebaja ya se vio en otros laudos, lo que supone una victoria moral para España.

Con esta nueva derrota, España ya carga con indemnizaciones por más de 700 millones de euros.

Además, los pleitos siguen proliferando. Actualemente, entre las tres cámaras, Ciadi, Uncitral y Cámara de Comercio de Estocolmo, se han interpuesto 46 arbitrajes. Esto convierte al país en el segundo más denunciado del mundo tras Argentina y solo por detrás de Venezuela. Las reclamaciones superan los 10.000 millones de euros.

Fuentes presentes en los pleitos, aseguran que en los próximos meses que restan de 2019 se harán públicos muchos de los juicios pendientes.

Los laudos arbitrales están ahora mismo en una segunda fase. Todos los que han logrado que se les reconozca una indemnización tratan de ejecutar el laudo en Estados Unidos. Sin embargo, El Reino de España, con la Abogacía del Estado y despachos especializados, trata de anular estas ejecuciones. En este sentido, la Comisión Eurpea se sitúa del lado de España. Su argumento es que los arbitrajes al amparo de la carta de la energía no son válidos, ya que debería regir el derecho comunitario al tratarse de inversores dentro de la Unión Europea. Por ahora, los tribunales arbitrales rechazan este argumento. Hay batalla aún para rato.