Colau abre la puerta a la remunicipalización masiva de trabajadores en Barcelona

La alcaldesa Ada Colau está cumpliendo su programa electoral. Ha convertido en empleados municipales a una veintena de personas que hasta ahora trabajaban en una subcontrata, dando servicio en las oficinas de vivienda del ayuntamiento. Es un número bajo, pero es el primer precedente que puede abrir la puerta a remunicipalizaciones más amplias de servicios en Barcelona como la que la alcaldesa quiere llevar a cabo en el servicio del agua, por ejemplo.

La decisión se tomó el pasado 1 de junio. Un total de dos decenas de personas que hasta ahora dependían de la empresa Progess, Projectes i Serveis Socials SL pasan a convertirse en trabajadores municipales de la empresa Societat Municipal Barcelona Gestió Urbanística SA, propiedad del ayuntamiento. Así consta en los acuerdos de la comisión de gobierno del ayuntamiento del pasado 1 de junio.

Se trata de la veintena de trabajadores que estaban dando el servicio en las oficinas de atención al ciudadano del Patronat d’Habitatge de Barcelona, equivalente al patronato de la vivienda.

Este personal que se convierte en trabajadores de una empresa pública llevaba reclamando el cambio desde la época de Xavier Trias como alcalde. Estos trabajadores eran empleados de la empresa Progess, Projectes i Serveis Socials SL y llevaban años denunciando su situación precaria, ya que la empresa les pagaba 870 euros al mes, aplicando un convenio de teleoperadores, cuando ellos se definen en el blog de protesta que mantienen como técnicos especializados en vivienda. Su situación se mantenía así desde 2009. Su trabajo: explicar al ciudadano cuestiones como las subvenciones al alquiler, el asesoramiento sobre deuda hipotecaria o la mediación en casos de desalojo de inquilinos.

No parece casual que estos sean los primeros trabajadores remunicipalizados. La falta de vivienda en Barcelona y su elevado precio fue el primer punto del programa que llevó a Ada Colau y los comunes a la alcaldía de la segunda ciudad de España. Ambos problemas se han agudizado durante el mandato de Colau. Los trabajadores remunicipalizados son la punta de lanza y la cara más visible para los ciudadanos de una política que no vive su mejor momento.

Problemas legales

Los trabajadores beneficiados por la medida pasan en bloque al ámbito del ayuntamiento, en lo que legalmente se considera una “subrogación de personal”. Sin pasar prueba alguna para medir su capacidad. Además, pasan tanto los fijos como los temporales, tal y como reza el acuerdo de gobierno, ya que “en caso de que haya personal con contratos temporales con fecha de finalización determinada que estén en vigor en el momento de la subrogación (duración determinada por obra o servicio determinado, para eventuales circunstancias de la producción o por interinidad, etc.), se extinguirán según lo establecido en los respectivos contratos, sin perjuicio de la consideración de la antigüedad acumulada a efectos de méritos o servicios prestados en la Administración”.

Fuentes legales consultadas apuntan que este traspaso es un precedente para otras subcontratas municipales. Es decir, ¿por qué pasan los trabajadores de Progess, Projectes i Serveis Socials SL y no los de recogidas de basura, por ejemplo? ¿Pueden trabajadores de otras subcontratas demandar al ayuntamiento y exigir convertirse en trabajadores públicos, a raíz de este precedente? Nadie lo sabe.

Salarios y subvenciones

Para el personal que pasa a convertirse en empleado público, el cambio supondrá una importante mejora salarial, puesto que ganaban la mitad que el personal administrativo más bajo de esas oficinas municipales.

Progess, Projectes i Serveis Socials SL es una empresa propiedad de José Giménez Castillo. Factura 13 millones anuales, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil, y estaba abundantemente regada por subvenciones del propio Ayuntamiento de Barcelona. En concreto, 1,9 millones de euros en 2015, ultimo año en que se llevó a cabo el depósito de cuentas. Es decir, el 14% de sus ingresos dependía de las subvenciones provenientes de la plaza Sant Jaume. En vez de utilizar ese poder para que se mejorasen las condiciones laborales de la subcontrata, se ha optado por integrar a los trabajadores a cargo del erario público. Una decisión que tendrá consecuencias.