LA ALCALDESA ACABA DE DUPLICAR SUS EFECTIVOS

El escuadrón de Colau contra Airbnb

Barcelona está dispuesta a acabar con los pisos turísticos ilegales. Estos cuarenta hombres y mujeres son sus tropas de choque

Foto: Los visualizadores del ayuntamiento de Barcelona.
Los visualizadores del ayuntamiento de Barcelona.

Aunque a menudo las metemos todas en el mismo saco, el problema de los pisos turísticos en Barcelona no tiene comparación con otras ciudades de España. A diferencia de Madrid y Valencia, las otras dos urbes que conforman la santísima trinidad de Airbnb en nuestro país, los barceloneses están hastiados con la situación que viven cada día. Les han robado la ciudad. Cada año reciben más de 8 millones de turistas que colapsan sus avenidas, parques y playas. Los comercios tradicionales han dado lugar a tiendas de souvenirs y los atascos son tan grandes en la zona centro que pocos se atreven a adentrarse ni siquiera en taxi.

"Hay zonas a las que ya no se puede acceder, como el entorno de la Sagrada Familia, el Parque Güell, las Ramblas o la playa de la Barceloneta. No es que no queramos ir porque están muy masificadas, no es un rollo exclusivista, es que literalmente en muchos tramos no se puede andar porque hay cientos de turistas escuchando a los guías, hay autobuses bloqueando la carretera, los edificios y monumentos tienen lista de espera… Imagínate los vecinos de la zona, que según pisan la calle se ven en mitad de una guerra", lamenta Lidia Ferrer, estudiante de 26 años y nacida en la Ciudad Condal.

(Arriba) Dos turistas preguntan por una dirección a un vecino en Barcelona. (Abajo). Varios turistas con sus maletas por Barcelona. (A.G)
(Arriba) Dos turistas preguntan por una dirección a un vecino en Barcelona. (Abajo). Varios turistas con sus maletas por Barcelona. (A.G)

Los padres de Lidia, como muchos de sus amigos y vecinos, vendieron su piso en Gràcia hace seis años y regresaron Manresa, la ciudad que abandonaron en los años 70. "Barcelona es una ciudad trampa para turistas como Las Vegas, no es para vivir", concluye Lidia.

El relato de Lidia lo podrían firmar, con matices, la mayoría de los barceloneses. El modelo de turismo de masas ha tomado la ciudad y poco se puede hacer contra los visitantes, que al final son una extraordinaria fuente de ingresos. Sin embargo la alcaldesa Ada Colau está dispuesta a plantarle cara y regularlo en la medida de lo posible. El enemigo, aunque no se quiere reconocer, es Airbnb. La oferta de alquiler turístico presente en la plataforma 'online' ya ha igualado a la oferta hotelera y en los próximos meses la dejará atrás. Desde 2012 los inmuebles que se ofrecen como alojamiento ocasional para visitantes ha crecido un 1.633% y hay barrios, como Sants y Gràcia, en los que los residentes son, literalmente, una gota en mitad del océano turístico.

Pero desde el Ayuntamiento, de nuevo a diferencia de otras ciudades españolas, existe la férrea voluntad de plantarle cara a Airbnb. Además de la histórica multa de 600.000 euros que Colau impuso a Airbnb –convirtiéndose así en la primera ciudad del mundo que se atreve a imponerles un correctivo de tal magnitud–, la regente ha creado un escuadrón de trabajadores que se dedican a vigilar por las calles para que todos los apartamentos turísticos tengan su licencia en regla. Silvia Arrue es la coordinadora de este equipo, con oficina en la estación de autobuses del norte, entre la Vila Olímpica y la Sagrada Familia.

Cada mañana Arrue reúne a los cuarenta miembros del equipo, denominados visualizadores, para trazar un plan de acción. En las últimas semanas le han duplicado el equipo, casi todos procedentes de las bolsas de trabajo de la ciudad: "Muchos procedemos de la Unidad de Agentes Cívicos de la ciudad, un cuerpo que se creó para informar a los ciudadanos sobre las nuevas normativas ciudadanas, especialmente a los turistas", dice Arrue, "y ya cuando pertenecíamos a esa unidad vigilábamos por momentos que los pisos tuviesen sus licencias, pero fue tan efectivo que acabaron destinándonos a este trabajo en exclusiva".

Los visualizadores en su oficina de la estación de trenes. (Alberto Gamazo)
Los visualizadores en su oficina de la estación de trenes. (Alberto Gamazo)

Los visualizadores trabajan por parejas en jornadas de 7 u 8 horas. A todos se les ha dotado de un 'smartphone' con datos de licencias y mapas de la ciudad desde el que pueden abrir y cerrar expedientes. El escuadrón tiene varios protocolos para peinar la oferta de Airbnb. El más habitual, explica Arrue, consiste en cribar las bases de datos de licencias turísticas municipales y de la Generalitat y presentarse en la dirección física para ver si todo está en orden. "Existe mucho desconocimiento. A muchos propietarios no conseguimos encontrarles nunca, están desaparecidos. Hay otros sin licencia y algunos de los que la tienen no la ponen visible al público como indica la Ordenanza", explica Arrue. Las multas por operar sin licencia municipal van de los 30.000 a los 60.000 euros.

Otra de las vías eficaces de información para los visualizadores es la propia calle. Los vecinos de los barrios más afectados, así como las comunidades de propietarios, se ponen en contacto con el equipo para que revisen los nuevos pisos. Muchos están tan hartos del turismo que les llaman constantemente a la espera de que sean multados, "y con estas personas también tenemos que hacer una labor informativa, utilizar mucha mano izquierda, porque el objetivo no es demonizar el turismo, sino regularlo y que se ciñan al nuevo plan urbanístico", relata Arrue.

Por último los visualizadores buscan en plataformas como Airbnb, Homeway o Nine Flats. Aunque es obvio que la primera plataforma engloba casi toda la oferta, desde la corporación municipal evitan mencionarlos para no darles la posibilidad de presentarse como víctimas. "El ayuntamiento solo quiere de Airbnb que exija licencias turísticas a los que se anuncien allí, pero la empresa se niega a escucharlos. No está colaborando en absoluto con la ciudad de Barcelona. De hecho la semana pasada nos sentamos con todos los actores implicados para intentar hallar una solución de consenso y ellos ni se presentaron", dice Arrue.

El nuevo plan urbanístico, el PEUAT, divide la ciudad en cuatro áreas en función de la presión turística ejercida sobre ellas. La primera, que engloba el 60% de los pisos turísticos y se extiende por el Eixample, Ciutat Vella, Poble Sec o la Vila Olímpica, tiene prohibida la concesión de nuevas licencias turísticas. Es la zona de máxima protección. No se permite la renovación de licencias; si una actividad cesa, no se permite que otra ocupe su lugar porque el fin es descongestionarla y recuperarla para el uso residencial.

La zona 2 comprende los barrios de Diagonal, Sants, Les Corts o el Poble Nou. Colau busca aquí que se mantenga el volumen pero no crezcan, de modo que permite la obtención de nuevas licencias solo en manzanas donde la relación con el número de residentes se mantenga por debajo de 1,48%, la media del barrio, y nunca superando los diez alojamientos turísticos por edificio. Las viviendas turísticas que se cierren en estas dos zonas podrán reabrir en la zona 3, que conforma un perímetro urbano desde Les Corts hasta Nou Barris pasando por Horta y Sarriá. Por último, la zona 4 consiste en tres áreas –La Marina de Prat Vermell, la Sagrera, el ámbito norte de 22@– con especial protección que el Ayuntamiento planea transformar por completo.

El escuadrón de Colau se centra en las dos primeras zonas. No solo alertan a los inspectores de irregularidades, sino que tratan de concienciar a los vecinos de la necesidad de mantener Barcelona habitable: "Hay algunos propietarios que justifican tener viviendas turísticas como una necesidad económica cuando en realidad tienen más viviendas. No podemos obligarles a nada, pero sí al menos intentamos dejarles claro que no nos engañan y que están actuando, aun sin querer, contra su ciudad", dice Arrue.

El éxito del escuadrón de Colau en los meses que lleva funcionando es incontestable. No solo porque da empleo a más cuarenta personas en labores de inspección e información, sino porque desde enero de 2016 ha abierto 5.490 expedientes que han desembocado en 2.869 sanciones y en el cierre de 2.015 establecimientos sin regular. No obstante Arrue considera que ellos solos no podrán poner fin al problema: "Nosotros no podemos solucionar un fenómeno que se extiende como una mancha de aceite desde el centro a la periferia. En Barcelona hay mucha gente que vive de un modo u otro del turismo y tienen que comprender que si lo llenamos todo de turistas, nosotros no podremos vivir aquí".

Además de este plan de choque, el Ayuntamiento continúa los contactos con las plataformas para consensuar una solución. "HomeAway, Rentalia, Openhouse, Tripadvisor y Housetrip se han adaptado ya a la legalidad vigente, mientras que otros actores como Fotocasa, Niumba, Milanuncios o Segundamano han manifestado su voluntad de cumplirla. Por lo tanto, la única gran plataforma que incumple la normativa de manera explícita es Airbnb, al que se le ha incoado un expediente por reincidencia de 600.000 euros", remachan desde el consistorio.

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