Colau pide casi 4 millones de indemnización a las constructoras del túnel de las Glòries

El Ayuntamiento de Barcelona ha pedido a las constructoras del polémico túnel de las Glòries, la principal obra pública municipal que se está ejecutando en Barcelona, una indemnización de 3,9 millones de euros debido al retraso de las obras. La obra está realizada por una UTE formada por Comsa, Copisa, Benito Arnó y Rogasa. En el consejo de administración de Bimsa (la empresa municipal encargada de la adjudicación) del pasado 24 de abril, se aprobó paralizar las obras y rescindir el contrato ante los onerosos sobrecostes económicos y los retrasos acumulados.

En una auditoría encargada por el propio Ayuntamiento al Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña (ITEC), se culpaba de gran parte de los retrasos a la propia Bimsa, que en sus planos y proyectos incluso se había inventado el trazado del túnel de Adif y del sifón del colector, al mismo tiempo que no reseñaba estructuras del subsuelo barcelonés que luego las constructoras tuvieron que extraer o sortear en lo que es una monumental chapuza administrativa.

Según el informe del ITEC, la aparición “de elementos de hormigón no previstos en el proyecto” fue una de las causas del retraso de los plazos de ejecución de los muros pantalla de la obra. También señala que, a pesar de que se da luz verde al proyecto el 5 de noviembre de 2014, “Adif concedió finalmente el permiso el 7 de julio del 2015, fecha a partir de la cual se pudo realizar toda la tramitación administrativa del permiso por parte del contratista”. Y eso, dice la auditoría, “supuso un retraso significativo en el inicio de las tareas de excavación del pozo 1”, que se iniciaron seis meses más tarde de lo previsto. Para los técnicos del Ayuntamiento, el retraso es de casi tres meses y lo imputan al contratista de la obra.

Pero los expertos del ITEC abundan en otro motivo: a la UTE se le había asegurado que podría trabajar las 24 horas del día en turnos de 8 horas. Pero el horario se redujo luego a la mitad, de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Eso fue consecuencia de la exigencia “del Comité de Obras y Movilidad del Ayuntamiento, que no aceptó la propuesta de admitir una excepción para la actividad de excavación y hormigonado de muros de pantalla”. Finalmente, la falta de seguridad en el túnel de Adif provocó otro recorte y las constructoras acabaron trabajando 4 horas al día: de madrugada, cuando no circulan trenes. Ello provocó un nuevo retraso de siete meses, que se han de añadir a los seis meses antes citados.

A estos problemas se añadió la modificación de los sistemas de seguridad en los túneles excavados, lo que produjo retrasos de otros seis meses

Por si fuera poco, asegura la auditoría del ITEC, durante la excavación “aparecieron sobredimensionados restos de hormigón”, algunos de ellos “imprevisibles y que no figuran en las informaciones suministradas, ya que consisten en rellenos de rasas alrededor de colectores y servicios que en su momento se llenaron con hormigón en lugar de tierras compactadas”. El problema para trabajar en estas condiciones era que habían de alternar maquinaria de diferente tipo y para detectar las anomalías se tuvieron que realizar “actuaciones no previstas como la ejecución de penetrómetros”.

A estos problemas se añadió la modificación de los sistemas de seguridad en los túneles excavados, lo que produjo retrasos de otros seis meses (se avanzó tres metros cada seis días en vez de cuatro metros cada tres días), con lo que el retraso total de las obras se situaba en 19 meses. Y termina reconociendo que el plazo previsto para la finalización de las obras en 25 meses era “demasiado optimista, sobre todo teniendo en cuenta que en la realidad se le han repercutido en la primera fase todos los retrasos iniciales de implantación, permisos, etcétera”.

Un mes para dejar el recinto

Pero la auditoría no ha sido muy tenida en cuenta: una misiva enviada a las constructoras por el Ayuntamiento el mismo día 24 de abril, tras el consejo de administración de Bimsa, a la que ha tenido acceso El Confidencial, dice que “es causa de resolución del contrato el incumplimiento por causas imputables al contratista de los plazos parciales, cuando se evidencie la imposibilidad de finalizar la obra dentro del plazo señalado en el contrato”. Y afirma que “el contratista se encuentra, con claridad, en la causa de incumplimiento que ha sido transcrita y, por tanto, resulta procedente la resolución del contrato”.

En los puntos siguientes, el Ayuntamiento barcelonés da el plazo de un mes a las constructoras para que abandonen las instalaciones del túnel y asegura que “teniendo en cuenta que el contrato se ha resuelto por una causa imputable al contratista (retraso del contratista en la ejecución de obras), el contratista habrá de indemnizar a Bimsa por los daños y perjuicios ocasionados, que ascienden a 3.873.869 euros”. Esa cifra, no obstante, “se completará con los importes que queden pendientes de valoración, así como otros daños y perjuicios que puedan resultar directa o indirectamente de la resolución del contrato, los cuales se notificarán oportunamente al contratista”.

Esa indemnización, según el Ayuntamiento, “se hará efectiva sobre la garantía constituida por el contratista”. Es decir, sobre el dinero depositado en una cuenta bancaria. Según fuentes de las constructoras, “a pesar de la comunicación, no se ha comenzado todavía el expediente ni el Ayuntamiento comunicó al banco la ejecución de avales. Pero si lo hacen, estaremos dispuestos a llegar judicialmente hasta el final”.

Fuentes municipales reconocieron a El Confidencial que ha habido retrasos que no son imputables a las constructoras, pero también que “se habían encontrado estructuras que eran imposibles de detectar”. En las causas de rescisión, subrayan, no se tienen en cuenta los retrasos que no son culpa de los adjudicatarios de la obra. Aún así, habrá que ver si compensa ir a una nueva licitación para terminar las obras en el 2020 o continuar con los plazos actuales y terminarlas antes (el último cálculo establecería la finalización en 45 meses a contar desde noviembre del 2014). E incluso se habrá de estudiar si el encarecimiento para el desastre económico compensa: el Ayuntamiento afirma que, finalmente, se encarecerá un 20% (fue licitada en 60 millones), mientras que las constructoras aumentan esa cifra hasta el 60%, o sea, hasta casi 100 millones de euros.

Informes a gogó

El Ayuntamiento tomó la decisión de rescindir el contrato tras varios informes técnicos encargados a una UTE de cuatro compañías –Typsa, TEC 4, Auding-Intraesa y Eurogeotécnica, a las que se adjudicó la dirección de obras–, que culpaban a las constructoras de ser las causantes de un retraso en la ejecución de las obras de 7,9 meses, citando expresamente los retrasos en las pantallas del pozo 1. Se hicieron informes el 23 de marzo de 2016, el 9 de septiembre de 2016, el 22 de marzo de 2017 y el 28 de marzo de 2017. En este último, determinaban que el retraso total era de 20 meses y que el retraso no imputable al contratista era de 8,1 meses. Y cuatro meses más no eran imputables a nadie.

El Ayuntamiento tomó la decisión de rescindir el contrato de cuatro compañías: Typsa, TEC 4, Auding-Intraesa y Eurogeotécnica

Ese informe fue la base para otro, confeccionado por los propios técnicos de Bimsa y fechado el 21 de abril, en el que obviaban las consideraciones de la auditoría del ITEC (que llevaba fecha de 20 de febrero) y concluían que las constructoras eran las responsables de la disminución del horario de trabajo (le imputaban casi 3 meses de retraso por ello), falta de número de equipos (1 mes), falta de producción de horas perdidas (1 mes), menor producción de la prevista (1,5 meses) y retraso en la incorporación de una hidrofresa (1,5 meses). “Afirmamos que el plan de obras vigente evidencia la imposibilidad de finalizar la obra dentro del plazo total señalado, como consecuencia del retraso imputable al contratista”, termina diciendo el informe. Ni mención a todos los restantes problemas que se encontraron en la monumental chapuza. Ni, por supuesto, al informe del ITEC.

Lo más curioso es que en las peticiones de indemnización de los casi 3,9 millones de euros, 930.944 euros se destinan al capítulo de pagos del “personal propio y estructura de Bimsa”. Se supone que en esa cantidad están incluidos los pagos de los informes que se inventaban sobre el plazo el emplazamiento del túnel de Adif y del sifón del colector. En el informe que desglosa la indemnización, se señala en este punto que “Bimsa establece un coste sobre producción del 4% para las obras que gestiona. En este caso, ha repercutido este coste en los 25 meses de ejecución prevista, resultando el monto expuesto”. Así, considera que las constructoras han de pagarle 96.107 euros al mes por los 8 meses de retraso, cantidad a la que se ha de sumar el IVA para llegar a los 930.944 euros.

En el capítulo de “daños relativos a la demora en la ejecución de las obras imputable al contratista” la cifra se eleva hasta 1.887.295 euros, aunque en esta cifra, según los desgloses, también se esconde un subcapítulo de 627.900 euros como “indemnización para el personal propio y la estructura de Bimsa”, a razón de 79.481 euros por mes en los 7,9 meses de retraso imputables a las constructoras. En otras palabras, el 40% de la indemnización que reclama el Ayuntamiento es para pagar al personal de la propia Bimsa. Casi nada.