Las CCAA ensayan la descentralización del poder político con éxito desigual
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MUDANZA DE INSTITUCIONES

Las CCAA ensayan la descentralización del poder político con éxito desigual

La propuesta de Sánchez de trasladar la sede de organismos para la cohesión territorial ya la han puesto en marcha varias regiones. La experiencia está llena de obstáculos

Foto: Moreno y Puig, en el encuentro que ambos mantuvieron en Sevilla el pasado 21 de septiembre. (EFE)
Moreno y Puig, en el encuentro que ambos mantuvieron en Sevilla el pasado 21 de septiembre. (EFE)

La mudanza de sedes de instituciones del Estado concentradas en Madrid propuesta por Pedro Sánchez para favorecer la vertebración territorial del país no es una idea nueva. Pero en el contexto actual, con la Comunidad Valenciana y Andalucía tratando de liderar un frente que rompa la dinámica Madrid-Cataluña y la atención que reclama la denominada España vaciada, ha entrado de nuevo en escena empujada por las declaraciones del presidente del Gobierno. Las dos primeras regiones viven estas mismas tensiones dentro de sus propias fronteras y han puesto en marcha diversas iniciativas. Eso sí, no exentas de obstáculos, como el recelo de los funcionarios a desplazarse de ciudad o la complicada logística de trasladar una institución ya asentada a otro lugar, con los costes económicos aparejados. A la hora de la verdad, las promesas no son tan fáciles de ejecutar.

El presidente valenciano Ximo Puig es uno de los principales defensores de la llamada desconcentración de instituciones de la Administración central en Madrid para favorecer un mayor equilibrio territorial y a la vez contribuir a un mejor reparto de entidades capaces de generar cierta influencia económica a su alrededor. El barón socialista, que ha reclamado por ejemplo para su tierra la sede de Puertos del Estado, gobierna una comunidad que sufre su propia tensión interna en materia de concentración política y administrativa.

Foto: Imagen: Enrique Villarino.

La Generalitat, como prestadora de servicios básicos de sanidad, educación o servicios sociales, tiene miles de funcionarios distribuidos por las tres provincias. Pero, en tanto que capital de la autonomía, la ciudad de Valencia acumula el grueso de las instituciones de autogobierno y, aunque el Gobierno de Puig ha tratado de desplazar a otras poblaciones algunas entidades existentes, se ha encontrado siempre con el escollo de la resistencia del cuerpo de empleados públicos para moverse con sus familias. Los funcionarios tienen mecanismos de movilidad interna para regresar al lugar de origen a través de concursos de traslados o comisiones de servicio.

Hay algunas instituciones estatutarias con sede fuera de Valencia, como la Sindicatura de Greuges (el Defensor del Pueblo autonómico, cuyas oficinas centrales se encuentran en Alicante), y se han lanzado iniciativas para trasladar determinados departamentos y organismos a otras ciudades en pos de esa desconcentración. “Lo que hemos tratado principalmente es que cada nuevo organismo o espacio institucional que se crea se instale fuera de Valencia”, explican desde la Administración regional.

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Diaz. (EFE)

Se cita como principal caso el de la Conselleria de Innovación, de nueva creación y con sede en Alicante, con 85 personas con plaza en la segunda ciudad de la comunidad, tanto personal de confianza como funcionarios de distintos niveles, si bien la Dirección General de Universidades ha permanecido en Valencia. “El PSOE es el único que se ha tomado en serio lo de descentralizar políticamente desde que funciona la Generalitat, más allá de agujeros financieros como Terra Mítica o la Ciudad de la Luz”, se defienden desde el equipo de Puig. Citan como ejemplos la Agencia para la Protección del Territorio instalada en Elche; la sede de la Agenda para la Despoblación, la Fundación ValER de captación de talento científico y el Consejo Valenciano del Audiovisual, en Castellón; la Agencia de Seguridad Ferroviaria en Torrent, o la Dirección General de Turismo en Alicante.

El territorio tiene la suerte de contar con un tejido económico bastante descentralizado. Poblaciones medianas del interior han contado tradicionalmente con empresas industriales tractoras que han podido equilibrar la natural atracción de Valencia como capital administrativa y de servicios. La provincia de Castellón es, por ejemplo, una de las zonas de España con mayor incidencia de la industria en la composición de su PIB, gracias, especialmente, al peso del clúster cerámico. Por su parte, Alicante disfruta de presencia industrial en poblaciones del interior, aunque sufre la excesiva dependencia del sector turístico en la costa, con un comportamiento más débil en términos salariales y, por tanto, de renta per cápita.

Foto: Pedro Sánchez y Miguel Ángel Revilla. (EFE)

Con una población de 1,8 millones frente a los 2,5 millones de la provincia de Valencia, Alicante ha aspirado tradicionalmente a competir en peso político y económico con la capital. A esa rivalidad, que se siente más en algunas zonas alicantinas de lo que en realidad se vive en Valencia, ha contribuido en los últimos años el hecho de que la Diputación de Alicante, la mayor institución de la provincia, haya estado gobernada (PP y Ciudadanos) por partidos distintos a los que lideran la Generalitat (PSPV-PSOE/Compromís/Unidas Podemos).

Esto se ha traducido en un intento de generar un contrapoder que, en algunas ocasiones, alimenta una suerte de ‘neocantonalismo’ y reclama atención y mayor vertebración en materia de inversiones o presencia pública. Carlos Mazón, presidente de la Diputación alicantina, ha exigido esta misma semana una mayor descentralización de competencias de la Generalitat en favor de corporaciones provinciales y municipios. “Es el momento de esa segunda descentralización, porque algunos gobiernos autonómicos han retenido con celo esas competencias y recursos previamente descentralizados", señalaba.

Valencia ha logrado acumular cierto empuje en España en materia de ecosistema innovador y de fomento de la digitalización para situarse como tercer receptor, a distancia de Madrid y Barcelona, en capital riesgo, con las universidades técnicas y el ‘hub’ de Marina de Valencia como principales emisores de conocimiento y emprendimiento. Para contrarrestarlo, la Generalitat ha tratado de fomentar el crecimiento de un tercer sector innovador ligado a la tecnología con la implantación en Alicante de Distrito Digital, que busca sinergias y ejerce de complemento como propulsor público de la labor que realizan los parques científicos de la Universidad Miguel Hernández de Elche y la de Alicante. La implantación alicantina, aunque parcial, de la sede de la Conselleria de Innovación tiene la misma intención.

Foto: Ximo Puig y Fernández Mañueco; detrás, Feijóo y Page. (EFE)

Esa voluntad política se ha visto trabada por la decisión de la dirección de la Agencia Valenciana de Innovación, que encabeza el profesor Andrés García Reche, de mantener la sede operativa en Valencia. La última polémica ha sido que la AVI ha favorecido en casi un 90% de los recursos de su última convocatoria de ayudas a proyectos de entidades ubicadas en la capital. Reche se ha defendido alegando que la agencia distribuye sus fondos atendiendo a criterios técnicos y de calidad de proyectos que acuden a las convocatorias, no por razones territoriales.

Una promesa electoral

La promesa de descentralizar la Junta de Andalucía y sacar de la capital de la comunidad consejerías del Gobierno para llevarlas a otras provincias ha sido una receta que el PP ha abrazado durante décadas cuando estaba en la oposición. Los populares jugaban con el sentimiento de agravio permanente que existe en provincias más orientales, como Granada y Almería, o con la rivalidad siempre al alza entre Sevilla y Málaga para defender ideas como que la Consejería de Justicia, la de Agricultura o la de Turismo salieran de la capital.

Cohesionar una comunidad tan extensa y tan poblada nunca ha sido una tarea fácil. Los agravios son un clásico. Andalucía tiene más de 8,5 millones de habitantes y su extensión es la misma que tumbar bocabajo un país como Portugal, recuerdan siempre sus responsables públicos. En la última campaña electoral, el presidente, Juan Manuel Moreno, rebajó esas promesas. El PP dejó de hablar de traslado de consejerías, pero sí se comprometió a dispersar por el territorio organismos y empresas públicas.

Foto: Juan Espadas y De la Torre, en una imagen de archivo. (EFE)

En un balance, a petición de este periódico, Presidencia destaca la creación de la Agencia Digital de Andalucía, con 1.000 empleados, afincada en Málaga como el gran proyecto que pone en marcha esa promesa electoral. Desplazar organismos de nueva creación no conlleva costes extraordinarios ni supone trasladar empleados públicos. En Málaga, además, habrá próximamente un nuevo centro relacionado con la tecnología informática, informa la Junta. En Córdoba, asociado al Hospital Reina Sofía, está previsto instalar un centro de investigación médica sobre una enfermedad. Y, aunque la Consejería de Salud y Familias "tiene los trámites avanzados", no ofrece más detalles.

En Almería, el presidente andaluz prometió un centro de investigación agroalimentaria y se va a instalar el Polo de Innovación Tecnológica de la Agricultura Andaluza Cita 4.0, que ya está en marcha. La Junta destaca la apuesta por esta provincia como gran motor de la agroindustria de la región, que ha sostenido el PIB durante la pandemia. Entre las iniciativas asociadas a este polo figura también la creación de una plataforma de comercialización, creada con empresarios para ayudarlos a poner en venta los productos. Las fuentes consultadas dan garantías de que el Consejo de Gobierno "le dará un impulso importante a todo esto el 19 de octubre".

Moreno, que es de Málaga, siempre ha apostado por una política de descentralización y, además, ha apoyado públicamente la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez. Incluso en círculos privados ha sostenido que el conflicto catalán sería hoy muy diferente o no sería si el Senado se hubiera llevado en su momento a Barcelona, donde nació el presidente andaluz, hijo de emigrantes malagueños.

La fuerza centrífuga de Zaragoza

Corría mayo de 2019 cuando el presidente de Aragón, Javier Lambán, en plena campaña electoral reclamó que Zaragoza o Valencia, Sevilla y Bilbao fueran “capital compartida” de España. El barón socialista, puso sobre la mesa la posibilidad de que otras ciudades más allá de Madrid pudiesen albergar ministerios, sedes de agencias oficiales u otros organismos de la Administración del Estado. Es una propuesta muy similar a la planteada por su colega valenciano, pero que en el caso concreto de Aragón chirría. Con sorna, muchos en la región hablan de ‘Zaragón’ para referirse a la gran urbe que aglutina todo y deja olvidada a Huesca o Teruel.

Precisamente, la ciudad de Teruel se ha postulado para acoger la sede de la Agencia Espacial Española, con el respaldo del Ejecutivo y del Parlamento regional, pero justo esta semana el Ayuntamiento de Zaragoza movía ficha y aprobaba una moción de Vox para que la capital también fuese sede del proyecto.

Foto: El Observatorio Astrofísico de Javalambre. (Gobierno de Aragón)

La diferencia de población entre las tres capitales de Aragón es abismal y eso influye en la atracción de la industria. Zaragoza, con más de 680.000 habitantes, frente a los 54.000 y los 36.000 de las ciudades de Huesca y Teruel, respectivamente, acaba siendo el polo al que recurren todas las empresas.

Un ejemplo que contrasta con Canarias, el caso más extremo, ejemplo de alternancia. Con una lógica salomónica el estatuto de las islas recoge que cada cuatro años, coincidiendo con el comienzo de cada legislatura, la sede de la presidencia del Gobierno regional se muda de Santa Cruz de Tenerife a Las Palmas de Gran Canaria o viceversa. Y las oficinas de la vicepresidencia hacen lo mismo, pero en sentido contrario. La capitalidad es compartida por las dos ciudades y entre ellas también se reparten las diferentes consejerías.

Las dos Castillas

“Como concepto teórico y dependiendo de qué tipo de instituciones, la propuesta no está mal. Pero tenemos que esperar a que se plantee con mayor profundidad para poder evaluarla. Las altas instituciones, y es evidente, nunca van a salir de Madrid, pero otras, que incluso la mayoría de la gente ni sabe que existen, podrían trasladarse a otros puntos y así a ayudar a vertebrar el país”, conceden fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha sobre la propuesta planteada por Sánchez.

La comunidad es la tercera por superficie y aunque la capital, Toledo, acoge la sede del Gobierno y del Parlamento regional, así como las consejerías, en el momento en el que se constituyó la autonomía se tuvo en cuenta a todas las provincias y se repartieron entre ellas diferentes instituciones y organismos. Por ejemplo, la sede del Tribunal Superior está en Albacete y las oficinas centrales de lo que en su día fue la caja de ahorros de Castilla-La Mancha estaban en Cuenca. “No éramos una de las comunidades históricas y de alguna manera [ese reparto] sirvió para construir una identidad regional y hacer partícipe a todo el mundo”, explican las mismas fuentes.

Foto: Proyecto Éxodo

La situación en Castilla y León, segunda comunidad por superficie, en lo que a distribución de organismos se refiere, es similar. Valladolid concentra la sede de la Junta y del Parlamento, pero otras instituciones se asientan en las diferentes provincias. Así, el Procurador del Común, el Defensor del Pueblo regional, tiene su oficina central en León, el Consejo Consultivo y el Consejo de Cuentas están en Zamora y el Consejo Económico y Social, en Valladolid.

No obstante, sobre la propuesta de Sánchez, la región no comparte la iniciativa, al menos en los términos planteados. “No consideramos apropiado cambiar la sede de instituciones ya implantadas en un territorio. En cambio, sí nos parece bien que los nuevos desarrollos de empresas u organismos públicos se distribuyan geográficamente aprovechando, incluso, infraestructuras que han dejado de funcionar”, explican fuentes de la Junta.

Tres Parlamentos

El País Vasco decretó por ley en 1980 que Vitoria fuese la sede del Parlamento y del Gobierno autonómico. Fue una decisión discutida, pero que acabaron respaldando el PNV, el PSE y la UCD, frente a Alianza Popular, que votó en contra. No obstante, San Sebastián y Bilbao cuentan con sedes de otros organismos públicos y similares equipamientos, como parques tecnológicos, centros de investigación y polos industriales. Y aunque Álava y Guipúzcoa han denunciado un trato de favor hacia Vizcaya en más de una ocasión, la uniformidad entre las tres provincias es patente. En el caso vasco juega un papel clave la autonomía administrativa que tienen los tres territorios históricos, remarcan fuentes del Ejecutivo.

Las diputaciones forales cuentan con amplias competencias, la primera, la recaudación de impuestos, además de la gestión de los servicios sociales y las carreteras. Y cada provincia tiene sus Juntas Generales (los Parlamentos provinciales). Juega en favor también el tamaño de la comunidad, una región en la que en poco más de una hora en coche puedes ir prácticamente de punta a punta. Y, como señalan las mismas voces, el Gobierno vasco cuida la relación territorial. Los consejeros que conforman el Ejecutivo proceden de las tres provincias y no es raro el día en el que el lendakari, Iñigo Urkullu, visita las tres capitales.

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