La periferia se rebela contra el 'Madrid DF' y exige compartir las instituciones del Estado

Noviembre de 2006. El Tribunal Supremo tumba por razones de tramitación administrativa el traslado a Barcelona de la Comisión Nacional de las Telecomunicaciones, tras una denuncia de la Comunidad de Madrid y gran parte de los trabajadores. La mudanza había sido pactada en 2004 por el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el también socialista Pasqual Maragall, 'president' de la Generalitat como gesto gubernamental hacia Cataluña y como avanzadilla de una estrategia de dispersión territorial de organismos reguladores, en línea con el federalismo alemán o americano que defendía el que fue alcalde de Barcelona. Tras el fallo, el Ejecutivo rehízo el decreto y volvió a intentarlo, no sin fuertes resistencias políticas hasta que finalmente, en 2013, Mariano Rajoy fusionó varios organismos en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y dio marcha atrás parcialmente a la iniciativa.

Hoy, lo que fue la CMT barcelonesa acoge a un grupo de empleados adscritos al área de servicios audiovisuales e instrucción de Telecomunicaciones de la CNMC. La sede de 65 millones de euros que se edificó en el distrito 22@ se quedó semivacía. El primer experimento de traslado de un organismo estatal fue un proyecto fallido. Sin respaldo institucional claro ni por el Gobierno central ni por la Generalitat, con la complejidad que suponía trasladar el personal desde Madrid a la Ciudad Condal, quienes participaron en aquella mudanza la recuerdan con cierta amargura. "Muchos trabajadores tenían sus familias en Madrid y no querían irse. Otros lo hicieron y siguen en Barcelona. Ninguno de los operadores que están bajo el regulador se instaló allí. Si me hablas del regulador farmacéutico puede tener sentido porque hay un montón de farmacéuticas en Cataluña. Lo importante en estos casos son dos cosas: la gente y la operativa, la eficiencia", explica una persona que estuvo en la fase inicial del proyecto de traslado.

Pérez: "Permitiría que el Estado esté más repartido y todos los territorios se sientan más Estado. Y se traduciría en generación de valor fuera de Madrid"

La experiencia fallida de la CMT ha sido uno de los escasos intentos de sacar de Madrid un organismo estatal en lo que para algunos es la gran asignatura pendiente de modelo de distribución institucional y territorial español. Considerado uno de los países más descentralizados de Europa en materia de competencias o fiscalidad a través del sistema autonómico, España agrupa en Madrid la casi totalidad de las sedes gubernamentales, de las empresas y organismos estatales y de los reguladores. La ciudad, que se beneficia además de un diseño radial de infraestructuras de transportes y su propia situación geográfica en el centro de la Península Ibérica, ha sido capaz de atraer el grueso del poder financiero y las principales multinacionales de servicios.

En ese proceso de 'metropolización’, que llega acompañado de un vaciamiento de la España interior hacia Madrid y otras ciudades, ha influido, además, la pérdida de influencia de Barcelona, muy contaminada por el 'procés' independentista. La confluencia de factores ha reabierto un debate en el que distintas voces de territorios de la periferia española coinciden en reclamar una desconcentración de las instituciones del Estado para completar el proceso de descentralización que tendría como objetivo favorecer un reequilibrio territorial del país, con consecuencias también en lo económico, y una mayor cohesión que amortiguase la presión soberanista.

Por ahora, el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez con Unidas Podemos no ha movido ficha. Pero el PSOE sí ha firmado algunos compromisos, como el acuerdo de investidura con Teruel Existe. En el capítulo de reto demográfico, el documento aboga por la "desconcentración territorial del Estado, trasladando total o parcialmente las sedes de diversas instituciones y organismos a distintas ciudades, mediante el diálogo y consenso con las comunidades autónomas y ayuntamientos concernidos".

El pasado 23 de enero, el Ayuntamiento de Barcelona aprobó una proposición del grupo de Manuel Valls con los votos de los Comunes de Ada Colau, el PSC, PP y Ciudadanos en la que aboga por la creación de una comisión mixta con el Gobierno para abrir negociaciones "guiadas por el objetivo del coliderazgo de la ciudad en el Estado con los recursos y proyectos necesarios”. La propuesta va en la línea de quienes desde hace años defienden en Cataluña que Barcelona comparta con Madrid la capitalidad de España.

Garrido: "Creo que debe haber un Estado fuerte, e internacionalmente, esto se visualiza si las instituciones están en una capital potente"

Catalanes y turolenses no son los únicos que abogan por compartir la representación del Estado. El pasado lunes, en el madrileño marco del Forum Europa, el 'president' valenciano Ximo Puig calificaba de "ineficiente, injusta e insostenible" la "macrocefalia política, económica y financiera" de Madrid. Ese "efecto cocapitalidad" se traduce, según el barón socialista, en un "poder institucional que alberga todos los ministerios, todos los órganos representativos y todos los tribunales estatales" y, en el plano económico, en un "dumping fiscal antipatriótico y perjudicial para el resto de comunidades".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contestaba este viernes en una conferencia en el Círculo Ecuestre de Barcelona. "Tanto lo del efecto de la capitalidad como lo del 'dumping fiscal' son dos excusas de mal pagador para no afrontar el fracaso del excesivo intervencionismo en gran parte de las autonomías", afirmaba. "Las decisiones de inversión no son un juego de suma cero en el que unos ganan a costa de lo que otros pierden. Los empresarios invierten allá donde más van a aportar a la sociedad y donde más confianza y seguridad se les procura. Por qué no en lugar de perseguir y crucificar a Madrid hacemos más atractivas otras regiones".

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Desde la Administración valenciana, en cambio, se percibe que la infrafinanciación, con su efecto en las políticas fiscales, y no disponer de determinadas perchas institucionales penalizan. "Es cierto que los funcionarios y el personal son reacios a moverse y esto genera problemas con las personas. Con un organismo 'exnovo' es todo mucho más fácil. Pero se trata de hacer una apuesta por todo lo bueno que conlleva el descentralizar o desconcentrar instituciones, porque esto permite que el Estado esté más repartido y todos los territorios se sientan mucho más Estado. A su vez se traduce en generación de riqueza y valor fuera de Madrid", añade Zulima Pérez, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia y alto cargo en el Consell de Ximo Puig, quien sufre su propio debate interno por la reivindicación que Alicante hace respecto de la concentración de poder autonómico en Valencia y ha promovido, no sin inconvenientes, el traslado parcial de la sede de la Consellería de Innovación al sur de la Comunidad Valenciana. Zulima Pérez defiende que el 'vaciamiento' de instituciones en Madrid no debe ser improvisado y tiene que estar bien justificado a través de estudios previos.

Basaguren: "Puede tener un primer efecto simbólico positivo. Pero no hay que pensar que eso resuelve problemas fundamentales que tiene el sistema"

Una opinión compartida por Alberto López Basaguren, catedrático de Constitucional de la Universidad del País Vasco. Considerado en círculos académicos como uno de los mayores expertos en federalismo, Basaguren cree que los déficits de encaje territorial en España son más profundos y otorga un valor "simbólico" a la posibilidad de que algunas instituciones, organismos o empresas públicas centrales puedan tener su sede social y operativa fuera de Madrid. "Puede tener un primer efecto simbólico positivo. Pero no hay que pensar que eso resuelve problemas fundamentales que tiene nuestro sistema. Luego hay que ser prudente en cómo se hace. Cuando se crea una institución es más fácil hacerlo que cuando ya está funcionando". Y de nuevo pone el foco en el aspecto del capital humano. "Es algo que afecta a muchas familias".

Basaguren es partidario de trasladar instituciones como el Tribunal Constitucional porque, según dice, "hay un problema de visión cortesana del Estado en el cogollito de Madrid, que a veces no es consciente de que el Estado somos todos". Pero cree que la desconcentración tiene más sentido en un contexto más amplio, en el que se aborde también una reforma del sistema autonómico "que afronte los problema de garantía de integración y el reconocimiento de la autonomía". Explica que la mayor parte de Estados de corte federal suelen tener una capital administrativa y otras capitales que ejercen de referencias económicas. Y a su juicio el atractivo económico de Madrid no es producto solamente de la concentración de instituciones estatales o capitalidad política, sino que muchos poderes económicos la han elegido "como plataforma logística de cara al mercado global". "Influye que sea la capital, pero no es el único elemento determinante", señala sobre la acumulación de grandes compañías y sedes corporativas, que ejercen a su vez como imanes para proveedores de servicios.

Vicente Garrido, también catedrático de Derecho Constitucional, cercano a las posiciones del Partido Popular y convencido autonomista, hace un balance positivo de la descentralización de competencias en España y se muestra muy escéptico en el debate de la concentración estatal y el papel de Madrid como capital de España. "Veo dos problemas fundamentales. El primero es de costes. Las propuestas de descentralización cuestan mucho dinero. Tenemos el caso del Parlamento Europeo, con sede en Bruselas y Estrasburgo. Me da rabia que se critique el gasto en las comunidades autónomas cuando estamos soportando un gasto tremendo en Bruselas y Estrasburgo, con diputados y funcionarios viajando permanentemente", afirma.

La segunda dificultad que observa es cómo ejecutar esa desconcentración. "¿A Barcelona solo o a más sitios? Las demás comunidades van a pedirlo también. ¿Vamos a tener la instituciones repartidas en 17 comunidades autónomas? Lo que son el Gobierno y las instituciones del Estado creo que deben de estar en Madrid por visualización y fortalecimiento de la capital del Estado", reflexiona.

¿Cree necesaria una capital fuerte? "Creo que sí. Soy autonomista y partidario de fortalecer las autonomías, pero al mismo tiempo creo que debe haber un Estado fuerte, e internacionalmente esto se visualiza si las instituciones están en una capital potente. Berlín y Bonn se desdibujaron hasta que se produjo la unificación", asegura. "Ocurre a nivel internacional, mira Londres o París. Creo que es bueno que exista eso, otra cosa es que por su finalidad puedas enviar algún organismo sin coste desmesurado a Santiago, La Coruña, Sevilla o Valencia. Habría que estudiarlo muy bien; qué funcionarios se necesitan. Pero mi opinión sobre las instituciones constitucionales es que no se deben descentralizar". Y pone como ejemplo el Tribunal Constitucional, que considera que debe permanecer en Madrid "por razones de finalidad, visualización y coste".

Bel: "Para querer algo diferente hay que cambiar el 'national building', el modelo de construcción nacional, la lógica última del proyecto de Madrid"

Esa visión de un Estado con una capital potente por encima del resto de ciudades, en este caso Madrid, es la que Germà Bel cree que se ha impuesto en España desde el siglo XVII y que, a su juicio, es ya demasiado tarde para corregir, básicamente porque "no hay un voluntad mayoritaria de hacerlo". Economista y exdiputado del PSC, ahora abrazado al soberanismo catalán, Bel es autor de una obra de cabecera para todo aquel interesado en cómo se ha diseñado el país desde el punto de vista de la distribución de las principales infraestructuras de transporte. Se trata del libro 'España, capital París', en el que defiende la tesis de que el actual modelo es el resultado de una apuesta por convertir a Madrid en una gran capital cuyo origen está en la llegada de los primeros borbones al trono español y su intento de replicar el sistema francés en un momento en el que el Reino de Castilla pasaba por dificultades.

"España, capital París"

"Es una creación artificial. El proyecto de construir un Estado a la francesa. Para querer algo diferente hay que cambiar el modelo de construcción nacional, que es la lógica última del proyecto de Madrid. Podría haber sido Toledo o Valladolid, pero se decidió Madrid. Es el modelo al que aspiran tres cuartos de los españoles, así que no hay perspectiva de que cambie".

Sobre las propuestas de descentralizar territorialmente las instituciones del Estado, opina que pecan de ingenuidad porque "no tienen en cuenta que la idea de Madrid es una lógica que corresponde a lo que España ha de ser. Y para que España sea lo que es tiene que ser París", insiste. "Seguirá siendo así porque la España vaciada no ha entendido que su problema no es que no tiene AVE, sino el modelo de construcción nacional francés".

Bel fue diputado socialista hasta 2004. Adscrito al ala catalanista del PSC, fue alejándose de esa formación para convertirse en un activista del independentismo. Fue designado en 2013 por Artur Mas miembro del Consell Assesor per a la Transició Nacional, el consejo de 'sabios' que debía diseñar la ruta hacia la independencia. En julio de 2015 encabezó la lista por Tarragona de Junts pel Sí en las autonómicas catalanas. En noviembre de 2017, anunció que no formaría parte de ninguna lista. Su opinión es que el giro soberanista de una parte de la sociedad catalana tiene que ver con el modelo territorial actual. "No cambiará. Pero si pulverizasen el proyecto de Madrid como ciudad total, con independencia de que pudiera haber un distrito administrativo federal como Camberra, Otawa o Washington, donde no hay ninguna empresa, quizás el tema de Cataluña no estaría como está", asesta.

El debate está abierto en la periferia, pero quizás no tanto en la propia Madrid, que se siente cómoda en su posición como capital dominante con respecto al resto de ciudades españolas. Sin embargo, su tránsito hacia la consolidación como gran metrópolis europea no está exento de problemas (vivienda, presión de costes salariales para las empresas, movilidad, contaminación…) que podrían amortiguarse aligerando la mochila en favor de otros territorios o ciudades. Otra cosa es que sus élites quieren abrir otro melón territorial sin temor a que esto se interprete como un elemento más de ruptura en esa perenne 'España invertebrada' a la que se refería José Ortega y Gasset.