ESTUDIO DEl IVIE SOBRE LA METROPOLIZACIÓN

Valencia pone cifras a la "desconcentración": 45.000 funcionarios podrían salir de Madrid

De la Agencia de Medicamentos, a la CNMV o el Consejo de Seguridad Nuclear… Un informe del IVIE encargado por Puig defiende el desplazamiento de instituciones para reequilibrar España

Foto: Las Cuatro Torres de Madrid. (Reuters)
Las Cuatro Torres de Madrid. (Reuters)

Más de 45.000 funcionarios trabajan en instituciones del Estado radicadas en Madrid que podrían tener su sede en otros lugares de España sin que esto afectase a su funcionamiento, equilibrando la presencia de la Administración central en el resto de país, propiciando un efecto arrastre de empresas de servicios y favoreciendo la contratación de suministros u obras a compañías no radicadas en la capital. Esta tesis y las cifras están recogidas en un informe encargado por la Generalitat valenciana al Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) que lleva por título 'Madrid: Capitalidad, economía del conocimiento y competencia fiscal' y en el que se afirma que el fuerte crecimiento de la región central española y su poder de atracción, derivado en gran parte de su economía de especialización y de la aglomeración empresarial y política de la que disfruta, ha tenido consecuencias sobre otras regiones españolas. De dos maneras: "Influyendo en el proceso de pérdida de población de los territorios del centro de España, y contribuyendo a drenar capital humano de la mayoría de regiones, al convertirse en un polo de atracción por las oportunidades derivadas de la concentración en Madrid de un 21% de las ocupaciones cualificadas de España".

El estudio fue utilizado la semana pasada por el barón socialista, Ximo Puig, en el debate de política general de la Comunidad Valenciana en las Cortes para volver a reclamar una revisión del modelo territorial y la redistribución de recursos e instituciones frente al fenómeno de metropolización. Según Puig, el "efecto capitalidad" ha convertido a Madrid en "un generador de diferencias y desigualdades. Un 'procés' invisible con un 'dumping fiscal' injusto", añadió en referencia a la política fiscal de la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular desde 1995, cuyo impacto en términos de descenso de ingresos públicos se cifra en más de 4.100 millones de euros anuales en el informe del IVIE, 636 euros por madrileño.

El informe del IVIE considera "total o parcialmente descentralizables" desde la Biblioteca Nacional hasta los principales museos de Madrid

El 'president' valenciano es insistente en este discurso, pero trata de hacer esfuerzos para que su tesis se perciba desde una óptica empírica y no como una mera pose política. "No es un debate identitario. Es un debate de derechos, de igualdad de oportunidades y de bienestar (…) desde un eje político que rechaza independentismos, unilateralismos totalizadores y centralización", dijo. De ahí que haya buscado armar su posición con un sustrato científico, el que le aporta un trabajo tutelado por el director del IVIE, Francisco Pérez, y el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia, Ernest Reig en el que han participado como investigadores Amadeo Fuenmayor, Rafael Granell y Silvia Mollà.

El informe, de 149 páginas y que puede consultar aquí, destaca que en los últimos años no ha sido la concentración del sector público la que más ha contribuido a elevar la capacidad madrileña de absorción, sino que las actividades privadas son las indiscutibles protagonistas en una región que concentra un 19,2% del Producto Interior Bruto en el 1,6% del territorio nacional. "El fuerte dinamismo demográfico, económico y social que caracteriza a la Comunidad de Madrid ha permitido a la región configurarse como motor del crecimiento del conjunto del país, puerta de entrada de relevantes conexiones con el exterior en muchos ámbitos —económicos, tecnológicos y en general de nuevos conocimientos—, y como un mercado de alto poder adquisitivo en continua expansión", admiten los investigadores.

Aún así, los autores del texto destacan a las grandes instituciones de carácter público como polos de atracción de capital humano cualificado. Al margen de los ministerios, identifican un primer grupo en las sedes y unidades centrales de otras muchas entidades dependientes de la Administración del Estado que "podrían estar ubicadas en otros lugares pero suponen un elevado volumen de empleados en Madrid". Son instituciones con centenares de empleados como el Instituto de Salud Carlos III (873 empleados), Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (529), Oficina de Patentes y Marcas (489), Consejo de Seguridad Nuclear (422), Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (403), Comisión Nacional del Mercado de Valores (426) o las sedes de las entidades gestoras de la Seguridad Social. Este bloque suma 28.042 efectivos, "que con sus familias representan un contingente demográfico de unas 75 mil personas y representan el 37,4 % del total de empleados en servicios y unidades centrales de los organismos públicos dependientes de la Administración del Estado. De nuevo, el peso de Madrid supera con mucho el de su población en España".

Las cifras son todavía mayores si se contemplan además entidades que, según el informe, también serían "total o parcialmente descentralizables", como determinadas entidades públicas empresariales e instituciones. "Entre las primeras, muchas están vinculadas a las inversiones en infraestructuras y por ello están presentes en muchas regiones españolas, pero tienen una fuerte presencia en Madrid aunque sus sedes centrales podrían estar en otras regiones. Lo mismo puede decirse de organismos localizados en la capital por motivos históricos —como la Biblioteca Nacional, los mayores museos nacionales o la Fábrica de Moneda y Timbre—, o instituciones como la UNED o el Banco de España también localizados en la capital pero no por razones funcionales en el estadio actual de la tecnología y las comunicaciones. En conjunto, este otro bloque de instituciones da empleo en la Comunidad de Madrid —con frecuencia altamente cualificado— a más de 16 mil personas".

Representan un potencial muy importante si el Estado quisiera desplegar una estrategia para reforzar su presencia en los territorios

La suma, en términos de personal que tendría que cambiar de lugar de residencia en el caso de que se produjera una desconcentración que ahora parece inviable, alcanza los 45.000 ocupados. "Teniendo en cuenta que muchos de ellos son trabajadores cualificados y la diversidad de funciones que desempeñan, representan un potencial muy importante si el Estado quisiera desplegar una estrategia para reforzar su presencia en los distintos territorios e impulsar las actividades basadas en el conocimiento que desarrollan muchas de esas instituciones, equilibrando la tendencia a la concentración de las mismas en la capital", se escribe en el documento del IVIE encargado por Presidencia de la Generalitat.

Concentración, también en Europa

La cuestión en el debate que se intenta propiciar desde territorios como la Comunidad Valenciana es si el fenómeno de la concentración tiene solución únicamente desde la redistribución de sedes institucionales o hay razones más profundas. La acumulación de población, actividad y, por tanto, riqueza, a costa de otros territorios no es un fenómeno exclusivo de España, aunque sí notablemente más marcado en este caso. Otro estudio reciente elaborado por McKinsey & Company sobre el futuro del mercado laboral en Europa augura que la automatización y los cambios ocupacionales y de habilidades que la acompañan acelerarán probablemente la concentración del potencial de crecimiento neto del empleo en un grupo de urbes europeas entre las que destacan principalmente Londres y su área metropolitana y París, a las que define como 'megacities'. Madrid se sitúa en un escalón inferior, dentro del apartado de 'superstar hubs' junto a otra cuarentena de núcleos que ejercen de imanes del capital humano por la concentración de las actividades de mayor valor añadido.

"A menos que el covid-19 provoque cambios en las preferencias de los trabajadores y las empresas por comunidades menos densas, las mismas 48 megaciudades y centros superestrellas que contribuyeron con el 35% del crecimiento del empleo en la UE en la última década podrían capturar más del 50% hasta 2030", sostiene el informe.

Las infografías que ponderan el peso por sectores en el mercado laboral son preocupantes para España comparativamente, con Madrid como único 'hub' que combina compañías industriales en crecimiento, financieras y de alta tecnología e incrementos constantes y estables de más del 3% de su Producto Interior Bruto. El resto de España presenta mucha desigualdad, con Cataluña, una parte de Aragón, País Vasco y Navarra con economías más o menos diversificadas al margen de su densidad urbana. La periferia de Madrid (las dos Castillas) aparecen como territorios muy dependientes del sector público, cuando no directamente identificadas como regiones condenadas a altas tasas de desempleo y escasas posibilidades de atracción de inversión y talento. Extremadura y Andalucía están en posición similar. Iguales desequilibrios presenta la Comunidad Valenciana, con Castellón con un mercado laboral más diversificado, Alicante muy dependiente del turismo y Valencia con tasas de empleo altas y en el grupo de provincias que empiezan a perder el tren, aunque en su caso maquillado por la capitalidad de la autonomía y sus instituciones.

"Es probable que los desajustes ocupacionales y geográficos surjan como un gran desafío durante la próxima década", dice McKinsey&Company

La cuestión es si esos desequilibrios, más allá de procesos de desconcentración institucional y del sector público, tienen solución sin un profundo giro en las estrategias y políticas de captación de inversiones y tejido productivo de alto valor. McKinsey estima que, a medida que la adopción de la automatización empresarial continúe en la próxima década, casi todos los 235 millones de trabajadores europeos de hoy se enfrentarán a algún grado de cambio en sus ocupaciones al que tendrán que adaptarse. "Es probable que los desajustes ocupacionales y geográficos surjan como un gran desafío durante la próxima década", afirman.

"Hasta 21 millones de trabajadores pueden tener que dejar ocupaciones en declive. Estimamos que 94 millones de trabajadores (alrededor del 40 por ciento de la fuerza laboral de 2018) puede que no necesite cambiar de ocupación, pero tendrán que adquirir nuevas habilidades porque más del 20 por ciento de lo que hacen hoy puede ser manejado por tecnología", sostiene la consultora. La cuestión, por tanto, va más allá de una pugna entre autonomías por la captación de recursos. Se trata saber si España está abocada a continuar con su tendencia a la concentración económica y demográfica en un fenómeno sin solución y proclive a traducirse también en conflictos de orden político y social, o si cambiará de rumbo para propiciar una relación territorial más equilibrada.

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