Fin de ciclo en À Punt: la nueva TV valenciana se ahoga al año de iniciar emisiones

La nueva televisión autonómica valenciana se asfixia. Poco más de un año después de que la nueva Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC) recuperase la señal televisiva de la antigua Canal 9 —que el popular Alberto Fabra apagó forzosamente el 29 de noviembre de 2013—, los problemas económicos, los modestos resultados de audiencia y comerciales y una batalla política soterrada por el control están dejando sin oxígeno uno de los proyectos estrella del llamado Consell del Botànic, la recuperación de un medio de comunicación audiovisual público en la Comunidad Valenciana, la única autonomía española con lengua propia que no disponía de esta herramienta.

Para ponerla en marcha, las Cortes Valencianas impulsaron la pasada legislatura la creación de la CVMC (100% propiedad de la Generalitat) y eligieron un consejo rector o consejo de administración por una mayoría cualificada en la que todos los partidos situaron a personas vinculadas al mundo de la comunicación. A su vez, la CVMC constituyó la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC), que es la mercantil que gestiona la televisión y la radio, la primera en comenzar a emitir en noviembre de 2017. La puesta en marcha del nuevo conglomerado de comunicación no ha sido un camino fácil. Concebida como un nuevo instrumento jurídico (la antigua RTVV todavía está en fase de liquidación), la nueva À Punt, como fue bautizada, tuvo que renovar gran parte de su equipamiento técnico, componer una estructura de personal (500 personas) y configurar una nueva parrilla externalizando gran parte de los programas y reservándose toda la producción informativa, tal como marca la ley de creación.

Las discrepancias sobre cómo enfocar el futuro de la radio y la tele autonómicas tienen soterrado un pulso por elevar el control político

Aunque con retraso sobre el calendario previsto, la recuperación de la televisión y la radio públicas fue cumpliendo sus etapas. Sin embargo, la primera alarma de que algo no marchaba bien saltó en otoño del año pasado, cuando la directora general, Empar Marco, reclamó públicamente más dinero en plena negociación de los Presupuestos autonómicos de 2019 para pasar de 55 millones de euros anuales a unos 70 millones. La ley fija un mínimo del 0,3% y un máximo del 0,6% del Presupuesto de la Generalitat para la CVMC, pero desde el principio han surgido interpretaciones sobre si era referido al presupuesto financiero o no financiero y si debía tenerse en cuenta el consolidado que incluye el sector público. Con la interpretación amplia, los 55 millones estarían por debajo del mínimo legal y los defensores del incremento de recursos esgrimen que se trata de la televisión autonómica más barata de España en término relativos, coste por habitante.

La solicitud de Marco, en pleno precalentamiento electoral, fue rechazada de plano por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y reveló un pulso y unas diferencias estratégicas sobre el rumbo del proyecto audiovisual que a día de hoy siguen arrastrándose. Mientras desde el entorno del barón socialista y ámbitos de su partido se habla de una deficiente planificación económica, el equipo directivo de Marco sigue reivindicando los fondos adicionales y atribuye a una insuficiencia financiera original los problemas de gestión de recursos que sufre la televisión. La cuestión es que de cara al segundo semestre del año, À Punt se ha visto obligada a eliminar programas para reorganizar turnos, desconectarse de algunas de las productoras y presentar una parrilla para lo que queda del año mucho más modesta en la que no estará ni el programa de fútbol que realizaba el grupo Mediapro.

La auditoría elaborada por Moore Stephens para el ejercicio de 2018, respaldada por la Intervención General de la Generalitat, ha echado más leña al fuego. Además de exigir la devolución a la Generalitat de casi 10 millones de euros que la CVMC traspasó a la sociedad para cubrir gastos relativos a su puesta en marcha, ha desestimado las alegaciones de la propia corporación y la SAMC, y ha presentado una opinión con salvedades en la que considera que la televisión cerró 2018 ya en causa legal de disolución tras presentar un patrimonio negativo de 748.600 euros como consecuencia de la acumulación de pérdidas.

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Aunque la sociedad que gestiona la televisión se financia vía Presupuestos de la Generalitat, contablemente la asignación económica de 2018 no se computó como ingresos, por lo que todo el gasto fue a engordar un resultado de explotación negativo. Esto, unido al hecho de que el ente apenas ha generado 816.352 euros de ingresos comerciales el año pasado, ha arrojado unas pérdidas de 48 millones. "Las compensaciones recibidas por la sociedad para la financiación del servicio público se reconocen directamente en los fondos propios como aportaciones de socios, y por tanto el saldo del ejercicio de la cuenta de pérdidas y ganancias resulta negativo para posteriormente ser compensado con las aportaciones de socios en el patrimonio neto del balance", se explica en la memoria de las cuentas anuales.

La directora general, Empar Marco, ha salvado el 'match ball' y seguramente seguirá hasta marzo de 2020. Habrá cambios en el consejo rector

Ha sido al inicio de 2019, con la asignación de 42,7 millones que recibe de su matriz, la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC), cuando se ha reequilibrado la situación patrimonial, pues esta subvención computa como aportación de socios, es decir, como fondos propios. Esta peculiaridad contable va a ser una constante en las auditorías futuras. Es decir, la televisión no recogerá como ingresos de explotación más que los que sea capaz de captar por publicidad, por lo que cerrará periódicamente con números rojos y después limpiará su balance cuando a partir de enero recibe el dinero de la Generalitat. La corporación niega estar en quiebra y señala además sobre la discrepancia que mantiene con la Intervención que "la facturación entre las dos entidades ha supuesto para la SAMC un incremento de los gastos no presupuestados que supera las aportaciones recibidas y es esto lo que ha causado el desequilibrio patrimonial". "La SAMC ha entrado en unos fondos propios negativos y la CVMC tiene un superávit de 9,2 millones de euros. Como las dos entidades son del mismo grupo, es un coste meramente contable que nada tiene que ver con una quiebra, ni insolvencia".

En cualquier caso, los problemas económicos van a hacer mella en la programación de otoño, y la percepción entre las productoras audiovisuales, muchas de las cuales desconocen su futuro inmediato con la corporación, es que se ha producido un parón en el impulso inicial que había recibido el sector, muy castigado en la Comunidad Valenciana desde el cierre de Canal 9. Los fondos de la sociedad que gestiona le televisión apenas alcanzan para cubrir los costes fijos y el gasto corriente y casi no hay dinero para invertir en programas, unos tres millones. No será hasta el año que viene, con la perspectiva del nuevo presupuesto, cuando pueda plantearse un escenario más optimista, lo que alimenta más si cabe la sensación de fin de ciclo en esta primera etapa de À Punt.

La situación de cierto bloqueo en el avance del proyecto audivisual propició el pasado mes de junio algunos movimientos para tratar de dar un golpe de timón. Tanto desde el entorno de Ximo Puig como enTRE algunos integrantes del consejo rector de la CVMC, se planificó un posible relevo forzoso de la dirección general de Empar Marco justificado en los modestos índices de audiencia y los informes de evaluación y clima laboral encargados para hacer un balance de gestión del ejercicio. Las conclusiones de estos informes se conocerán en la reunión que este viernes celebra el consejo rector. Sin embargo, ha ido ganando la idea de la inconveniencia de forzar una salida cuando faltan apenas unos meses para que Marco finalice su contrato (marzo de 2020), al tiempo que entre los socios del Botànic se ha extendido la opinión de que el PSPV-PSOE está apretando la máquina para tratar de situar a un directivo más cercano a sus intereses. Si algo no se puede reprochar a Marco es su independencia. Es una persona que tiende a interpretar las sugerencias que recibe desde el poder como una presión política. Hay una anécdota que ejemplifica esto: la noche en que su equipo invitó al secretario autonómico de Comunicación de Ximo Puig, José María Vidal, a abandonar la sala de realización del debate televisivo de candidatos autonómicos previo a los comicios del 28 de abril, donde Vidal quiso entrar para seguir el programa.

Las problemas económicos han cortado el suministro para el sector audiovisual local, que confía en À Punt para su supervivencia

Marco parece haber ganado tiempo, al menos hasta marzo, para intentar reorientar su proyecto si decide plantearse la reelección. Por ahora, lo que habrá será una renovación parcial en octubre de cuatro de los nueve miembros del consejo rector de la CVMC que preside Enrique Soriano. Algunas voces ya han comenzado a plantear abiertamente le necesidad de introducir perfiles más ligados a la gestión económica. Así lo hizo este jueves el portavoz de Compromís en las Cortes, Fran Ferri, que abogó por configurar un consejo de administración "donde haya todos los perfiles necesarios para administrar una empresa". "Hay muchos perfiles de profesor universitario y del sector audiovisual. Pero gestionar una empresa requiere también otras cuestiones", dijo. Los consejeros salientes, aunque pueden ser reelegidos, son Rafa Xambó, Vicente Cutanda, Marc Pallarés y Mar Iglesias.

Cita en la Audiencia el 23-J

Hay otro elemento que sobrevuela sobre el futuro de la corporación y que puede condicionar su futuro. Se trata de la demanda que la Unió de Periodistas-FAPE interpuso contra los baremos de selección de las bolsas de trabajo, por considerar que puntuaban en exceso la experiencia en la antigua Canal 9 y no garantizaban la igualdad en el acceso a la plantilla de la televisión a personas que podían aportar nuevas ideas y otras culturas empresariales. La fecha del juicio se ha fijado finalmente por la Audiencia Nacional para el 23 de julio y la asociación de periodistas cree que recibirá el apoyo del Ministerio Fiscal a su tesis. La sentencia podría conocerse probablemente en octubre o noviembre. Si es contraria al proceso de selección de personal y se anulan las bolsas de trabajo, se abrirá una nueva crisis. La Unió sería partidaria, entonces, de que la CVMC inicie un proceso de consolidación de la plantilla con un baremo más equitativo y ajustado a la ley que evite tener que ejecutar una sentencia contraria a la corporación pública que podría abocarla a un escenario imprevisible.

La percepción de haber entrado en una etapa transitoria, las dudas sobre el futuro de la plantilla y una dirección enrocada que se siente víctima de ataques injustificados están enturbiando el ambiente en la propia televisión. Los trabajadores tienen la sensación de que su trabajo no está siendo reconocido. Pese a la crítica que se ha instalado sobre la escasa penetración de la televisión en la sociedad valenciana, no es menos cierto que en los últimos meses se han producido algunos hitos que han permitido respirar a los gestores, con picos de audiencia de hasta dos dígitos en informativos del medio día y en la cobertura de algunos acontecimientos como la celebración de la Copa del Rey ganada por el Valencia CF. Aun así, À Punt sigue ocupando el farolillo rojo en la clasificación de televisiones autonómicas. En junio obtuvo un promedio del 2% de cuota de pantalla en su ámbito de actuación en un entorno mucho más competitivo que cuando cerró la antigua Canal 9. Entonces, ni había Netflix ni HBO lo petaba con 'Chernobyl'.