La vivienda entra en campaña electoral con muchas promesas imposibles de cumplir

Aunque, oficialmente, la campaña electoral del 28-M arrancará a las 0:00 del próximo 12 de mayo, la realidad es que el pistoletazo de salida se dio la semana pasada, con el acuerdo para desbloquear la ley de vivienda y el mitin del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciando que Sareb iba a movilizar 50.000 pisos sociales y asequibles.

Es la traca final de una legislatura marcada por el uso de la vivienda como arma electoral, un pecado en el que han caído administraciones de todo signo, sin que detrás de tanta promesa se haya conseguido incrementar apenas el parque de vivienda pública, ni abaratar el precio de compra o alquiler.

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Al contrario, desde la primavera de 2019, comprar una vivienda en España es un 14% más caro, y alquilarla, un 12%. Además, en todo el país, apenas hay 452.040 hogares sociales, un 1,8% del parque total de viviendas que tiene nuestro país, que supera los 25 millones de casas.

Si se toman en consideración solo las primeras residencias, que rondan los 18 millones, ese porcentaje asciende hasta el 2,5%, cifra que dista mucho de alcanzar el 20% prometido ahora por el Ejecutivo de Sánchez dentro de la ley de vivienda. La norma matiza, es cierto, que este listón deberá alcanzarse en zonas tensionadas, pero, tal y como se han flexibilizado los requisitos para ser declarada como tal, todo el país lo será.

Para llegar a este listón, España necesita promover cerca de cuatro millones de viviendas, lo que arroja una media de 200.000 hogares al año durante los próximos 20 ejercicios, que es el plazo marcado por el Gobierno para alcanzar este objetivo, horizonte que también se ha incluido dentro de la nueva normativa.

Para hacerse una idea del reto que supone, el año que más viviendas protegidas se construyeron en España fue 1997 y apenas se superaron los 85.000 hogares. Ni siquiera en el pico de la burbuja, en 2008, las calificaciones definitivas de casas con algún tipo de protección llegaron a 70.000, menos de la mitad de lo que España necesita promover cada año para cumplir lo recogido en la ley de vivienda.

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Aunque este 28-M la vivienda se ha convertido en clara baza electoral, es un mal endémico de nuestra clase política utilizarla con ese fin que se agravó tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. De hecho, basta con tirar de hemeroteca para ver a políticos de todo signo prometiendo grandes planes que se han demostrado absolutamente imposibles.

Desde las 100.000 viviendas que el exministro José Luis Ábalos anunció hace dos años hasta las 15.000 que prometió levantar en esta legislatura la presidenta madrileña, Isabel del Díaz Ayuso, pasando por el parque público de 8.000 hogares que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, proclamó hace ya ocho años, ninguna de estas grandes promesas está cerca de cumplirse en el ocaso de la legislatura.

Para que en 20 años el 20% del parque de vivienda en España sea asequible, se necesita construir 200.000 pisos cada ejercicio. Imposible

A tenor de lo que viene recogido en la ley de vivienda, el Gobierno central ha renunciado a construir ese parque de 100.000 pisos con los 30.000 hogares que iban a aportar grandes tenedores, iniciativa que también contaba con el respaldo de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y que ha terminado derrapando por "problemas técnicos", según la versión oficial.

Detrás de este eufemismo se esconde el rechazo del Ejecutivo de Sánchez a que sea el Estado central quien firme los acuerdos que habrían permitido construir de golpe un gran parque público de alquiler, alegando que se trata de una competencia cedida y que corresponde a cada Administración autonómica firmar esos alquileres con los fondos inmobiliarios.

En su lugar, el Gobierno ha optado por llevar a los titulares las viviendas de Sareb y lanzarse sin red a anunciar que destinará 50.000 pisos a políticas sociales y asequibles, cifra que la propia vicepresidenta Nadia Calviño desinfló ayer, apenas 72 horas después.

A día de hoy, Sareb solo tiene 11.000 hogares con opciones de engrosar este plan: 2.000 ocupados por familias que tras un año de trabajo están en disposición de incorporarse al programa de acompañamiento social y 9.000 que el banco malo puede vender de manera inmediata a las comunidades autónomas y ayuntamientos interesados en comprar.

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El problema es que estos, durante toda la legislatura, han demostrado carecer de apetito por los pisos que Sareb puso a su disposición, una bolsa de 15.000 hogares sobre los que solo se firmaron 3.300 acuerdos de cesión.

Además, cuando estos contratos han ido terminando, lejos de comprar las viviendas, las diferentes administraciones han optado mayoritariamente por devolvérselas a Sareb, salvo gloriosas excepciones como el Ayuntamiento de Madrid o la Xunta de Galicia, que juntos apenas suman 140 adquisiciones.

El Gobierno ha renunciado a llegar a un acuerdo con grandes tenedores que habría permitido movilizar de golpe 30.000 pisos sociales

Ahora, al borde de elecciones, Ximo Puig ha anunciado a bombo y platillo que va a adquirir 500 hogares, adquisición que lleva dos meses cerrando con Sareb y que, además, en ningún caso parece que se completará antes del 28-M, ya que por el momento solo hay horizonte de cierre de la operación sobre 335 hogares.

Triste consuelo para el líder valenciano, que ha sido incapaz de sacar adelante durante este mandato su plan de cesión de suelos sobre los que promover alquiler asequible, proyecto que tuvo que ser suspendido en dos ocasiones, al ofrecer unas condiciones imposibles de aceptar por los promotores privados.

Estos, en cambio, sí han acudido al Plan VIVE de la Comunidad de Madrid, a la llamada del área metropolitana de Barcelona para ser su socio en la entidad HMB y a la licitación de suelos libres del Ayuntamiento de Madrid, la única Administración que ha destinado este tipo de terrenos a promover alquiler social.

Estas tres administraciones son prácticamente las únicas que han puesto realmente en marcha un plan para multiplicar sus alquileres asequibles, y a pesar de ello, el resultado al final de la legislatura dista mucho de ser el prometido hace cuatro años.

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En el caso del Ejecutivo de Díaz Ayuso, ha adjudicado 6.500 viviendas, menos de la mitad de las 15.000 anunciadas, y aunque no podrá entregar ni una sola llave antes de los comicios, sí que al menos podrá decir que la obras han arrancado, algo de lo que el resto de administraciones no puede presumir.

En el caso del área metropolitana de Barcelona, las 4.500 viviendas de HMB se espera que empiecen a licitarse en otoño, con lo que todavía falta un largo camino hasta ver ponerse la primera piedra. Este plan es crítico para que la alcaldesa Ada Colau construya una cartera de 8.000 pisos públicos, como prometió en 2015. Por el momento, ha cumplido la mitad de este objetivo, al haber elevado de 7.500 a 11.500 los alquileres municipales.

El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, acaba de adjudicar la veintena de suelos repartidos por toda la capital sobre los que promoverá 2.000 viviendas en renta asequible, mientras que Málaga acaba de lanzar su plan para levantar 530 viviendas. Iniciativas dirigidas, en todos los casos, a sacar al mercado hogares a precios accesibles, pero cuyos números distan mucho de los grandes titulares de la campaña electoral.