El Gobierno negocia con los fondos que destinen 30.000 viviendas a alquiler social

El secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, ha aprovechado el acto de clausura del octavo Encuentro de Real Estate que organizan IESE, Savills y Tinsa, para poner en valor todas las acciones que ha activado su Gobierno en materia de vivienda, exposición que ha llevado a cabo en un día marcado por la posición en contra del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la ley de vivienda, por considerar que se trata de una norma inconstitucional.

Frente a la crítica, Lucas ha optado por sacar pecho y poner en valor todos los esfuerzos que están haciendo desde su secretaría en un momento clave para la economía. Un trabajo que tiene entre sus prioridades facilitar el acceso a la vivienda y promover los alquileres asequibles, todo un reto, ya que, actualmente, el parque de viviendas apenas alcanza los 290.000 hogares y las tensiones de precios son un drama social en grandes capitales como Madrid o Barcelona.

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Para combatirlo, Lucas ha confiado parte de la solución al Plan de Vivienda de Alquiler Asequible, que consta de una propuesta de promover desde el Estado 100.000 pisos, hogares a los que se sumarán las diferentes iniciativas que están llevando a cabo, y puedan activar en el futuro, tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos.

De esta cifra, Lucas ha subrayado que en torno a 50.000 hogares, la mitad del total, se enmarcan dentro del parque público de vivienda que se quiere construir, pero que tardará años en llegar, mientras que la otra mitad vendrá de la colaboración público-privada, lo que permitirá movilizar pisos más rápido.

En total, el Gobierno quiere movilizar 100.000 viviendas para alquiler social y asequible

En este segundo punto entran las hasta 15.000 viviendas que acaba de comprometerse a aportar Sareb a las comunidades autónomas y las 11.000 viviendas del fondo social bancario (ya hay habitadas 10.000). Las otras 30.000 las están negociando desde su secretaría con el sector privado.

Según ha explicado Lucas, el objetivo es que fondos y grandes tenedores saquen al mercado hasta 30.000 pisos a un "precio social", ya que el objetivo de estas conversaciones es que este parque continúe siendo propiedad de los inversores privados, pero se incorporen al esfuerzo público de multiplicar las rentas sociales y asequibles.

Aunque esta idea lleva tiempo sobre la mesa, y en algún foro tanto el exministro de Transportes José Luis Ábalos como la actual titular, Raquel Sánchez, han dejado caer la idea de llegar a acuerdos con propietarios privados para crear una gran bolsa de pisos en alquiler asequible, las fuentes consultadas aseguran que las conversaciones están muy encarriladas, aunque también puntualizan que, probablemente, la cifra final se quede un poco por debajo, en torno a los 25.000 hogares.

La clave para llegar a un acuerdo definitivo es que sea el Estado el garante de los contratos, y esto pasa por que sea él quien firme el contrato de alquiler con los grandes tenedores. Esto da a los fondos la seguridad jurídica necesaria para aceptar poner en el mercado estas viviendas con un fuerte descuento, que a la espera de cerrar las negociaciones, se situaría en torno al 20% frente al precio de mercado.

El Estado negocia la compra de 30.000 pisos a grandes tenedores a un precio social

Lucas también ha destacado que, para salir de la crisis, la economía española necesita sectores que tiren con fuerza y el inmobiliario está llamado a ser uno de ellos, hasta el punto de que, según el político socialista, "está en condiciones de convertirse en un elemento tractor".

Para conseguirlo, su Ejecutivo ha puesto en marcha tres grandes líneas de actuación: continuar trabajando con políticas que permitan combatir el acceso a la vivienda de los más vulnerables y a precio asequible, la conformación del citado parque público de vivienda y la inversión en mejoras del parque de viviendas existente, para que sean más habitables.

Lucas también ha señalado que los fondos Next Generation cuentan con una partida de 6.820 millones de euros dirigida a rehabilitación, construcción con eficiencia energética, lucha contra la despoblación y rehabilitación de edificios públicos. Este cheque es una de las mayores inyecciones del dinero procedente de Europa y está condicionado a conseguir mejoras de eficiencia energética tipificadas en luchas contra el cambio climático y la descarbonización.