Las 50.000 viviendas sociales de la Sareb: trampantojos y medidas recalentadas

Nada nuevo bajo el sol. El anuncio realizado por Pedro Sánchez el pasado fin de semana de que Sareb va a movilizar 50.000 viviendas para alquiler asequible es un sumatorio de proyectos que la entidad tiene en marcha desde hace tiempo que, además, en algunos casos se están mostrando incapaces de alcanzar las rentas sociales previstas.

Esta promesa se nutre de tres líneas de actuaciones del banco malo. La primera se anunció hace casi un año, el 11 de mayo de 2022, cuando Sareb lanzó un plan dirigido a "regularizar y/o mejorar la situación de cerca de 9.800 familias que residen actualmente en viviendas de la empresa pública y que podrían acceder a un alquiler social o asequible", con potencial de llegar hasta 14.000 hogares.

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Seis meses después, el 11 de octubre de 2022, la entidad lanzó su proyecto de cesión de suelos para promover entre 10.000 y 15.000 alquileres asequibles bajo fórmulas de colaboración público-privada, un plan a varios años que, en ningún caso, permitirá entregar una sola vivienda antes de 2026.

Y el pasado febrero, comunicó a bombo y platillo un acuerdo para vender 500 pisos a la Generalitat valenciana, hogares que Sareb sigue esperando que compre el Ejecutivo del socialista Ximo Puig y que son continuación del plan de cesión de 15.000 viviendas que la entidad pública lanzó hace años.

Estas tres líneas son las mismas sobre las que ahora Sánchez ha lanzado el mensaje electoral de las 50.000 viviendas sociales de Sareb, una media verdad que lleva a engaño, al inclinar a pensar que el Ejecutivo ha arrancado un nuevo plan —cuando son medidas ya existentes— y que se van a alcanzar esos alquileres asequibles, algo todavía por demostrar y con precedentes que invitan a pensar justo lo contrario.

Por ejemplo, de las 9.800 viviendas que Sareb identificó hace ya un año como potenciales alquileres sociales, solo 2.000 están en disposición de incorporarse al plan de acompañamiento para familias y todavía ninguna ha firmado un solo contrato de alquiler social.

De las 9.800 viviendas que Sareb identificó hace ya un año como alquilares sociales, solo 2.000 están en disposición de incorporarse al plan

En esencia, esta línea de actuación se resume en que Sareb está construyendo una bolsa de alquiler social con los pisos ocupados que se adjudica. Una vez bajo su control, analiza si quienes habitan esos hogares son familias en situación de vulnerabilidad u okupas con k.

En el primer caso, Sareb ofrece el citado plan de acompañamiento, que exige por parte de los inquilinos asumir un compromiso de buscar trabajo, pedir todas las ayudas a su alcance y solicitar la renta mínima de inserción, ingresos con los que poder pagar el alquiler social que se fije. Anualmente, se revisará su situación para, si mejora, incrementar el alquiler.

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En el caso de los okupas, Sareb activa los mecanismos legales para llevar a cabo un lanzamiento, recuperar la vivienda ya vacía y, si es posible, venderla a administraciones o a privados, con lo cual ya no sería alquiler asequible.

Menos frutos ha dado la bolsa de hasta 15.000 viviendas que Sareb puso a disposición de las diferentes administraciones para firmar convenios que les permitieran destinarlas a alquiler social, embrión de las hasta 21.000 viviendas que Sánchez dice ahora que se venderán a ayuntamientos y comunidades.

Las comunidades y ayuntamientos de toda España apenas firmaron 3.300 cesiones. A este fracaso se une que, cuando va llegando la fecha de vencimiento de estos contratos, lejos de quedarse los pisos, las diferentes administraciones los están devolviendo al banco malo, salvo gloriosas excepciones como el Ayuntamiento de Madrid, que hace dos años adquirió un centenar de pisos que tenía convenidos, con la intención de comprar más.

Con esta lección aprendida, Sareb ha optado por dejar de firmar contratos de cesión y, directamente, sellar acuerdos de venta como el tantas veces anunciado ya con la Generalitat valenciana. Si nada se tuerce, está previsto que este abril se firme la compra de las primeras 335 viviendas, por 31 millones de euros, mientras que del resto no hay siquiera fecha orientativa.

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A partir de esta experiencia, confiar en que las comunidades y ayuntamientos adquirirán 21.000 pisos a Sareb para vivienda social requiere, como mínimo, de un ejercicio de fe.

Por lo que respecta a Proyecto Viena, el plan para promover alquileres sociales sobre suelos del banco malo, las fuentes consultadas apuntan a que los números con los que trabaja Sareb apuntan más a conseguir promover 10.000 pisos en vez de 15.000.

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Además, el éxito o fracaso de este plan dependerá del apetito que despierte entre los fondos y promotores privados, los mismos a los que demonizan las fuerzas que respaldan esta ley de vivienda, ya que estos hogares se levantarán bajo la fórmula de la cesión de un derecho de superficie por un periodo mínimo de 50 años.

Durante ese medio siglo, quien explotará los alquileres asequibles serán compañías privadas que, para acudir a la puja, exigirán no solo la rentabilidad necesaria como para que les salgan los números, sino, sobre todo, seguridad jurídica y un marco normativo estable. Bases que distan mucho de juegos de trileros para lograr réditos electorales.