El Estado ficha a PwC para hacer 10.000 alquileres asequibles sobre suelos de Sareb

La firma de servicios profesionales PwC se ha hecho con el contrato más ambicioso de Sareb. El banco malo la ha elegido para elaborar el plan de cesión de suelos, unos terrenos sobre los que la entidad aspira a promover 10.000 viviendas de alquiler asequible.

Se trata de una de las apuestas más destacadas del nuevo equipo de Sareb, con Javier Torres como presidente y Leopoldo Puig de consejero delegado, que tomó las riendas de la entidad después de que el Estado se hiciera con la mayoría del capital, el pasado abril.

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Los planes de Sareb van en la misma línea de las iniciativas ya vistas en Barcelona y Madrid: ceder suelos públicos y que un socio privado se encargue de construir y gestionar las viviendas durante un plazo de concesión que, inicialmente, se estaría apuntando hacia los 50 años.

Como adelantó El Confidencial, para determinar la viabilidad de esta idea, y darle forma, Sareb lanzó el pasado octubre una licitación pública dirigida a contratar a un experto legal y otro financiero que le asesore. Y, en ambos casos, el elegido ha sido PwC.

El contrato de asesoramiento económico-financiero ha sido adjudicado a PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocio por 287.904 euros; mientras que el jurídico ha sido para la división de Tax & Legal por 180.290 euros. Por estos contratos, Sareb recibió un total de once ofertas: siete para el primero y cuatro para el segundo.

En ambos casos, el plazo de ejecución de estos trabajos son seis meses, lo que significa que, a partir del próximo verano, Sareb podrá tener ya definido su plan de cesión de suelos para promover alquiler asequible y la viabilidad del mismo.

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A la espera del resultado de estos trabajos, la idea de partida de Sareb consiste en identificar terrenos por toda España para incluirlos en este plan y poder ampliar así la bolsa de pisos públicos con rentas sociales o asequibles repartidos por las diferentes comunidades autónomas.

No obstante, al tratarse de una concesión, la entidad pública deberá lanzar una licitación pública, cuya columna vertebral será el resultado de los trabajos que va a llevar a cabo PwC durante los próximos meses. En ellos, la firma de servicios profesionales deberá definir en detalle el modelo de colaboración público-privada bajo el cual se llevaría a cabo esta cesión de suelos.

Aunque diferentes administraciones y empresas públicas están apostando por estos modelos (Barcelona y Madrid para promover vivienda pública, y Aena para aprovechar los terrenos de los aeropuertos, entre otros), cada caso concreto tiene su singularidad. Y, en Sareb, su particular naturaleza hace que deba analizarse todo en detalle.

Entre otros aspectos, se trata de una sociedad que en cinco años deberá liquidarse, ya que este fue el compromiso que asumió el Estado español con Europa cuando creó Sareb. En cambio, un plan de cesión de suelo implica largos periodos de tiempo y, en este caso, se está planteando la posibilidad de concesiones a 50 años.

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Todo un desafío legal que exige analizar tanto las opciones de alargar la vida de Sareb como de poder traspasar en bloques su patrimonio, en este caso terrenos, a otros entes o administraciones públicas con garantías jurídicas, ya que la vocación del actual equipo con este plan es promover vivienda en régimen de colaboración público-privada, pero, una vez cumplido el plazo de concesión, que estos hogares se integren en el patrimonio público.

Los futuros 10.000 hogares proyectados en este plan son adicionales a las 15.000 viviendas que Sareb destinará al fondo de alquiler público que quiere crear el Gobierno y que aspira a contar con 100.000 pisos.