Sánchez ordena desbloquear la ley de vivienda y toma las riendas de la negociación con Díaz

El acuerdo para aprobar la ley de vivienda se está ultimando ya al máximo nivel. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ordenado desbloquear la negociación para tener lista la norma antes del 28-M y se ha implicado de forma directa en las conversaciones. En las últimas horas, Sánchez ha iniciado conversaciones con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para poder cerrar un pacto de forma inminente, según ha podido saber este diario. Según fuentes cercanas a estas conversaciones, “el acuerdo está cerca”. Un optimismo que trasladan también desde el Ministerio de Transportes, proponente de la norma. Los grupos parlamentarios de Unidas Podemos, ERC y EH Bildu insisten en que siguen negociando y apelan a las interlocuciones que se han tenido hasta ahora. Desde el departamento de Derechos Sociales apelan a la discreción sobre el avance de las negociaciones, lo que da cuenta del interés por blindar del ruido las conversaciones y facilitar así el acuerdo.

La política vivienda será uno de los ejes principales del programa marco del PSOE para las elecciones municipales y el impulso a esta ley pretende ser un impulso a la campaña. El responsable de política municipal de Ferraz, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, avanzaba esta mañana algunos de los ejes relacionados con el destino al alquiler de la vivienda social, para lo que pretenden establecer un sistema público de precios de referencia con base en la futura ley de vivienda. Una norma, dijo, "que en los próximos días podremos ver ya nacer". Los socialistas llevarán también su programa para las municipales medidas contra la proliferación de pisos turísticos "para frenar la expulsión de vecinos por el encarecimiento de los alquileres" o destinar suelo público para vivienda en régimen de cohousing.

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La implicación de Sánchez para sacar adelante el acuerdo de una norma que lleva meses encallada en el Congreso coincide con el protagonismo que se le quiere dar a la vivienda en esta campaña. Este domingo intervendrá en el cierre de la convención municipal del PSOE en Valencia, donde la vivienda será uno de los ejes de su discurso y las discusiones previas del cónclave. El hecho de que la decisión de aplicar la regulación de los alquileres para limitar los precios vaya a quedar en manos de las diferentes comunidades autónomas es un elemento adicional para confrontar proyectos con el PP.

Los populares la rechazan y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha adelantado que la recurrirá al Tribunal Constitucional. Su principal argumento es que la ley pendiente de aprobación en el Congreso supondrá un "ataque frontal e inaceptable contra la libertad de la propiedad". El presidente andaluz, Juanma Moreno, contempla seguir los pasos de Ayuso. Génova ha optado por dar libertad a las autonomías donde gobierna para llevar a los tribunales la ley.

Los socialistas quieren que los candidatos autonómicos se retraten sobre si aplicarán o no la limitación de precios en los alquileres que recoge la norma. También los candidatos a las alcaldías de las grandes ciudades, pues será su competencia aplicar medidas relacionadas con la subida del IBI para penalizar la vivienda vacía y forzar su salida al mercado para facilitar el acceso a la vivienda. Una forma de activar a sus electores y tratar de atraer votos entre las amplias capas de población que identifican el acceso a la vivienda como uno de sus principales problemas. Según el último CIS del mes de marzo, se encuentra entre los ocho principales problemas que más afectan a los españoles, por delante de la subida de las tarifas energéticas o la guerra de Ucrania.

La utilización electoral de esta ley no se limita a la primera meta volante del 28-M, sino también para las generales de final de año. De hecho, los socialistas han pactado ya una enmienda para que se reduzca a seis meses el plazo desde su aprobación para aplicar la regulación de alquileres, en lugar de los 18 que constan en el texto como vacatio legis. De este modo, se arrancaría el curso político en septiembre, ya en plena precampaña de las elecciones generales, con la entrada en vigor de la medida estrella de la norma.

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El punto en el que se habían encallado las negociaciones es el relativo al tope anual a los alquileres vinculados al IPC. Los morados querían un mecanismo permanente que rechazaban los socialistas, plantándose en la propuesta de limitar al 3% la subida anual del precio de los alquileres, pero solo durante 2024 (actualmente, está limitada al 2%), para posteriormente establecer en la norma otros mecanismos de control de precios. En las últimas horas, habría habido avances en este sentido, y fuentes del Ministerio de Transporte apuntan que, al margen de las declaraciones públicas y los “bloqueos”, no se han dejado de hacer propuestas en este punto para cerrar un acuerdo.