Los barones del PP se vuelcan con la vivienda para contrarrestar la ley que impulsará Sánchez

La moción de censura de Vox sirvió de biodramina para el Gobierno de Pedro Sánchez, que llevaba semanas en una montaña rusa de discrepancias y problemas. Pero hay una norma que servirá como prueba de fuego para esa pretendida cohesión interna, no solo entre los socios del Ejecutivo, sino entre el resto de fuerzas de la investidura. Pese a que las negociaciones llevan tiempo atascadas, todas las partes coinciden en que la aprobación de un texto sobre vivienda antes incluso de que se abran las urnas en mayo permitiría a la coalición coger oxígeno ante el examen electoral y enjuagar el fracaso de la derogación de la ley mordaza, otro de los grandes compromisos de la legislatura que no se ha llevado a término. Algunos cargos socialistas ya comenzaron a apuntar este viernes que el acuerdo llegaría "pronto", mientras que Félix Bolaños acotó más los plazos y en una entrevista para El Plural declaró que estaría lista "antes de verano". El escenario no pasa desapercibido para nadie y barones del PP trabajan ya en un modelo alternativo para contrarrestar la futura normativa estatal más allá de los tribunales.

La aprobación de la nueva ley de vivienda cuenta con una segunda lectura. Ferraz quiere tenerla aprobada antes del 28-M para forzar a los dirigentes del PP a retratarse respecto a la aplicación de la regulación de los alquileres, ya que depende en última instancia de las comunidades autónomas y puede convertirse en un importante vector de desgaste para los populares, que se niegan a intervenir el mercado y poner coto a la propiedad privada para bajar los precios. Sin ir más lejos, Isabel Díaz Ayuso ya avanzó hace unas semanas que llevaría la norma al Tribunal Constitucional, aunque otros presidentes autonómicos, como Juanma Moreno, veían también con buenos ojos la judicialización de un texto que ni siquiera ha visto la luz en el Congreso de los Diputados.

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Conscientes de la intención de la izquierda de utilizar los problemas para acceder a la vivienda como ariete electoral contra el PP, los barones populares lanzarán una contraofensiva desde sus respectivos territorios para contrarrestar la presión del Ejecutivo en esta materia. El presidente de Castilla y León, por ejemplo, presentó este viernes su Plan de Vivienda Joven. La Junta avalará cerca del 90% de la entrada para comprar cualquier vivienda siempre que el coste de la misma no supere los 240.000 euros, una medida dirigida a unos 40.000 jóvenes menores de 36 años.

Alfonso Fernández Mañueco, que trata de pasar página de la polémica tras hacer una supuesta peineta a una diputada del PSOE en las Cortes, estaría ultimando los detalles del plan —al que destinará unos 400 millones de euros— con las entidades financieras. El segundo eje del proyecto pasaría por reducir un 20% el precio de la compra de viviendas de promoción pública de la Junta en municipios pequeños, además de incrementar hasta el 60% el importe de las ayudas al alquiler; la novedad de ampliar esas ayudas al alquiler de habitaciones y no solo a viviendas completas, siempre y cuando la renta por la estancia no supere los 200 euros mensuales; o la ejecución de una serie de beneficios fiscales por la adquisición, rehabilitación o alquiler de vivienda habitual en el medio rural.

Las medidas anunciadas este viernes por el Ejecutivo popular, que también Vox vende como propias, se asemejan a otros muchos paquetes que diferentes barones populares están poniendo en marcha en sus respectivos territorios. El PP quiere contraponer su receta de ayudas públicas, baja fiscalidad o la construcción de nuevas viviendas mediante colaboración público-privada para mitigar el impacto del alza de precios a la fórmula del Gobierno central, que apuesta por establecer una limitación al precio de los alquileres en zonas tensionadas; aumentar impuestos para las viviendas vacías; o poner freno a los grandes tenedores.

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El Plan de Vivienda de Mañueco, por ejemplo, tiene bastantes semejanzas con otro que planteó Alfonso Rueda en Galicia hace un par de meses, cuando anunció que la Xunta avalaría el 20% del precio de la compra de una casa para jóvenes gallegos también menores de 36 años, con lo que se ahorrarían el importe de la entrada de la vivienda. El sustituto de Alberto Núñez Feijóo en Galicia destacó también entonces la puesta en marcha de un programa de movilización de viviendas en alquiler, y a finales de febrero anunció que Galicia rebajaría los requisitos para dar un uso residencial a locales comerciales vacíos, de nuevo para aumentar la oferta de vivienda. El Ejecutivo autonómico se comprometió a que en 2023 pondría a disposición de la ciudadanía 1.200 viviendas públicas más.

La Junta de Andalucía, por su parte, anunció que este mes de marzo comenzaría a resolver las casi 12.000 solicitudes de ayudas de 250 euros al mes para el alquiler durante dos años, y que cuenta con varios meses de retraso. E igual que sus homólogos autonómicos, Juanma Moreno anunció a finales de febrero que prepara también 20 millones de euros para avalar el 15% de las hipotecas a jóvenes en Andalucía menores de 35 años, y cuyo modelo funcionaba también en las otras dos regiones gobernadas por el PP: Madrid y Murcia.

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Esta semana, el Ejecutivo de Fernando López Miras anunció la ampliación de las ayudas al alquiler dirigidas a familias en situación de vulnerabilidad y planea también la construcción de nueva vivienda para alquileres asequibles. La Comunidad de Madrid, por su parte, además del plan que comparte con otras comunidades del PP para financiar el acceso a la primera vivienda, ha puesto en marcha nuevas construcciones para ponerlas a disposición de los jóvenes a precios inferiores dentro del Plan VIVE, que planea aumentar en 6.600 las casas en 12 municipios de la región y cuyas primeras viviendas estarán disponibles a partir de 2024.

La ofensiva del Gobierno en materia de vivienda iría especialmente dirigida a Isabel Díaz Ayuso, que preside una de las regiones más caras para alquilar o acceder una vivienda, uno de los principales problemas de los madrileños. La presidenta regional no solo rechaza las recetas de la izquierda para la vivienda por su carácter intervencionista, sino que aspira a convertirse una campaña más en un quebradero de cabeza para el Gobierno central, llevando este y otros asuntos a los tribunales.

Los socialistas quieren que la nueva ley no solo retrate a los candidatos autonómicos del PP, sino también a sus alcaldables en grandes ciudades, con la vista puesta especialmente en el regidor del Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Por ejemplo, la norma deja a decisión de los alcaldes la aplicación de medidas relacionadas con la subida del IBI para penalizar las viviendas vacías. El alcalde, como su jefa en el PP de Madrid, apuesta por la receta de la baja fiscalidad y la construcción de nuevos inmuebles. A principios de febrero, el consistorio de la capital anunció que se levantarán más de 2.000 viviendas públicas repartidas en 11 distritos de la ciudad, cuyas rentas de alquiler serán, como mínimo, un 25% inferiores al precio de mercado.