Ferraz quiere la ley de vivienda ya para forzar a los líderes del PP a retratarse antes del 28-M

La aprobación de la ley de vivienda es la principal prioridad legislativa del Gobierno. Las complejas negociaciones con los socios la han mantenido bloqueada durante meses y en las últimas semanas se está buscando su impulso definitivo para sacarla adelante. Porque es uno de los grandes compromisos del acuerdo de gobierno pendientes y por el cariz electoralista de esta norma. En el PSOE, no esconden su objetivo de que la ley esté en vigor antes de la campaña del 28-M para utilizarla como ariete electoral. Pedro Sánchez hizo referencia, durante su intervención a puerta cerrada en el comité federal del pasado sábado, a la prioridad de favorecer la emancipación de los jóvenes, según fuentes de la cúpula del partido. El hecho de que la decisión de aplicar la regulación de los alquileres para limitar los precios vaya a quedar en manos de las diferentes comunidades autónomas es un elemento adicional para confrontar proyectos con el PP.

En Unidas Podemos, también apuntan a la necesidad de tener aprobada la ley antes de las elecciones, pero más como elemento de presión a sus socios para que se recojan sus exigencias en el texto. Entienden en las filas moradas que el PSOE no se puede permitirse acudir a la campaña sin haber cumplido el compromiso de regular los alquileres.

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Los populares la rechazan y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha adelantado que la recurrirá al Tribunal Constitucional. Su principal argumento es que la ley pendiente de aprobación en el Congreso supondrá un "ataque frontal e inaceptable contra la libertad de la propiedad". El presidente andaluz, Juanma Moreno, contempla seguir los pasos de Ayuso. Génova ha optado por dar libertad a las autonomías donde gobierna para llevar a los tribunales la ley.

Los socialistas quieren que los candidatos autonómicos se retraten sobre si aplicarán o no la limitación de precios en los alquileres que recoge la norma. También los candidatos a las alcaldías de las grandes ciudades, pues será su competencia aplicar medidas relacionadas con la subida del IBI para penalizar la vivienda vacía y forzar su salida al mercado para facilitar el acceso a la vivienda. Una forma de activar a sus electores y tratar de atraer votos entre las amplias capas de población que identifican el acceso a la vivienda como uno de sus principales problemas. Según el último CIS del mes de marzo, se encuentra entre los ocho principales problemas que más afectan a los españoles, por delante de la subida de las tarifas energéticas o la guerra de Ucrania.

La utilización electoral de esta ley no se limita a la primera meta volante del 28-M, sino también para las generales de final de año. De hecho, los socialistas han pactado ya una enmienda para que se reduzca a seis meses el plazo desde su aprobación para aplicar la regulación de alquileres, en lugar de los 18 que constan en el texto como vacatio legis. De este modo, se arrancaría el curso político en septiembre, ya en plena precampaña de las elecciones generales, con la entrada en vigor de la medida estrella de la norma.

El último gran escollo de las negociaciones se centra en el tope a los alquileres. Concretamente, en la subida máxima

El objetivo de la parte socialista del Gobierno es aprobar la ley antes de Semana Santa, el límite fijado para cerrar la agenda legislativa pendiente y entrar de lleno en la campaña. Sin embargo, en los últimos días no se han producido avances desde la última oferta lanzada por los socialistas a la parte morada del Ejecutivo de coalición, según fuentes de las negociaciones. El último gran escollo de las negociaciones se centra en el tope a los alquileres. Concretamente, en la subida máxima que puedan experimentar los contratos vinculados al IPC. Los ministerios de Transportes y Derechos Sociales llegaron a un preacuerdo para fijar un límite del 3%. Cuando la propuesta llegó a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, encargada de peinar el texto final de la futura norma, desapareció de los documentos de trabajo.

Para intentar superar este desencuentro, desde el departamento de Nadia Calviño se propuso establecer este límite vía decreto durante todo 2024 (actualmente, se encuentra en el 2%) y posteriormente elaborar un índice que defina un límite a las subidas. Una cesión que llevó a los socialistas a lanzar las campanas al vuelo, y tras ello la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, llegó a afirmar que había "ya prácticamente un acuerdo".

Ni Podemos ni el resto de socios parlamentarios necesarios para sacar adelante la ley se fiaron de esta última contrapropuesta. Por ello, exigieron que se plasme en la norma como se había acordado en un principio, sin quedar la limitación de precios a expensas de la elaboración de un índice en el futuro. La negociación volvió entonces a los ministerios socialistas de Transportes, el proponente de la ley, y de Asuntos Económicos, donde siguen las conversaciones. Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales argumentaron, para rebajar el optimismo del PSOE, que desde el equipo de la vicepresidenta primera no se ha aclarado cómo se elaboraría ese índice ni con base en qué elementos, temiendo que esté ligado a "datos viciados" del propio mercado inmobiliario.

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Desde la dirección parlamentaria de ERC, se mostraron más receptivos, reconociendo que esta propuesta suponía "un avance". La valoraron como un paso positivo para seguir negociando, aunque compartiendo con Derechos Sociales que el tope debe estar reflejado en la norma. Desde EH Bildu, fuentes de este grupo también se mostraron más optimistas que Podemos y trasladan que "el acuerdo está cerca", aun reconociendo que "no se ha cerrado nada". PNV está fuera de las negociaciones, al igual que el PDeCAT, al no compartir la norma en todo lo relativo a las competencias autonómicas.

En el resto de puntos de fricción de la futura ley, sí se ha avanzado, aunque sin plasmarse "negro sobre blanco" el acuerdo, como advierten los socios. Esto es, respecto a la inclusión de los nuevos contratos dentro de la regulación de los alquileres, las alternativas habitacionales para los desahucios y la definición de los grandes y pequeños propietarios. En este punto, hay incluso diferencias entre los socios, no solo con el PSOE.

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En el preacuerdo entre Derechos Sociales y Transportes, se había avanzado sobre el alcance de la regulación de los alquileres, que dependerá de las comunidades autónomas, en las zonas consideradas tensionadas, y en los nuevos contratos. Una posición intermedia entre la exigencia de Unidas Podemos de extender a todo tipo de propietarios la obligación de bajar los precios —y no solo congelarlos—, según los índices de referencia establecidos, y la del PSOE, que limitaba estas bajadas a los grandes tenedores. El punto intermedio tendría que ver con redefinir el concepto de gran tenedor. Esto es, que no sean propietarios con 10 o más viviendas, como recogía el texto salido del Consejo de Ministros, sino a partir de entre cinco y ocho.

En la parte relativa a los desahucios, Unidas Podemos planteó enmendar la norma para prohibir los lanzamientos si hay un informe de vulnerabilidad por parte de los servicios sociales y hasta que no se ofrezca otra residencia. Una exigencia que precisamente ya recoge el decreto anticrisis aprobado a finales de año, al prorrogar seis meses la suspensión de los desahucios para hogares vulnerables. De hecho, el decreto sirvió para acelerar las negociaciones en la ley de vivienda, al incluir como novedad la congelación de contratos que vayan a finalizar, lo que conlleva el impedimento de subir el precio de los alquileres para todos los inquilinos, independientemente del tipo de propietario.