El PSOE se planta y presiona a UP para sacar la ley maestra de la legislatura antes del 28-M

El PSOE ha dejado sobre la mesa de negociación con Podemos y el resto de socios parlamentarios una última oferta para desencallar la ley de vivienda. Se trata de la limitación al 3% de las subidas anuales del precio de los alquileres. Fuentes socialistas cercanas a las negociaciones aseguran que no van a hacer más propuestas, al haber cedido hasta el máximo asumible para no caer en efectos indeseados. Como una reducción de la oferta, con propietarios que acaben vendiendo sus inmuebles o sacándolos del mercado. "El pacto está hecho", concluyen estas mismas fuentes del Gobierno, asegurando que su aprobación depende solamente de la formación morada. De hecho, sitúan a ERC y EH Bildu más cerca de este "pacto", como también reconocen fuentes de ambos grupos en el Congreso, situando toda la responsabilidad en la resistencia de los morados.

Desde el Ministerio de Derechos Sociales, que dirige la líder de Podemos, Ione Belarra, aguantan el envite y exigen ir más allá. Piden que la limitación del 3% anual en la subida de los alquileres se plasme en el texto de la ley, en lugar de hacerlo vía decreto durante todo 2024 (actualmente, se encuentra en el 2%), y posteriormente elaborar un índice que defina un límite a las subidas. Se trataría, según aducen, del preacuerdo al que llegaron con el Ministerio de Transportes y que posteriormente recortó la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, con esta contrapropuesta.

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Desde el PSOE niegan estos cambios y argumentan que en todo el proceso de negociaciones han participado de forma coordinada tanto Transportes como Economía y Hacienda. Fuentes cercanas a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, señalan que no están dispuestos a establecer un "tope permanente" en la subida de los alquileres vinculada al IPC, alegando que este debería ser solo un mecanismo "excepcional" para situaciones inflacionarias como la actual.

En la mesa de negociación, no ha habido avances en los últimos días. El PSOE mantiene su ultimátum y los morados devuelven la pelota, asegurando que está en manos de los socialistas desbloquearla si llevan al texto de la ley la limitación de precios, en lugar de vincularla a la elaboración a posteriori de un índice de referencia. Pese a encallar en este punto, tanto socialistas como morados reconocen que no aprobar la ley de vivienda para regular los alquileres generaría una gran desafección entre sus votantes. "Nosotros tenemos claro que el acceso a la vivienda es una de las principales problemáticas y tenemos que solucionarla", sostienen desde el PSOE, mientras que desde Unidas Podemos aseguran que no aprobarla antes de las elecciones sería un "error" que pagarían caro.

En las filas socialistas, insisten asimismo que con la ley de vivienda no va a suceder lo mismo que con la reforma de la denominada ley mordaza. Esto es, convocar la votación del dictamen sin acuerdo previo y a modo de presión sobre los socios, a riesgo de hacerla fracasar.

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En Ferraz, no esconden su objetivo de que la ley esté en vigor antes de la campaña del 28-M para utilizarla como ariete electoral. Pedro Sánchez ya hizo referencia durante su intervención a puerta cerrada en el último comité federal a la prioridad de favorecer la emancipación de los jóvenes. El hecho de que la decisión de aplicar la regulación de los alquileres para limitar los precios vaya a quedar en manos de las diferentes comunidades autónomas es un elemento adicional para confrontar proyectos con el PP.

En Podemos, señalan que también les interesa meter el tema del problema de la vivienda en la agenda de la campaña, principalmente en territorios como Madrid, Palma de Mallorca o Valencia, donde más se sufre esta problemática. Los socialistas quieren que los candidatos autonómicos se retraten sobre si aplicarán o no la limitación de precios en los alquileres que recoge la norma. También los candidatos a las alcaldías de las grandes ciudades, pues será su competencia aplicar medidas relacionadas con la subida del IBI para penalizar la vivienda vacía y forzar su salida al mercado para facilitar el acceso a la vivienda. Una forma de activar a sus electores y tratar de atraer votos entre las amplias capas de población que identifican el acceso a la vivienda como uno de sus principales problemas.

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La utilización electoral de esta ley no se limita a la primera meta volante del 28-M, sino también a las generales de final de año. De hecho, los socialistas han pactado ya una enmienda para que se reduzca a seis meses el plazo desde su aprobación para aplicar la regulación de alquileres, en lugar de los 18 que constan en el texto como vacatio legis. De este modo, arrancaría el curso político en septiembre, ya en plena precampaña de las elecciones generales, con la entrada en vigor de la medida estrella de la norma.

En el preacuerdo entre Derechos Sociales y Transportes, se había avanzado sobre el alcance de la regulación de los alquileres, que dependerá de las comunidades autónomas, en las zonas consideradas tensionadas y los nuevos contratos. Una posición intermedia entre la exigencia de Unidas Podemos de extender a todo tipo de propietarios la obligación de bajar los precios —y no solo congelarlos—, según los índices de referencia establecidos, y la del PSOE, que limitaba estas bajadas a los grandes tenedores. El punto intermedio tendría que ver con redefinir el concepto de gran tenedor. Esto es, que no sean propietarios con 10 o más viviendas, como recogía el texto salido del Consejo de Ministros, sino con entre cinco y ocho.

En la parte relativa a los desahucios, Unidas Podemos planteó enmendar la norma para prohibir los lanzamientos si hay un informe de vulnerabilidad por parte de los servicios sociales y hasta que no se ofrezca otra residencia. Una exigencia que precisamente ya recoge el decreto anticrisis aprobado a finales de año, al prorrogar seis meses la suspensión de los desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables. De hecho, el decreto sirvió para acelerar las negociaciones en la ley de vivienda, al incluir como novedad la congelación de contratos que vayan a finalizar, lo que conlleva el impedimento de subir el precio de los alquileres para todos los inquilinos, independientemente del tipo de propietario.