Así destapa la UCO la trama para que la gestión de Rubiales fuera la mejor (para él y los suyos)

Un oficio de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), con fecha 6 de marzo de 2024, evidencia el papel de Tomás González Cueto en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). También clarifica por qué la gestión de Luis Rubiales fue lo opuesto a la "la mejor de la historia", como declaró ante la magistrada del Juzgado de Primera Instancia Nº 4 de Majadahonda. Aunque, claro, igual el inhabilitado y dimitido presidente de la RFEF quizás se refería a la mejor gestión para sus intereses y los de su guardia pretoriana.

Entre los presuntos beneficiados se encontraba el mencionado letrado González Cueto, detenido el pasado 20 de marzo precisamente por miembros de la UCO, quienes han llegado a la conclusión de que "tenía capacidad de decisión en los asuntos internos de la RFEF" y cuyo bufete de abogados, GC Legal, "se ha detectado que mantuvo dos tipos de facturación. Una ordinaria, entendiéndose de importe fijo, y otra extraordinaria".

Además, se ha observado que "en ciertas ocasiones el despacho de Cueto subcontrataba a otros letrados para prestar servicios a la RFEF o alguno de sus miembros, siendo incluso dicha empresa la encargada de abonar los honorarios, compensando dichos gastos posteriormente a través de la facturación a la RFEF". No en vano, tal y como informamos en El Confidencial, durante el mandato de Rubiales, la RFEF destinó 4,2 millones de euros a GC Legal.

A los tres meses de su llegada a la presidencia, Rubiales encomendó al bufete de Cueto la representación en todos los pleitos en los que estuviesen envueltos tanto él como la institución, incluidos los que tuvo contra periodistas que denunciaron su gestión. "Mi función principal era defender al presidente", dijo el letrado en una conversación interceptada por la Guardia Civil, quien ha podido confirmar que desde su cargo de Comisionado de Control Externo no se limitaba a lo recogido en la normativa interna, sino que además se encargaba de emitir informes y participar en la redacción de contratos.

TE PUEDE INTERESAR

Rubiales, ante la jueza que retrató la protección de Sánchez (y con la prueba de su complicidad)

Kike Marín

Conversación con Pedro González Segura

Teniendo en cuenta su cargo y su deber de emitir informes en contrataciones que implicaran un gasto superior a 10.000 euros anuales, se investiga si ello "pudiera suponer la implicación directa de González Cueto en la aprobación de contratos o facturas emitidas desde su propio despacho". De hecho, hay una conversación del 30 de enero de 2024 a las 18:34 horas entre él y Pedro González Segura, director jurídico de la RFEF, en la que tratan este asunto.

Probablemente, dado el desarrollo de los acontecimientos, González Segura le solicita la factura de diciembre para tramitarle de urgencia la correspondiente también la de enero. Ante esta petición, Cueto le pregunta a qué facturas se refiere, "indicándole Pedro que le envíe la extraordinaria, no la ordinaria". Es decir, que esta conversación refleja que el Comisionado de Control Externo, toda vez que no cobra de la RFEF como persona física, lo hace a través de GC Legal. Según los cometidos que le atribuye la normativa interna de la RFEF, se deduce que, en su condición de comisionado, Cueto debería haber emitido informes positivos a la contratación de su propio despacho de abogados. De hecho, en ocasiones sería él mismo o alguien de su despacho quienes subcontratarían ciertos servicios de asistencia jurídica a la RFEF o alguno de sus miembros.

Dos ejemplos del funcionamiento

La UCO relata dos episodios de los que se deduce que el despacho de abogados de Cueto podría haber servido para canalizar pagos derivados de las actividades presuntamente ilícitas en beneficio de Rubiales y otros. En el primero, GC Legal recibió en 2021 dos pagos por valor total de 88.330,00 euros de la empresa Dismatec. Estos ingresos, a su vez, procedieron de la constructora Gruconsa, la cual, facturó servicios a la RFEF de manera recurrente durante el periodo investigado.

El segundo episodio se comprueba en la conversación telefónica mantenida entre González Cueto "y una tal Sandra", producida el 25 de enero de 2024 a las 20:32:27 horas. En ella, según se indica en el atestado, el letrado manifiesta haber pagado ya muchas deudas a Rubiales:

"¿Te puedes creer?", comenta Cueto, "le dijo el presidente de la UEFA, Ceferín, oye, me gustaría ayudarte, ¿cómo podríamos hacerlo? Y, sin preguntarme, le dice: joder, dale 400.000 euros a Tomás al año y que él me los pague a mí luego. Porque, además, este cuando va ahora por ahí, lo único que quiere es dar palos. No se ha planteado trabajar, sino dar palos, pero no de 15 o 20.000 euros, sino de 200.000 para arriba, ¿sabes? Porque dice que él necesita 100.000 euros al mes”.

En la misma conversación telefónica, González Cueto añade: "Yo he estado haciendo enjuagues para poder pagar algo a tíos que él necesitaba darles dinero porque estaban con una mano delante y otra detrás. Quería tenerlos más o menos de su lado, ¿sabes? Pero eso tampoco se lo voy a echar en cara. Pero, hombre, que me diga lo de Patricia (en referencia a la contratación de su hija) es acojonante”.

De esto se deduce que Cueto, en connivencia y coordinación con, al menos, el también investigado y detenido Pedro González Segura, director jurídico de la RFEF, podría haber utilizado su despacho como medio para extraer y canalizar "con la excusa de los servicios jurídicos prestados a la RFEF", cantidades económicas a favor y en beneficio no solo del investigado Luis Rubiales, sino también de otros terceros vinculados con éste.

Un dato importante: las transferencias efectuadas a GC Legal entre el 8 de julio y el 4 de agosto de 2021, confirmarían que la empresas Dismatec estaba plenamente controlada por el entorno de Rubiales, pudiendo haber sido utilizada para el blanqueo de capitales y la distribución y reparto de fondos ilícitos entre los investigados.

La remuneración del Comisionado de Control Externo pasó de 24.200 euros mensuales a 30.250, sin saber ni quién ni por qué se autorizó

En las relaciones económicas vinculadas al entorno societario de GC Legal y la RFEF, se analiza el papel de Cueto, así como sus obligaciones para con el control de la legalidad de las actuaciones de la RFEF y sus órganos, indicándose que González Cueto percibiría una cantidad cercana a los 300.000 euros anuales por su función de Comisionado de Control Externo.

Lo que no se encuentra justificado es el incremento de la remuneración de Cueto, que pasa de 24.200 euros mensuales, a percibir 30.250. Tampoco quién, cómo y por qué se autorizó dicho incremento. Además, se observa que, junto a los pagos periódicos por los servicios de control, supervisión y asesoramiento, desde 2018 se facturan y abonan importantes cantidades por la prestación de servicios legales.

El papel de Ramón Aravaca, socio de Cueto

La UCO también analiza las declaraciones de pagos entre las mercantiles GC Legal y Ramón Caravaca Magariños, concretamente a través de sus sociedades Egmont 2008 y Facies Bovis SL (palabras que se traducirían como cara vaca). Indica la UCO que "la RFEF no declaró pagos directos ni a Ramón Caravaca ni a ninguna de sus sociedades, aun cuando el citado abogado resultó ser el letrado apoderado por la RFEF para actuar en su representación en cuantos temas penales hubiese abiertos, siendo GC Legal quien declaró pagos a las mercantiles administradas por Caravaca por un importe próximo a los 800.000 euros entre 2018 y 2021".

De aquí lo importante de recabar las cuentas de GC Legal, Facies Bovis SLL y Egmont 2008 SL, constatar los trasvases económicos entre ellas y comprobar han servido a su vez de canalizadores de los fondos de la RFEF hacia terceros. De hecho, esto sucedió con Egmont 2008, a través de la que se abonaron los honorarios de los detectives que siguieron al presidente de AFE, David Aganzo. Durante 2018 y 2019, el importe de estas facturas fue de 290.400 euros anuales.

Juan Rubiales aseguró que recibió una llamada del presidente de la RFEF en la que le dijo que iban a hacer una investigación sobre Aganzo, a la que debería denominar informe comercial y facturar a través de Caravaca, a quien la empresa CRVPTEX EUROPA le remitió el trabajo junto con una factura de los seguimientos. El tío Juan, ex jefe de gabinete de su sobrino Luis, siempre imaginó que estos servicios habrían sido facturados a través de GC Legal. Inicialmente, los procedimientos que se facturaban y abonaban en los primeros meses mencionaban de forma explícita la concreta actuación legal a la que correspondía la factura. Sin embargo, el 2 de diciembre de 2019 aparece por primera vez dentro de la descripción de las facturas contabilizadas el concepto de asistencia letrada por procedimientos. A partir del 6 de julio de 2020, y hasta el 4 de marzo de 2024, se facturaron con periodicidad mensual importes muy relevantes baio las descripciones de asistencia letrada en procedimientos penales, civiles/mercantiles o civiles/mercantiles/contenciosos, sin especificar más.

Con Pedro Rocha siguieron los pagos

Entre los meses de febrero y junio de 2023, se facturaron 573.077 euros por asistencia letrada en procedimientos de distintas jurisdicciones y es importante destacar que, tras la destitución de Rubiales en agosto de 2023, los importes facturados por GC Legal cayeron exponencialmente, de tal forma que la última factura mensual contabilizada bajo el concepto de asistencia letrada procedimientos civiles, administrativos o penales, reflejaba un importe de solo 16.274 euros

El 5 de febrero de 2024, con Pedro Rocha al frente de la Comisión Gestora, la RFEF contabiliza dos facturas por servicios de asistencia letrada por 47.976 y 30.475 euros, correspondientes a los meses de diciembre y enero, respectivamente, como pedía Pedro González Segura, y el 8 de febrero de 2024, llega otra de 26.314.

El 22 de marzo de 2024, es decir, solo después de producirse la detención de Cueto y Segura, la RFEF remitió burofax a GC Legal por el que se informaba de la sustitución de los letrados de este bufete por letrados de la RFEF y la revocación de los poderes concedidos. A dicho burofax se adjuntaba el listado de procedimientos judiciales de los que la RFEF tenía constancia: 8 penales, 19 contencioso-administrativos y 13 mercantiles. Los importes abonados superan los 3.526.786 euros, a una media de 88.169,65 por procedimiento.

También en la Mutualidad de Futbolistas Españoles

Además, la UCO también destapa que GC Legal habría percibido de la Mutualidad de Futbolistas Españoles (MUPRESFE) 89.266,41 euros, toda vez que el bufete de Cueto ejerce a través de uno de sus abogados la dirección letrada en las diligencias previas del Juzgado Central de Instrucción N° 1 de la Audiencia Nacional, en el llamado caso Soule. Lo mismo, por cierto, que hace con la dirección letrada de la RFEF en este procedimiento.

Por último, una anotación contable del 8 de noviembre de 2023 por valor de 2.796,20 euros correspondería precisamente con el estudio e interposición de una demanda que habría resultado identificada como Salobreña, evidente acreditación de que, aún con posterioridad a la salida de Rubiales de la RFEF, se continuó abonando por parte de la RFEF gastos por servicios juridicos que le competian exclusivamente al expresidente.

Todo ello con el beneplácito y visto bueno de González Cueto y González Segura, pero permitido, a sabiendas o sin saber, por el ahora presidente, Pedro Rocha, quien no en vano también ha sido imputado.