Rubiales y los empleados federativos no podían estar "trabajando" en el chalé de Salobreña

"Ni los empleados ni la Federación Española de Fútbol incurrieron en irregularidad alguna". Así de rotundo fue el comunicado de la RFEF tras revelar el diario 'El Mundo' la declaración ante la Fiscalía Anticorrupción de Juan Rubiales, tío y exjefe de gabinete de su presidente, de nombre Luis y mismo apellido, al ser sobrino carnal, en la que denunció una "fiesta en un chalé privado de Salobreña (...) alquilado únicamente para disfrute del presidente y su equipo más directo, pagándose los gastos con tarjetas de empresa de la propia RFEF".

Como era de esperar, desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas no tardaron en responder a estas graves acusaciones. Además de hablar de "manipulación de un exempleado federativo movido por el despecho" y "un paso más de la infame campaña que lleva sufriendo el presidente en los últimos meses", en un primer comunicado se aseguraba que la orgía, como la calificó 'El Mundo', fue en realidad "una convivencia de planificación y organización de ejecutivos federativos en la localidad de Salobreña en la que el alojamiento corrió íntegramente por cuenta de cada asistente, incluido Juan Rubiales".

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Pues bien, como quiera que el encuentro tuvo lugar a comienzos del mes de agosto de 2020, además de las irregularidades denunciadas por el tío Juan ante la Fiscalía Anticorrupción, hay otra de mucha gravedad en el ámbito puramente deportivo y que difícilmente podrá ser esquivada por el secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco, salvo que, una vez más, se ponga de perfil y deje ver un trasfondo político que no hace sino convertir al Gobierno de España en cómplice de la desastrosa gestión del fútbol español, permanentemente judicializado y sometido a un desprestigio difícilmente sostenible por más tiempo.

Resulta que el 10 de junio de ese año, es decir, dos meses antes del encuentro de Salobreña, la junta directiva de la RFEF, que presidía Luis Rubiales, acordó la convocatoria de elecciones a su asamblea general, comisión delegada y presidencia, por lo que en las fechas en que, según la versión oficial, se celebró la "convivencia de planificación y organización de ejecutivos federativos", Rubi no presidía la RFEF, sino la junta gestora, con todo lo que ello conlleva, sobre todo teniendo en cuenta que él tenía previsto presentarse a la reelección.

La normativa electoral es tajante

Como puede comprobarse en su reglamento electoral, y más concretamente en el calendario para el periodo olímpico 2020-2024, el mismo día de la convocatoria de elecciones por parte de la junta directiva, la comisión delegada debe nombrar la comisión electoral. Pero no solo eso, sino que, como dispone el artículo 12 de la Orden ECD/2764/2015, "una vez convocadas nuevas elecciones, las juntas directivas se disolverán, asumiendo sus funciones las comisiones gestoras, quienes serán el órgano encargado de administrar y gestionar la Federación durante el proceso electoral".

Y añade el citado artículo: "No podrá realizar actos que, directa o indirectamente, mediata o inmediatamente, induzcan o condicionen el sentido de voto de los electores y deberán observar los principios de objetividad, transparencia del proceso electoral e igualdad entre los actores electorales". Para acabar con la siguiente y decisiva observación: "Estas previsiones serán aplicables a la actividad desarrollada por el personal de la Federación y por los restantes órganos federativos durante el proceso electoral".

Efectivamente, por definición, una gestora es una comisión que debe limitarse a la administración ordinaria de una federación. Por lo tanto, tal y como apuntan los expertos en la materia, Rubiales no solo debería explicar lo que ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción su tío, sino, en el mejor de los casos, por qué convocó esa "reunión de trabajo" siendo presidente de la comisión gestora y no presidente de la RFEF, cuyo futuro aseguran por escrito que iban a "planificar".

"Los empleados no incurrieron en irregularidad alguna", aseguraban en su primer comunicado desde la RFEF, para en uno posterior identificar a los implicados, sin dar sus nombres, pero sí sus cargos. Es decir, el director de Relaciones Institucionales, a saber, Antonio Gómez Reino; el coordinador del Gabinete de Presidencia, José María Timón; el director de Marketing, Rubén Rivera; el director de Competiciones y Recursos Humanos, Alfredo Olivares; el director de la Asesoría Jurídica, Pedro González Segura, más conocido en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas como 'concejal de festejos'; el director de Internacional, Jorge Mowinckel, y el vicesecretario general, Miguel García Caba, también conocido como García 'Graba'.

Desde la RFEF se informó de que todos ellos iban a demandar a Juan Rubiales "por haber atentado contra el honor y haber proferido injurias sobre la actividad profesional". Curioso que no se incluyese, además de al propio Rubiales, quien presume de soltero, a Andreu Camps, quizá porque el secretario general se incorporó el último día y, lo más importante, en compañía de su mujer, por lo que no ha tenido que dar ninguna explicación en casa...

Sin embargo, al margen de lo denunciado por el tío Juan, quien también estaba presente y precisamente por ello sabrá muy bien de lo que habla, resulta que si los empleados federativos no estaban de fiesta, sino realmente trabajando, no podían hacerlo, pues estaban obligados a mantener la neutralidad que impera en los procesos electorales. Además, Rubiales presidía en esos momentos la comisión gestora e iba a presentarse a la reelección, por lo que puede decirse que también los recursos federativos se estaban poniendo a disposición de un candidato.

Basta con recordar que el anterior presidente de la RFEF, Ángel María Villar, fue destituido por llevar a cabo actividades dirigidas a publicitar y promover su candidatura a la reelección mientras era presidente de la comisión gestora, es decir, exactamente la misma situación en la que se encontraba Rubiales en agosto de 2020. "A mí me ha sancionado la Administración, el Consejo Superior de Deportes, a través del TAD, por publicar mi programa electoral en las elecciones de 2017, siendo presidente de la comisión gestora", se quejó Villar, aunque el pasado mes de junio el Tribunal Supremo desestimó su recurso de casación contra su destitución como presidente de la RFEF por "comisión de una infracción calificada como muy grave".

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Con este precedente, se antoja complicado que el secretario de Estado para el Deporte no se vea obligado a elevar al TAD las denuncias que puedan llegar en los próximos días al CSD por esta grave irregularidad cometida por Rubiales y sus ejecutivos, quienes al desmentir que estuvieran en una fiesta y aseguraran que se trataba de una reunión de trabajo, han caído en su propia trampa y tienen ciertamente complicado salir de ella. Tal y como revelamos en los Supercopa Files, el todavía presidente de la RFEF envió varios mensajes al mismísimo presidente del Gobierno para quejarse de resoluciones del TAD, ante los que Sánchez optó por mantener una lógica distancia de seguridad, empleando mensajes breves o simples respuestas de cortesía.