Imputan a un mando de la Policía Nacional por falsedad en unas oposiciones del cuerpo

El Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid ha imputado a la actual jefa Superior de Policía Nacional de Extremadura, la comisaria principal María Elisa Fariñas, por un presunto delito de falsedad documental en una proceso de oposiciones de ingreso al cuerpo. La funcionaria ha sido citada para declarar en calidad de investigada el próximo 14 de mayo, según una resolución judicial a la que ha tenido acceso este diario.

Los hechos están relacionados con la convocatoria de oposiciones de 2018. Un candidato que fue descartado en el reconocimiento médico recurrió la decisión por la vía de lo contencioso y logró que un tribunal lo declarara finalmente apto en octubre de 2020. Como consecuencia, la Policía Nacional tenía que reincorporarlo automáticamente al concurso.

El afectado asegura que esperó durante meses a que le comunicaran cuándo debía efectuar las siguientes pruebas. Pasado un tiempo, decidió preguntar por las razones de la tardanza. La respuesta llegó en noviembre de 2021. La División de Formación de la Policía le contestó por escrito que, ocho meses antes, le habían enviado un correo electrónico para notificarle que, en un plazo de 5 días, debía realizar el test psicotécnico y el examen de idioma voluntario.

Al no acudir a esas pruebas, los responsables del proceso declararon al opositor "no presentado" y dieron por perdido el derecho que le había concedido la sentencia. El opositor tendría que volver a intentarlo en la siguiente convocatoria, comenzando el concurso desde la primera prueba.

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El afectado presentó alegaciones al escrito de la División de Formación. Negó que hubiera recibido ningún correo electrónico y aseguró que durante meses había comprobado la página de procesos de la Policía Nacional para averiguar cuándo le correspondía presentarse sin que en ningún momento apareciera ninguna información. Fue entonces, ante la falta de noticias, cuando decidió contactar con la Policía.

Sin embargo, en 2022, la actual jefa Superior de Extremadura, que entonces era jefa del Área de Procesos Selectivos de la Policía Nacional, respondió aportando la copia del supuesto correo electrónico de aviso y añadió que también habían hablado con el querellante por teléfono, "debido a la premura de la fecha en la que se iban a realizar las pruebas selectivas".

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El opositor optó entonces por recurrir a la vía penal por un presunto delito de falsedad documental. En su querella, presentada ese mismo año, niega no sólo que recibiera ningún correo electrónico, sino también la existencia de la supuesta llamada telefónica. Además, ha aportado a la causa un informe pericial que demostraría que la impresión del correo electrónico fue modificada para simular su autenticidad, alterando presuntamente la fecha y el contenido del mensaje.

"Interpusimos la querella ante las fundadas sospechas de que el correo había sido manipulado para perjudicar al opositor", explica Andrés Galán, abogado del perjudicado. "La verdad es que ya nada sorprende de la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía. Desde hace años venimos defendiendo a opositores ante las arbitrariedades que se cometen una y otra vez en los procesos selectivos de acceso al cuerpo, pero si estos hechos finalmente quedaran acreditados resultarían de una gravedad extrema".

En el último año y medio, la titular del Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid, María Isabel Garaizabal, ha requerido hasta en tres ocasiones a la Policía Nacional para que aporte el archivo original del supuesto correo de notificación. Las dos primeras peticiones se cursaron telemáticamente. Para la tercera, la magistrada decidió oficiar directamente a la Policía Judicial. Pero en ninguno de los tres intentos obtuvo respuesta. El querellante sospecha que la Policía Nacional está tratando de provocar la caducidad del procedimiento penal. La imputación de la comisaria principal María Elisa Fariñas tiene precisamente por objeto aclarar las dudas sobre la autenticidad del correo antes de que la causa rebase los límites temporales de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Hasta ahora la Policía ha optado por el silencio.