Sánchez aprobará la ley de vivienda al inicio de la campaña y arma a ERC y Bildu contra JxCAT y PNV

La futura ley de vivienda agitará la campaña de las elecciones del próximo 28-M. Principalmente, porque serán las comunidades autónomas y los ayuntamientos las administraciones competentes para decidir la aplicación de las medidas enfocadas a la regulación de alquileres y otras cuestiones. Los candidatos deberán retratarse frente a un electorado que ha elevado este problema como una de las principales preocupaciones del país, según el CIS y encuestas privadas. Un arma con la que los socialistas buscan confrontar proyectos con el PP, contrarios a la norma, y para la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha manejado meticulosamente los tiempos, forzando su desbloqueo en el momento más idóneo para sus intereses.

Tras meses de negociaciones dentro de la coalición y de los socialistas con ERC y EH Bildu, esta semana, Sánchez dio la orden política a los suyos de desbloquear la ley. Republicanos y abertzales vieron aceptadas la mayoría de sus líneas rojas, a las que se había resistido la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y el dictamen se votará el próximo martes en la comisión de Transportes, con la previsión de aprobar el texto en el pleno del Congreso el 27 de abril o la siguiente semana con pleno, el 11 de mayo, según fuentes parlamentarias. De producirse en esta segunda fecha, vería la luz en el Congreso solo unas horas antes de que arranque oficialmente la campaña electoral. Sin embargo, su aprobación definitiva en el Senado no se garantizaría antes del 28-M.

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La dependencia aritmética de ERC y Eh Bildu, que han visto colmadas la mayoría de sus expectativas transaccionando cientos de enmiendas y logrando cambiar de forma notable el articulado salido del Consejo de Ministros, ha hecho que estas se erijan en vencedoras y protagonistas de la primera norma de vivienda de la democracia. El propio Ejecutivo les ha concedido un papel privilegiado a la hora de anunciar el acuerdo, reivindicarlo y acaparar el foco mediático. "Así lo pidieron", reconocen un ministro de la parte socialista que ha seguido de cerca las negociaciones.

Tanto es así que se sacrificó la foto entre Pedro Sánchez y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, con la que se escenifican los grandes acuerdos de la coalición. Previamente, solo se dio cuenta de los contactos finales entre Sánchez y Díaz cuando se estaba ultimando el acuerdo, lo que generó suspicacias entre los socios parlamentarios por si se ensombrecía su papel. La labor de mediación del jefe del Ejecutivo y la líder del espacio de Unidas Podemos se minimizó por parte de ERC y EH Bildu, cuyos representantes dejaron claro durante la presentación del acuerdo que no habían intervenido en las negociaciones.

ERC y EH Bildu han puesto su sello a la ley en el papel y ante las cámaras, dejando incluso en un plano secundario a Podemos, que empujó su inclusión en el acuerdo de coalición. Para republicanos y abertzales, esta norma es también un ariete electoral en sus territorios, que no celebrarán autonómicas, pero sí municipales (y también forales en el caso de Euskadi). Supone una fuerte carga de munición añadida en sus particulares batallas contra JxCAT y PNV, respectivamente, como reconoce el mismo ministro socialista. Ni posconvergentes ni nacionalistas vascos han participado en las negociaciones y rechazaron desde un primer momento el proyecto salido del Consejo de Ministros.

El coportavoz de EH Bildu en el Congreso y encargado de liderar las negociaciones por parte de su grupo conjuntamente con ERC, Oskar Matute, ya dejaba entrever este viernes el nuevo marco de batalla con el PNV. Según su diagnóstico, la flexibilización que empujaron en la ley para extender las zonas donde podrán regularse los alquileres hará que se incluya en este supuesto la mayor parte del territorio vasco. La decisión, por tanto, recaerá en el PNV. Deberán retratarse, al igual que los candidatos jeltzales a las alcaldías, explicando si penalizan o no fiscalmente a los propietarios con pisos vacíos para forzar su salida al mercado del alquiler.

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Con el PNV contrario a una norma frente a la que ya maniobró en el CGPJ a través de un vocal afín, Matute anticipaba una movilización del "potente" movimiento asociativo vasco para presionar en este sentido. Ponía en un brete también a los nacionalistas vascos, su principal rival electoral, encendiendo al electorado favorable a que se limiten los precios a los alquileres: "Si el PNV decide no hacerlo (aplicar la regulación de alquileres), impugnaremos su modelo de Gobierno".

Si el PSOE busca contraponer modelos con el PP, que ya tuvo que reaccionar proponiendo una alternativa programática para facilitar el acceso a la vivienda, EH Bildu busca hacer lo propio con el PNV. Los de Aitor Esteban en el Congreso sufren un revés de Sánchez con la última gran norma de la legislatura, como ya sucedió en las dos últimas negociaciones de los presupuestos. En ambas, los socialistas permitieron que los abertzales les acortasen terreno en la pelea por "mostrarse útiles" en Madrid arrancando medidas al Ejecutivo, generando un fuerte malestar de Sabin Etxea con la Moncloa.

La foto del último gran acuerdo de la legislatura, en lo que a la norma más importante que quedaba pendiente se refiere, se cierra con los nacionalistas retrocediendo en su condición de socios prioritarios en favor de EH Bildu. Estos últimos arrancaron la legislatura en los márgenes para llegar a su recta final como actores normalizados en el juego parlamentario de la mano del Ejecutivo de coalición. En buena medida, también gracias a su alianza estratégica con ERC, grupo con el que suman un total de 18 escaños, el triple que los nacionalistas vascos y decisivos para la estabilidad de Sánchez.

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El principal argumento que han utilizado PNV y JxCAT para oponerse a la norma y criticar a sus competidores electorales de Bildu y ERC tiene que ver con la invasión competencial. Un punto débil que republicanos y abertzales han escondido al eliminar varios artículos del texto para tratar de blindar las competencias en vivienda a las comunidades autónomas y dejar en sus manos el desarrollo de la mayoría de instrumentos o, incluso, diferentes márgenes para la definición de conceptos como el de gran propietario.

No solo eso, sino que desde ERC se defiende que, con su acuerdo, logran salvaguardar la ley catalana de vivienda, que quedaría protegida con este paraguas legal frente al recurso de inconstitucionalidad presentado por el propio Gobierno. Fuentes republicanas también ponen en valor los frutos de la comisión bilateral Estado-Generalitat frente a las críticas de JxCAT, al reconocer que parte de este paraguas legal se concretó en dicho foro entre gobiernos.

La ley de vivienda con el sello de ERC y EH Bildu es una suerte de cisne negro que amenaza las perspectivas electorales de posconvergentes y jeltzales. Sobre todo en grandes ciudades, como Barcelona y Donostia, donde más han subido los precios y el problema de la vivienda se ha metido de lleno en la agenda de campaña. Desde la izquierda independentista evitan lecturas electorales a corto plazo, pero fuentes implicadas en las negociaciones sí subrayan que este acuerdo "redunda en una imagen de marca positiva para quienes apoyan por ser cuestión sensible y preocupación principal de la gente".