Ruth Merino: "Aragonès quiere un cupo vasco a la catalana y Sánchez es capaz de cedérselo"

Ruth Merino (Castellón, 1970) fue uno de los fichajes estrella de Carlos Mazón para el Consell de la Generalitat tras las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo. Exportavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas y técnico de la Agencia Tributaria, el barón popular le entregó la compleja Conselleria de Hacienda y el cargo de portavoz del Ejecutivo. Bajo su mando ha quedado el equipo económico de un departamento encargado de lidiar con el resto del consellers en el reparto de recursos de una comunidad con importantes problemas de suficiencia financiera. En esta entrevista con El Confidencial, analiza, casi siete meses después de su nombramiento, la situación con la que se ha encontrado y las siempre complicadas relaciones con el Ministerio de Hacienda que dirige la socialista María Jesús Montero.

PREGUNTA. La Comunidad Valenciana es, junto a Murcia y Cataluña, la autonomía que cerró el 2023 con mayor déficit en sus cuentas. Es curioso porque las dos primeras regiones aparecen muy por debajo de la media en el sistema de financiación, pero Cataluña no tiene ese problema, según los informes de expertos como Fedea. ¿El desajuste se explica solo por la infradotación de recursos?

RESPUESTA. La Comunidad Valenciana es una de las tres con mayor déficit. Pero también hay que ver la parte positiva, y es que son 500 millones menos que el año anterior, pues el déficit ha bajado del 3,1% al 2,45% en porcentaje del PIB. Eso tiene que ver con los cinco meses del nuevo gobierno. Hay que tener en cuenta que en la primera parte del año 2023, el Botànic gastó a lo loco y como si no hubiera un mañana. De hecho, la deuda se incrementó en 2.000 millones en la primera parte del año.

Haber reducido el déficit dada la situación de falta de recursos de la Comunidad Valenciana nos parece un buen síntoma de cómo se empiezan a notar las medidas de contención del gasto, sobre todo del gasto superfluo, y la eficiencia en la gestión. Por otro lado, en relación a Cataluña, hay territorios que están infrafinanciados objetivamente, dicho por técnicos independientes, pero no es el caso de Cataluña. No voy a entrar a valorar la forma que tienen de gestionar sus recursos, pero no es comparable la situación.

"Tendría que desaparecer el lastre de 43.000 millones de deuda para salir a los mercados"

P. El Govern de Cataluña, de boca de su actual presidente, Pere Aragonés, ha propuesto un modelo de cupo fiscal singular. El dirigente republicano presume de que su modelo sí tendría en cuenta el factor de la solidaridad, que contrapone con los conciertos vasco y navarro, que los expertos señalan que no están contribuyendo a la financiación de servicios del resto de España. ¿Está de acuerdo con lo que dice Pere Aragonès?

R. Empezó proponiendo esa especie de cupo catalán y dijo que iban a aportar a la solidaridad interterritorial, pero a continuación dijo que sería durante un tiempo y poniendo condiciones a esa solidaridad. Tiene toda la pinta de que quiere convertirse en un cupo vasco. Hace semanas que empezó a asomar la patita con el tema de la cesión de los tributos y ya dije que querían un cupo vasco a la catalana. Ahora ya lo han puesto de manifiesto negro sobre blanco. Tampoco nos sorprenden las propuestas que se puedan hacer desde el independentismo catalán. Acabamos acostumbrándonos a peticiones que parecen absurdas o irrealizables.

No debería sorprendernos porque al final el nacionalismo y el independentismo son insaciables. Lo preocupante es que quien está al otro lado, el Gobierno de Pedro Sánchez, es capaz de ceder en muchas cosas. Hay cosas que en su día dijo que no haría y que ha hecho, como los pactos con partidos que estuvieron vinculados con el terrorismo, los indultos o la amnistía, que dijeron que no y ahora es que sí. La ministra (de Hacienda) dijo este fin de semana que no se plantea dar esa bilateralidad a Cataluña, pero con los antecedentes que tenemos cualquiera se fía. Ya no son las propuestas que salgan del independentismo, sino lo que está dispuesto a hacer el Gobierno de España.

P. Si se abriese el melón del café para todos con conciertos singulares, ¿la Generalitat Valenciana estaría de acuerdo?

R. Ni me lo he planteado porque eso es romper con el Estado autonómico que tenemos desde hace tantos años y romper con la solidaridad entre regiones. Veo descabellado hablar de eso ahora. Hay unos conciertos como el cupo vasco y navarro instituidos con unas razones que están recogidas en la Constitución y sus estatutos. Eso no quiere decir que el cupo esté bien calculado, que es donde tenemos el problema.

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P. En cualquier caso, el debate de la corresponsabilidad fiscal de las autonomías sí está encima de la mesa, como elevar el porcentaje de recaudación de IVA e IRPF que queda en manos de las autonomías, que ahora está en el 50%. ¿Cree que esa es la vía, o además el Estado debería poner más recursos en general para el sistema autonómico?

R. Creo que no son excluyentes. Se puede plantear incrementar el porcentaje del IVA, por ejemplo. Sería una de las opciones a valorar. Pero estoy completamente de acuerdo de que hacen falta más recursos en el sistema. Hace tiempo que se quedo obsoleto. Nada más nacer el sistema actual ya se quedó obsoleto, y mucho más con la crisis que vivimos aquellos años, a partir de 2008. Hacen falta muchos más recursos para todas las comunidades. Como dicen los expertos, es la parte de infrafinanciación colectiva. Tenemos unas competencias asumidas que necesitan de mayor dotación de recursos para atender de forma eficiente los servicios fundamentales.

"Hacen falta muchos más recursos en el sistema para todas las comunidades autónomas"

P. El déficit de la Comunidad Valenciana del que hablábamos al principio tendrá que cubrirse vía FLA, lo que elevará la deuda autonómica al menos en otros 2.500 millones extra este año. ¿Con la prórroga de los PGE, hay alguna vía para habilitar la condonación de deuda que planteaba el Gobierno?

R. Lamentablemente, no hemos hablado con el Ministerio de Hacienda. Lo que sabemos es lo que leemos en los medios de comunicación. Se ha cometido la irresponsabilidad de incumplir con el mandato constitucional de hacer los Presupuestos Generales del Estado (PGE), algo que parecía imprescindible y de repente parece que no tiene la mayor importancia para el Gobierno por puro partidismo y tacticismo. Eso tiene unas consecuencias directas en esta comunidad. Una de ellas es la actualización de los anticipos del sistema. Ya estamos dejando de recibir mucho dinero en los últimos meses porque no se han actualizado los anticipos a cuenta del sistema. Lo estamos sufriendo.

P. ¿Pero no se van a actualizar?

R. He escrito dos veces por esto a la ministra una carta y no he tenido respuesta. Me planteo escribirle la tercera. Por lo que hemos, oído dicen que lo van a arreglar por unas enmiendas al decreto ley de ayudas y que quizás sea para mitad de año. Eso hemos leído. Pero llegan tarde. Ese dinero nos corresponde a todos los valencianos desde el 1 de enero. Son 1.793 millones de menos que están tardando en darnos porque han decidido no hacer PGE.

Tampoco tenemos la opción de introducir el fondo transitorio para igualarnos a la media de financiación. Era una línea que se tenía que incorporar a los Presupuestos. Eso son otros 1.800 adicionales que se van a dejar de percibir si nos hubieran hecho caso y se hubieran incorporado a los Presupuestos. Es una reclamación justa. Está dicho por expertos independientes. Y luego están las inversiones, que si ya eran malas para la Comunidad Valenciana, en el 2023 también se han congelado. En la condonación de la deuda, por lo que ha dicho la ministra, se quiere hacer con una ley aparte, no sabemos en qué condiciones ni cuándo. Lo único que hay escrito es el pacto con los independentistas, que hablaba de la condonación de la deuda para Cataluña. Del resto, todo son manifestaciones hechas al aire pero nada serio.

P. ¿Cuál es el nivel de comunicación con el Ministerio de Hacienda en los escalones inferiores? ¿Hablan los directores generales o la Secretaría de Estado; se ponen al teléfono?

R. Hay una comunicación constante con el ministerio en los trámites normales. Pero creo que el tema de la condonación, la financiación o el fondo de nivelación son asuntos tan trascendentes que es algo que se tiene que hablar al nivel de la Conferencia de Presidentes y, a continuación, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Pedimos a la ministra que asuma su responsabilidad y que no eche la culpa al Partido Popular de que no se ponen de acuerdo las comunidades. Esto no es una cuestión política, sino de territorios y personas.

P. ¿Cuál es la gravedad de la situación financiera de la Generalitat? ¿Hay riesgo de recortes o impagos? Algunos proveedores y perceptores de subvenciones o ayudas sí hablan de que se están produciendo retrasos.

R. No hay un problema de tesorería. Pero al faltarnos 1.800 millones de media como consecuencia de la infrafinanciación, queda poco margen para hacer políticas de innovación, de infraestructuras, de industria, turismo, cultura o agricultura. En el presupuesto de la Generalitat, que son casi 30.000 millones, si quitamos los 8.000 millones que van a pagar deuda e intereses, del resto, un 83% se destina a sanidad, educación y servicios sociales. El margen de maniobra que queda para hacer políticas que no sean servicios fundamentales es muy pequeño.

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P. Pero el PP ha bloqueado en el Senado el techo de gasto previsto para este año. La oposición dice que tendrá un impacto de 400 millones para la Generalitat. ¿Han previsto la contingencia de que los presupuestos autonómicos puedan tener ese déficit de ingresos?

R. Con esta decisión, con la que parece que los PGE no importan, lo del techo de gasto se ha quedado como en el limbo. Lo que el PP pretendía era negociar un 0,3% de déficit para las Comunidades Autónomas y el Gobierno no quiso moverse del 0,1%.

P. Moody’s ha mejorado de estable a positiva la deuda pública de la Comunidad Valenciana, pero sigue en el rango de grado especulativo o bono basura. ¿Ve posible en algún momento que la Generalitat pueda financiarse en los mercados sin una reforma de financiación? Y, en correlación con esto, ¿le interesa hacerlo si comparamos los intereses que paga al FLA con los que exigirían los inversores privados?

R. Yo creo que sí que interesa que una comunidad sea capaz de dar confianza a los mercados. Es un objetivo en el que estamos.

P. ¿Pero no saldría más caro?

R. No me lo había planteado. Sí, saldría más caro probablemente, pero la fiabilidad que le da a una región ser confiable en los mercados es bueno para todo el resto de cosas. No se puede estar pensando solamente en el tipo que pagas. Lógicamente, es algo a lo que deberíamos llegar, pero lo tenemos muy complicado. De los 57.000 millones de euros de deuda, 43.000 millones proceden de la infrafinanciación. Tendría que desaparecer ese lastre y en ese momento saldríamos a los mercados. No se trata solo de que se reforme el sistema. Tiene que ser algo contundente. Sería de justicia. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo de buena gestión para ser una comunidad más confiable y atractiva para invertir.

"Estamos haciendo nuestro trabajo de buena gestión para ser una comunidad más confiable y atractiva para invertir"

P. ¿Encaja la exigencia de más recursos al Gobierno con medidas como la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones, que se recauda desde la caja regional?

R. El sistema de financiación autonómica a día de hoy está basado en una recaudación normativa, al margen de que las comunidades luego decidan bajar o subir impuestos. Lo que llega por los fondos está regulado de tal forma que no importa si la comunidad autónoma en su libre autonomía decide subir o bajar. Por ese lado, sí es compatible. Por otro lado, bajar impuestos no tiene un efecto inmediato en ingresos, pero funciona a medio plazo si va acompañado de otras medidas como la simplificación administrativa o facilitar las bondades de la Comunidad Valenciana para atraer inversión y generar empleo. La percepción de la Comunidad Valenciana fuera de nuestras fronteras ya ha cambiado. Estamos teniendo muy buena respuesta. Y todo eso está relacionado también con que sea una autonomía fiscalmente atractiva.

P. En ese reproche de la gestión del Consell anterior del que hablaba anteriormente, el presidente de la Generalitat Calvos Mazón anunció una auditoría forense. ¿Tiene sentido hacerlo cuando las cuentas ya están auditadas por la Sindicatura y la Intervención? Estos órganos de fiscalización tampoco han hallado por ahora casos de responsabilidad contable para ser elevados al Tribunal de Cuentas.

R. Creo que ese dinero está muy bien invertido. Ya se ha hecho el encargo y están iniciándose los procedimientos de licitación, tanto de la auditoría forensic como de la operativa. La primera se basa en la alarma que nos generan las conclusiones del Síndic de Cuentas y la auditoría de la Intervención.

P. Pero ese informe del que habla es un resumen de los informes de Intervención que ya se han hecho para cada empresa. De ahí se extrae el resumen.

R. La Intervención analiza un muestro del sector público y saca conclusiones. Queremos ver en concreto esas irregularidades detectadas, tanto en contratación como en personal. No se han analizado en profundidad todas y cada una de las operaciones. Eso es lo que vamos a estudiar con el 'forensic'. Luego hay otra auditoría, que es la operativa, y en esa vamos a incidir más en de qué modo se puede gestionar mejor y de forma más eficiente. Junto con las conclusiones de esas dos auditorías se tomarán las decisiones pertinentes, tanto de responsabilidades, si las hubiera, como de modificación de estructuras o supresiones de entes.

Opinión

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P. Usted es portavoz del Consell, además de conselleria de Hacienda. La ministra de Ciencia y nueva líder del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha anunciado que el Gobierno estudia posibles recursos ante el Constitucional por conflicto competencial con las leyes estatales de la Ley de Concordia y la de Libertad Educativa presentadas por PP y Vox en las Cortes. ¿Cree que existe ese choque?

R. Creo que no. La reacción que han tenido tanto la ministra Morant como los grupos de la oposición diciendo que van a recurrir al Constitucional no sé cómo definirla. Hay un trámite parlamentario en el que pueden valorar, decidir, mejorar, enmendar… ¿Se están yendo ya al final? ¿No piensan hacer su trabajo como grupo parlamentario para aportar y mejorar esas leyes? El presidente Carlos Mazón ha tendido la mano para mejorar esas leyes, y a la ministra Morant para trabajar juntos por el bien de los valencianos. Y, sin embargo, nos encontramos con una ministra que está diciendo que van a “tumbar" este Consell, con este lenguaje tan bélico.

P. Pero con esa argumentación suya, ¿no hubiera sido mejor no hacer una tramitación por la vía de urgencia y pasar previamente por el Consell con proyectos de ley que tengan la supervisión y participación del Consell Jurídic Consultiu y el Consejo Económico y Social?

R. Es otra opción. Los grupos han valorado hacerlo así y yo como portavoz del Consell tengo que respetar esa parte de separación de poderes.

P. Se propone rebajar las mayorías necesarias para la elección de los órganos de gobierno de la televisión autonómica y de la Agencia Valencia Antifraude. La oposición dice que esto se ha hecho para limitar la capacidad de control a la gestión pública. ¿Qué le parece que se puedan elegir sin consenso de los grupos parlamentarios los órganos de dirección de estos entes?

R. Es otra fórmula. Se ha hecho una propuesta y los grupos parlamentarios tienen ahora sus plazos y conversaciones para hacer ver esa postura, que también la entiendo. Yo soy una firme defensora de consenso y del diálogo y de escuchar a todas las partes. Para eso están estos trámites.

P. Pero me interesa su opinión personal sobre el hecho de que, por ejemplo, en el caso de la Agencia Antifraude, que es un órgano que depende de las Cortes y fiscaliza a los propios gobernantes, los grupos que componen la mayoría que sostiene a ese mismo gobierno puedan elegir sin consenso de otros grupos al director de la Agencia. ¿No cree que eso puede restar independencia a ese órgano?

R. Es cuestión de que el órgano funcione bien. Ahora a lo mejor tenían independencia otros órganos, no este en concreto, y se puede criticar y mejorar su funcionamiento. Es una forma de verlo.