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Mazón doblará la apuesta por la quita de deuda a Cataluña con el rechazo de su socio Vox
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NEGOCIACIÓN TERRITORIAL

Mazón doblará la apuesta por la quita de deuda a Cataluña con el rechazo de su socio Vox

Empresarios y sociedad civil valenciana presionan a la Generalitat para exigir al Gobierno una condonación acorde a la infrafinanciación, que cifran por encima de los 27.500 millones

Foto: Salvador Navarro (CEV/CEOE), Vicente Boluda (AVE) y Carlos Mazón. (GVA)
Salvador Navarro (CEV/CEOE), Vicente Boluda (AVE) y Carlos Mazón. (GVA)

¿Hay caldo? Pues dos tazas. Empresarios, universidades y agentes sociales están presionando a la Generalitat valenciana, ahora presidida por el popular Carlos Mazón, para que juegue desde un planteamiento de máximos la partida territorial de la negociación de la financiación autonómica y la condonación de la deuda acumulada con el Estado que el Gobierno ha abierto con sus pactos de investidura con Esquerra y Junts. El PSOE se ha comprometido con las formaciones independentistas a aplicar una quita del 20% del montante acumulado por la Administración catalana con el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), un importe que rondará los 15.000 millones de euros, según el documento suscrito entre los socialistas y ERC.

El propio texto, y así lo confirmó el ahora ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, contempla la condonación en el marco de un mecanismo al que podrán acogerse el resto de autonomías de régimen común, y que plantea incluso compensaciones equivalentes a aquellos territorios que no tengan pasivo comprometido con el FLA. Aunque desde la dirección nacional del PP y la de Vox han mostrado su rechazo a la medida, las reacciones de los barones populares han sido dispares, en función de sus propias circunstancias.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha mostrado un rechazo rotundo. Pero la posición es mucho más comprometida en las comunidades que vienen acumulando déficits crónicos en materia de financiación, como son la Comunidad Valenciana, Murcia o Andalucía, que han terminado por abultar sus niveles de deuda para poder mantener niveles de gasto similares al resto en sus competencias en sanidad, educación o servicios sociales.

El IVIE eleva a 27.500 M la posible quita para que la Generalitat pueda volver a los mercados

El caso valenciano es singular. De la deuda total de más de 55.000 millones de euros de la Generalitat, el 83% es con el FLA, una cifra que supera los 46.000 millones de euros. Expertos valencianos en financiación autonómica sostienen que, de ese pasivo, más de 27.500 millones son consecuencia de la combinación de la caída de ingresos por la crisis de 2008 (criterio marcado en el acuerdo PSOE-ERC) con la infrafinanciación acumulada desde el modelo aprobado por José María Aznar en 2002 y por José Luis Rodríguez Zapatero en 2009.

Foto: La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (Europa Press)

Esas son las cifras de consenso del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), el think tank que proporciona los estudios a la Plataforma pel Finançament, entidad unitaria que reúne a todos los partidos con representación en las Cortes valencianas (a excepción de Vox, que se ha autoexcluido), la patronal CEV, presidida por el vicepresidente de la CEOE, Salvador Navarro, y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. El director del IVIE, Francisco Pérez, uno de los expertos de la comisión sobre financiación del Parlamento autonómico, ha defendido que la condonación por ese volumen de 27.500 millones permitiría a la Comunidad Valenciana volver a financiarse en los mercados y la medida no tendría impacto en términos de contabilidad nacional del Reino de España, al tratarse de un traspaso entre administraciones públicas del mismo Estado.

S&P apunta a la quita y la nueva financiación como factores para sanear el balance

Fuentes del área económica de Consell de Mazón evitan poner cifra a la reclamación al Gobierno. No quieren generar expectativas hasta conocer la "fórmula" que regirá el mecanismo habilitado para las CCAA por el Ministerio de Hacienda. La vicepresidenta María Jesús Montero ya ha advertido de que el 20% de deuda con el FLA que aplicará a Cataluña podría no ser el mismo para el resto de territorios, pero no ha concretado el método de cálculo, si se hará en términos absolutos de crecimiento de deuda entre 2008 y 2012 o en relación con el PIB o per cápita.

Sin embargo, es evidente que la posición valenciana estará mucho más cerca de los 27.500 millones que propone el IVIE que de los 9.700 millones que a vuela pluma se perdonarían con base en un criterio similar a lo pactado por PSOE y ERC. Las mismas fuentes advierten a preguntas de El Confidencial que un mecanismo basado "en el ciclo económico" para la condonación no es el que se viene reclamando desde hace años desde Valencia, centrado en la infrafinanciación del sistema recogido en la Lofca, pero que si hay quita "la Comunidad Valenciana tiene que ser la primera" en beneficiarse, en tanto que región que menos recursos recibe. No en balde, el Ejecutivo autonómico quiere que la negociación de la deuda se produzca en el marco de la reforma de la financiación autonómica, dentro del multilateral Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), y no en un diálogo bilateral Moncloa-Cataluña.

Este miércoles, el barón popular valenciano anunciaba que en los próximos días convocará a todos los grupos políticos a una “ronda de diálogo” con el fin de aunar esfuerzos en los "asuntos clave para la Comunitat Valenciana" como la financiación autonómica, las inversiones del Estado, el agua, la renovación de los órganos estatutarios y el derecho civil valenciano. La quita de la deuda entra dentro del paquete de la financiación.

Foto: Carlos Mazón con María José Catalá en el Palau de la Generalitat. (GVA)

La agencia de calificación Standard & Poor's (S&P) ha elevado de estable a positiva la perspectiva del riesgo de inversión (BB/B) en deuda de la Generalitat valenciana, aunque todavía al borde del bono basura, lo que hace casi imposible que se plantee buscar financiación en los mercados privados en condiciones mejores que las del FLA. La agencia basa su mejora en lo que considera un planteamiento más "realista" del presupuesto autonómico para el año que viene, pero también en los posibles efectos positivos de la traslación a su balance de la condonación de deuda que anticipa el acuerdo entre PSOE y ERC y la posible reforma de la financiación.

El PP valenciano está presente en la Plataforma pel Finançament y da por buenas las reivindicaciones de esta entidad unitaria. El martes, los propios populares salvaron con los votos del PSPV-PSOE y Compromís una moción en la Comisión de Hacienda de las Cortes que abogaba por articular mecanismos de compensación de la deuda. La propuesta no contó con el respaldo de Vox, pese a formar parte de la coalición de gobierno de Mazón. Los voxistas valencianos tienen previsto sostener una posición de rechazo a la condonación del pasivo a las autonomías, acatando así la orden vertical de la formación que encabeza Santiago Abascal en todos los territorios.

La posición de Génova y del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, está siendo más flexible: de cara al debate nacional en la Villa y Corte, cuestiona lo que considera un trato de favor a Cataluña y a los independentistas. Pero tampoco censura o corta en seco los planteamientos de sus barones partidarios de extender la compensación a todo el que la pida.

¿Hay caldo? Pues dos tazas. Empresarios, universidades y agentes sociales están presionando a la Generalitat valenciana, ahora presidida por el popular Carlos Mazón, para que juegue desde un planteamiento de máximos la partida territorial de la negociación de la financiación autonómica y la condonación de la deuda acumulada con el Estado que el Gobierno ha abierto con sus pactos de investidura con Esquerra y Junts. El PSOE se ha comprometido con las formaciones independentistas a aplicar una quita del 20% del montante acumulado por la Administración catalana con el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), un importe que rondará los 15.000 millones de euros, según el documento suscrito entre los socialistas y ERC.

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