La Justicia recibe de uñas a Bolaños en pleno trauma por la amnistía: "Van a por nosotros"

Si hay una palabra para definir la reacción del mundo judicial ante la designación de Félix Bolaños como ministro de Justicia y Presidencia, es desconfianza. La elección de un perfil extremadamente político, uno de los cerebros de la ley de amnistía, para ocupar un departamento que parece más una bomba de relojería, con una judicatura consternada y dolida por las condiciones de la investidura de Pedro Sánchez, pone a la defensiva a la carrera, que espera más bien poco de él. Los más críticos consideran que su simple nombramiento es una muestra más del "nulo" respeto del Gobierno a la separación de poderes. "Viene de perro de presa de la amnistía", asegura, por ejemplo, un vocal del CGPJ.

"¿Cómo ves la elección de Bolaños para Justicia?". "Mal". La respuesta, ese "mal", se repite más de una decena de veces cuando se pregunta a distintos jueces y fiscales. Lo de juntar Presidencia y Justicia hace temer a la mayoría que el mensaje oculto para esta nueva legislatura es un "vamos a por vosotros". Confirma los temores ya levantados por la redacción de la norma que regulará la amnistía, plagada de prevenciones y cortapisas ante la hipotética aplicación futura del perdón por parte de la magistratura. "Esto es lo opuesto a lanzar un mensaje de independencia del poder judicial", resume uno de ellos.

Para muchos de los preguntados, detrás de la elección de Bolaños se esconde el proyecto (ni siquiera disimulado, dicen) de emprender ahora "la toma" del poder judicial. La búsqueda de un control que, hasta el momento, se le ha ido escapando al Ejecutivo, pero que está a tiro con la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que tiene pendiente más de medio centenar de nombramientos, muchos de ellos en el Tribunal Supremo. Desde hace tiempo, circula el temor de que esta renovación se emprenda por la vía del puñetazo en la mesa, soslayando al PP y sus condiciones y garantizando un sistema que permita una abrumadora mayoría de miembros progresistas y cercanos a los partidos fundamentales para la supervivencia de la legislatura.

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"Doy por sentado que su trabajo en Justicia consistirá en hacer que la ley de amnistía salga adelante intentando evitar cualquier tipo de reacción y en sumar al CGPJ al régimen con una reforma salvaje que lo violente todo, pero, eso sí, contando con el aval anticipado del TC", indica una de las fuentes consultadas. La reforma que menciona consistiría en una reducción de las mayorías parlamentarias para nombrar a los vocales y en la concentración de gran parte de los nombramientos en el Congreso, donde Pedro Sánchez puede contar con la holgura de los mismos votos que facilitaron su investidura.

No todo son críticas. Hay quien considera que el evidente peso de Bolaños, todo un misil del PSOE, ayudará a que la cartera, siempre olvidada y ninguneada, adquiera relevancia. En Jueces y Juezas para la Democracia hacen, por ejemplo, esa lectura y consideran que la elección evidencia que Justicia va a ser una prioridad. Su cercanía al presidente se lee aquí en positivo, como una garantía de que las reivindicaciones de la carrera serán escuchadas.

Planea el 'lawfare'

Los que no comparten esa esperanza tienen otro temor más allá de la amnistía y el control absoluto del Consejo, sin equilibrios. Recuerdan el párrafo incluido en el acuerdo político firmado con Junts para sustentar la legislatura y la mención a las comisiones de investigación parlamentarias sobre casos que bautizaron como de lawfare. "Viene a hacer el papel de fontanero, pero disfrazado de arquitecto", dice uno a este respecto, citando la gestión futura de esa supuesta reacción para luchar contra lo que los independentistas califican de guerra sucia judicial.

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Ese es uno de los puntos que más indignación provocan. Los jueces esperan "más cesiones" y son muy conscientes de que el lawfare puede convertirse en un arma para amenazarles o acallarles. El término en sí mismo implica acusar de la comisión de un delito de prevaricación a quienes el Congreso concluya que lo ejercieron y dar alas, incluso, a denuncias contra aquellos magistrados marcados con una equis por el partido de Carles Puigdemont y ERC. En combinación con un Supremo reforzado con decenas de nombramientos realizados por un CGPJ sin contrapeso conservador, el avance de esos hipotéticos procedimientos se convierte en algo más que una quimera, dicen.

La conclusión es que, en Justicia, "se busca más una actuación política que de gestión y mejora", dice otra fuente. "Es evidente que los jueces les preocupan y piensan que Bolaños podrá controlarnos. Se equivocan…", concluye otro magistrado.