La renuncia a los presupuestos complica el alza de las prestaciones a los parados

La renuncia del Gobierno de Pedro Sánchez a presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año puede perjudicar gravemente a 1,8 millones de parados. El hecho de no contar con unas cuentas públicas en 2024 complica la actualización del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que se usa como referencia para calcular las cuantías máximas y mínimas de la prestación contributiva por desempleo, así como todas las de la prestación no contributiva, más conocida como el subsidio asistencial.

Según el real decreto-ley por el que se creó el IPREM, aprobado al inicio del mandato de socialista José Luis Rodríguez Zapatero (2004), su valor se determina anualmente en los presupuestos. Sin embargo, nada impide revalorizar el indicador, aunque no se puedan sacar adelante las cuentas públicas. De hecho, se puede hacer en cualquier momento, a través —precisamente— de un real decreto-ley. El propio Ejecutivo del PSOE recogió en los PGE de 2008 un alza del 2% y, solo unas semanas después de su entrada en vigor, aprobó una subida adicional de 1,5 puntos.

Es la única vez que ha ocurrido en estas dos décadas, pero sirve como ejemplo de que, si existe voluntad política, es posible actualizar el IPREM aun sin presupuestos. Los sindicatos son muy conscientes de ello, y este viernes Comisiones Obreras emitió un comunicado en el que pedía al Gobierno que adoptase "las medidas necesarias" para evitar la congelación a la que, por defecto, aboga la prórroga de las cuentas del año pasado.

Sin embargo, el Ejecutivo escurre el bulto. Hacienda, en quien normalmente se centran las miradas como máximo responsable de los PGE, se escuda en la ausencia de unas cuentas públicas para esquivar la pelota. No hay que olvidar que la subida del IPREM supondría un esfuerzo para las arcas del Estado en forma de un incremento de las prestaciones sociales, muy especialmente las de desempleo. El departamento dirigido por María Jesús Montero es el primer interesado en no abrir ese melón, en un momento en que cada euro cuenta para cumplir el objetivo de déficit del 3%, que instituciones como el Banco de España han puesto en duda.

En ocasiones anteriores, otros ministerios a cargo de políticas públicas condicionadas por el IPREM, como Derechos Sociales o Trabajo, ya habían negociado con Montero la subida del indicador. Ocurrió en los presupuestos de 2022, por ejemplo, ya con el actual Gobierno de coalición entre el PSOE y el espacio político a su izquierda: los departamentos dirigidos entonces por Ione Belarra y Yolanda Díaz, respectivamente, consiguieron que el Ejecutivo aplicase una revalorización del 2,5%.

Ahora, en cambio, la situación se antoja más complicada. Fuentes del Ministerio de Trabajo aseguran que, de momento, "no parece que sea posible" la actualización, a causa de la financiación necesaria para hacer realidad el incremento de las prestaciones que dependen del indicador. En otras palabras: la ligan, de alguna manera, a los PGE, lo que equivale a responsabilizar al PSOE. Después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, renunciase a presentar unas cuentas públicas para 2024 por falta de apoyos, Díaz —a la sazón líder de Sumar, la pata minoritaria del Ejecutivo— se ha pronunciado en contra de la decisión: "Sumar y PSOE estábamos reunidos negociando cuando Moncloa decidió no continuar con los presupuestos".

En cambio, en Derecho Sociales no tiran la toalla. Fuentes de la cartera dirigida Pablo Bustinduy —que también forma parte de la cuota de Sumar— aseguran que estudiarán las fórmulas para sacar adelante las materias que les competen, entre ellas la propia revalorización del IPREM, pero también la mejora de los permisos de paternidad y cuidados, recogida en el proyecto de ley de familias, que continúa estos días su tramitación parlamentaria en fase de enmiendas. "La decisión de renunciar a los PGE de 2024 ha sido tomada por el PSOE, por lo que para este ministerio es una situación sobrevenida", argumentan.

El freno a la negociación de los presupuestos supone la excusa perfecta para que el Ejecutivo deje morir la actualización del indicador

El freno a la negociación de los presupuestos supone la excusa perfecta para que el Ejecutivo deje morir la actualización del indicador, con el ahorro fiscal que eso supone. Si finalmente Sumar da el paso y se decide a ponerla encima de la mesa, obligará a tratar la cuestión por separado —no como parte del paquete presupuestario— en el seno del Gobierno de coalición, primero, y después con los socios parlamentarios, que deberían convalidar el real decreto-ley. A la vista de los últimos precedentes, esto dificulta todavía más las cosas, y supone un nuevo desincentivo para abrir el melón.

El impacto sobre la reforma del subsidio

A principios de enero, el Gobierno vivió su primera gran derrota parlamentaria tras el no de Podemos a la reforma del subsidio asistencial de desempleo, que ahora se está negociando en el seno del diálogo social para pactar con la patronal y los sindicatos un nuevo real decreto. Precisamente, la subida del IPREM, que se usa como referencia en el cálculo de esta ayuda para los parados que no tienen derecho a una prestación contributiva o la han agotado, era uno de los aspectos que planeaban sobre la mesa. Fuentes sindicales presentes en la negociación reconocen que la renuncia a presentar las cuentas dificulta las conversaciones: "El que no haya PGE 2024 es una complicación, sin duda". La reforma constituye una condición para recibir el cuarto pago de los fondos europeos, de 10.000 millones de euros, y su retraso ha obligado a España a solicitar una prórroga de dos meses a Bruselas para la evaluación de los hitos y objetivos de este tramo del plan de recuperación.

De momento, las centrales han emplazado al Gobierno a mover ficha, pero no han recibido respuesta. Tanto UGT como Comisiones Obreras defienden una subida considerable del IPREM, para reducir la pérdida de poder adquisitivo de los perceptores de las prestaciones ligadas a él, que CCOO calcula en un 14% desde 2004. Se trataría de una medida puntual, porque el horizonte es mucho más ambicioso: como se explica con detalle en este artículo, las centrales quieren sustituir el indicador actual por el de pobreza, que calcula todos los años el INE, para evitar situaciones de incertidumbre como la de estos días. No solo sería la manera de que reducir la brecha con el salario mínimo interprofesional (SMI) —que ha subido cuatro veces más que el IPREM desde que se desligaron hace dos décadas—, sino de impedir que el Gobierno decida discrecionalmente cada año si sube o no las prestaciones.

TE PUEDE INTERESAR

¿El fin del IPREM? El indicador para calcular las ayudas sube 4 veces menos que el SMI

Marcos Lema

En realidad, no tendría por qué ser así. El real decreto-ley por el que creó el IPREM indica que su revisión tendrá en cuenta, "al menos, la previsión u objetivo de inflación" utilizada en los PGE. Este fue, precisamente, el argumento que utilizó el Ejecutivo de Zapatero para el alza adicional de 2008, una vez la estimación del cuadro macroeconómico que acompañaba a las cuentas públicas quedó desfasada por el impacto de los primeros compases de la crisis económica. Y este fue, también, uno de los argumentos que se utilizaron para congelar el indicador durante la década pasada, cuando apenas se encarecieron los precios. También durante la primera etapa de Sánchez en la Moncloa (2018-2020), en este caso en solitario, lo que le impidió aprobar unas cuentas públicas.

Esta vez concurre el segundo factor, pero no el primero: a diferencia de lo que acontecía entonces, los principales organismos prevén una inflación media para este año en el entorno del 3%, que equivaldrá a la pérdida de poder adquisitivo que sufrirán los perceptores del subsidio si no se aprueba una subida del IPREM por real decreto-ley. A falta de presupuestos, el Gobierno tiene una herramienta para hacerlo. Ahora solo falta la voluntad política.